El nuevo proyecto de Ley Bases del Gobierno nacional avanza con una reforma laboral que supone cambios significativos en las normativas vigentes. Entre las medidas se encuentran: amnistía para empleadores que tienen trabajadores no registrades, la creación de un fondo de cese laboral en lugar de indemnizaciones, y la extensión del período de prueba hasta un año para microempresas.
Por si fuera poco, también propone la introducción de la figura del “trabajador independiente” dentro del concepto de emprendedor. De esta manera, el nuevo proyecto de La Libertad Avanza busca poner límites a las acciones colectivas y a las protestas promovidas por gremios, tanto del sector público como privado.
La propuesta de reforma laboral
La gestión del presidente Javier Milei busca así limitar la participación de les trabajadores en la actividad política y sindical mediante sanciones administrativas y penales en casos de medidas de fuerza. Aunque en algunas situaciones las sanciones pueden ser reducidas, el sentido general del proyecto de ley sigue siendo restrictivo.
En ese sentido, el gobierno también propone reducir la cuota sindical solidaria, la cual sólo tendría validez automática para trabajadores afiliades. En tanto, aquellos que no estén afiliados deberán dar su autorización previa y explícita para que se pueda realizar este descuento en sus salarios.
La CGT ratificó su plan de lucha
Tras conocerse el pasado lunes el nuevo borrador sobre la reforma laboral, la Confederación General del Trabajo (CGT) expresó su rechazo al proyecto. En consecuencia, ratificó la movilización que la central obrera llevará a cabo el 1 de mayo, así como el paro de 24 horas convocado para el 9 del mismo mes.
La nueva propuesta de la Ley Bases fue enviada a la Cámara de Diputados para que se reanude su debate en un plenario de comisiones. Desde Casa Rosada y sectores aliados al oficialismo, se espera que, junto con la reforma fiscal, se logren aprobar antes del 25 de mayo.
Por su parte, la Comisión de Legislación del Trabajo de Diputados citó a representantes de asociaciones, entidades gremiales y empresariales. El propósito de esta convocatoria es conocer la opinión de especialistas sobre los proyectos de ley de reforma laboral que se encuentran en estado parlamentario.
En la previa a este escenario, autoridades del Gobierno nacional se reunieron con miembros del Consejo Directivo de la CGT para consensuar lo referido a la “reforma laboral” en el único encuentro sostenido entre ambas partes. Durante esa reunión, se intercambiaron puntos de vista y la dirigencia sindical acordó mantener la paz social.
Sin embargo, el pasado lunes, el Ejecutivo envió el borrador del articulado laboral dentro del proyecto de la Ley de Bases sin consulta ni aviso a las partes. Ante esta decisión, la CGT ratificó las medidas de fuerza que tiene previstas para las próximas semanas y consideró que el diálogo con los funcionarios del gobierno estaba “roto”.
“El paro es inamovible y será contundente. El borrador de la modernización laboral es igual que el DNU que rechazamos y suspendió la Justicia”, afirmaron desde la conducción de la máxima central obrera.
La reacción de los gremios se debe a varios artículos que vulneran los derechos de les trabajadores: se restringe el derecho de huelga en actividades consideradas servicios esenciales y se penalizan las asambleas de trabajadores que puedan entenderse como medidas de fuerza encubiertas.
Además, la propuesta de reforma busca obstaculizar la actividad de los convenios colectivos, “principio que obliga a mantener su vigencia hasta no negociar uno nuevo”, y considera como “injuria laboral grave la participación en bloqueos o tomas de establecimiento”, entre otras cuestiones.
Por estas razones, el secretario general de la CGT, Pablo Moyano, calificó a la reforma como “regresiva y represiva” y enfatizó que “no podemos permitir que los trabajadores no cobren indemnizaciones, limitar el derecho a huelga, ampliar los periodos de prueba. Eso no es negociable”.
La neo flexibilización con más detalle
En referencia al empleo público, el Título IV de la renovada Ley de Bases expresa la voluntad del Poder Ejecutivo para achicar aún más la estructura estatal. En caso de aprobación, el personal estatal quedaría a merced de “cambios discrecionales de tareas, lugares de trabajo, jurisdicciones, despidos y descuentos por jornadas de paro”.
A su vez, en el apartado dedicado a la “promoción del empleo registrado”, del mismo título, se eliminan las multas establecidas para distintas leyes laborales: la de ganancias, de AFIP, de previsión social, riesgos del trabajo y la de seguridad social por no registrar trabajadores
En este caso y para combatir el empleo en negro, se condonan deudas de aportes y contribuciones. Se daría de baja del Registro de Empleadores con Sanciones Laborales (REPSAL) a aquellos empleadores que regularicen a todo el personal y abonen una multa, si correspondiere. Los porcentajes de condonación en ningún caso serán inferiores al 70% del monto de la deuda.
El proyecto establece un plazo de 90 días para realizar la regularización a partir de la promulgación de la ley. El personal regularizado bajo estas condiciones “podrá sumar hasta cinco años de aportes (o 60 meses) calculados con salario mínimo a los fines de poder jubilarse”.
Por otra parte, en el Título V de la iniciativa enviada al Congreso, lo referido a la “modernización laboral”, prevé la extensión del período de prueba a seis meses, ampliable hasta ocho meses en el caso de empresas de hasta 100 empleades. Para el caso de establecimientos con cinco empleades o menos, el período de prueba podrá extenderse hasta un año.
En el artículo 92, también se establece la creación de un fondo de cese laboral, al estilo UOCRA: “Mediante convenio colectivo de trabajo, las partes podrán sustituir la indemnización prevista en el artículo 245° de la Ley 20.744 por un fondo o sistema de cese laboral conforme los parámetros que disponga el Poder Ejecutivo nacional”, indica el proyecto.
A partir de dicha disposición, les empleadores tendrán la opción de contratar un sistema privado “a su costo, a fin de solventar la indemnización prevista en el presente artículo y/o la suma que libremente se pacte entre las partes para el supuesto de desvinculación por mutuo acuerdo conforme artículo 241 de la presente ley”.
Por otro lado, la normativa crea la figura de “trabajador independiente” o emprendedor, quien puede disponer de “trabajadores colaboradores”. El trabajador independiente principal podrá contar con “hasta otros cinco (5) trabajadores independientes” para llevar a cabo un proyecto productivo.
Por último, el nuevo proyecto de reforma laboral indica que tendrán la posibilidad de “acogerse a un régimen especial unificado que al efecto reglamentará el Poder Ejecutivo nacional”, del cual no dependerán.