El Gobierno libertario presentó un recurso ante la Corte Suprema de Justicia para pedir que se avale el capítulo de reforma laboral establecido en el Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023. El propósito de dicho pedido es para poder cambiar el fallo en contra de la reforma, la cual fue declarada inconstitucional.
El recurso fue presentado por la Procuración del Tesoro de la Nación (PTN), a cargo de Rodolfo Barra. Desde la entidad plantearon que no hay argumento para establecer que la vigencia del DNU pueda “restringir o menoscabar los derechos en materia de libertad sindical que ostenta la actora».
Asimismo, afirmaron: «Tampoco se explica de qué manera la vigencia del DNU afecta los derechos de los trabajadores que la actora dice representar».
Cabe recordar que el DNU plantea la derogación de diversos artículos que implican que se eliminarían las multas por empleo no registrado, falta de pago de las indemnizaciones por despido, dejar sin efecto la indemnización para el caso de incumplimiento del registro para personal de casas particulares.
A su vez, se planteó la ampliación del período de prueba de 3 meses a 8 meses. Además, del despido sin causa y sin indemnización entre otras medidas.
Cautelares en contra del DNU
Desde la aparición del Decreto de Necesidad y Urgencia en la escena política en diciembre del año pasado distintos sectores impulsaron un freno contra el documento desregulador.
Es así que se dio la suspensión del artículo que va en contra de la Ley de Tierras. Esto se dio en un marco en el que el Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas La Plata (CECIM) denunció al DNU como inconstitucional.
De esa forma, el juez federal Ernesto Kreplak emitió la medida cautelar en la que se suspendió el artículo 154 del DNU que deroga la Ley de Tierras que restringe la venta de campos a capitales extranjeros.
Por otra parte, el capítulo laboral del DNU tuvo diversos pedidos de suspensión. Entre ellos está la CGT, CTA, Centro de Capitanes de Ultramar y oficiales de la Marina Mercante, y la Asociación del Personal Aeronáutico, entre otros. A raíz de ello, se dio a lugar el pedido y se suspendió de manera preventiva la aplicación del DNU en esa materia.
Asimismo, se encuentra el proceso para que el protocolo antipiquetes quede sin efecto. Esto fue impulsado por la legisladora Celeste Fierro del Movimiento Socialista de los Trabajadores.
De forma reciente, el Juez Sebastián Cassanello rechazó el pedido de Patricia Bullrich para que la causa de inconstitucionalidad del protocolo sea tratada por el fuero penal ordinario. Por lo tanto, este miércoles 21 se llevará a cabo una nueva audiencia en los tribunales de Comodoro Py.