El pasado jueves, comenzó la audiencia pública para discutir la construcción del oleoducto Vaca Muerta Sur y del puerto petrolero en las costas del Golfo San Matías. Convocada por la secretaría de Ambiente de Río Negro, se desarrolló en la ciudad de Sierra Grande, Río Negro, y contó con un centenar de oradores.
El proyecto es impulsado por YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales), y sus Estudios de Impacto Ambiental (EIA) fueron debatidos por funcionaries, gremialistas, academiques y vecines. No obstante, como la audiencia es de carácter vinculante, su resultado no será definitorio para la decisión que deberá tomar el gobierno provincial.
Acerca de la iniciativa, desde YPF proyectan el tendido de un oleoducto que unirá la cuenca neuquina con el Puerto de Punta Colorada, en una localidad al sudeste de la provincia de Río Negro. Según la empresa, a partir de esta obra, en los próximos años la producción de petróleo de Vaca Muerta podría multiplicarse por tres, llegando a casi 1 millón de barriles por día.
Sin embargo, el proyecto no cuenta con la adhesión de toda la población y en Sierra Grande crece la incertidumbre en relación al impacto ambiental. Por esta razón, afuera de la audiencia se agruparon organizaciones ambientales, comunidades originarias y vecines para advertir sobre los derrames y la contaminación por hidrocarburos que podrían sufrir el Golfo San Matías y la Península Valdés. Asimismo, señalan que la iniciativa viola compromisos internacionales como el Acuerdo de Escazú (Ley 27.566).
Las irregularidades de la audiencia
Por su parte, asambleas y organizaciones de Río Negro, Chubut y Neuquén denunciaron irregularidades en la audiencia que convocó el gobierno provincial en conjunto con el municipio de Sierra Grande. Según informaron, el encuentro no contempló el derecho a la Consulta Previa, Libre e Informada reconocida en la Constitución Nacional.
Además, aseguraron que el EIA debatido tenía más de 4250 páginas, que algunas eran “completamente ilegibles” y que estaban en otro idioma, lo que impedía que pueda estudiarse en 30 días.
Por otra parte, a través de un comunicado, repudiaron también las agresiones que sufrieron al intentar participar de la audiencia. “Queremos expresar enérgicamente que esta audiencia carece de validez, que es nula y que vamos a iniciar las acciones administrativas y judiciales pertinentes. Violaron nuestros derechos, el más elemental: el derecho a la participación”, pronunciaron.
En la misma línea, señalaron la arbitrariedad con la que se desarrolló la jornada al mencionar que de todes les oradores inscriptes en representación de las asambleas y las organizaciones, sólo seis pudieron acreditarse. Esto significó que les especialistas en cambio climático, energía, ecología, biólogos/as marinas, oceanógrafos que elles convocaron quedaron excluides del encuentro.
En tanto, expusieron que se trató de un “acto sectorial” porque desde temprano, el gimnasio estuvo repleto de gente “que llevó el gobierno y la intendencia”.
Agresiones por parte del gobierno municipal
En otro tramo del comunicado, las Asambleas también denunciaron haber sido agredidas y amenazadas luego de decidir quedarse afuera del gimnasio donde se desarrollaba la audiencia pública. “Al vernos llegar movilizados, decidieron apelar a la violencia con grupos organizados por el intendente Enzo Tamburrini y dirigidos por su jefe de Gobierno, José María Clemant”, expresaron.
Al respecto, indicaron que “patotas de la intendencia y la UOCRA (Unión Obrera de la Construcción de la República Argentina)” les propiciaron golpes y empujones para obligarles a irse. De la misma manera actuaron las fuerzas policiales que, según agregan en el escrito, “operaron en plena connivencia con las patotas y permitieron que nos acorralen”.
En ese sentido, quienes se oponen al tendido del oleoducto Vaca Muerta Sur y la construcción del puerto, afirman que las autoridades lo imponen “con violencia y represión”.
“Si ellos están convencidos de su apoyo al proyecto, ¿por qué no nos dejan participar?, ¿a qué le tienen miedo?”, cuestionaron.
Para finalizar, señalaron que “tal vez lo que pretenden evitar es que aportemos análisis reales con los que peligre la legitimidad que están consiguiendo con mecanismos antidemocráticos, represivos, que incurren en la violación de derechos humanos, acuerdos y tratados internacionales”.