Luego de que se presentaran algunos obstáculos y reclamos, avanza a paso firme el proceso de licitación para el despliegue, desarrollo y prestación del servicio de 5G, quinta generación de tecnologías de conectividad.
Las tres empresas interesadas en prestar el servicio ya presentaron garantías de ofertas, por lo que fueron precalificadas como oferentes. Tal como informó el ENACOM (Ente Nacional de Comunicaciones), la subasta de las bandas de frecuencia se realizará el próximo 24 de octubre en el Centro Cultural Kirchner.
Por otro lado, el organismo público resalta que la licitación significaría un monto de recaudación de 1050 millones de dólares para el Estado Nacional, recursos que son altamente necesarios en el contexto de inestabilidad del mercado cambiario. Es por ello que el Gobierno del Frente de Todos buscaba cerrar este proceso lo antes posible.
Desde el ENACOM distinguen esta nueva era de la conectividad como una política de Estado de mediano y largo plazo, que requiere la “colaboración virtuosa” entre el sector privado, con “inversiones para la renovación de la infraestructura de redes”; y el sector público, “para permitir su comercialización con una competencia justa y precios accesibles para las y los usuarios”.
Los reclamos de las empresas prestadoras
El Gobierno abrió la licitación a finales de agosto, estableciendo los procedimientos y el valor base de los megaciclos (MHz, la unidad de medida de la frecuencia en las redes), en sintonía con experiencias internacionales de licitaciones que resultaron exitosas.
El proceso del primer llamado consiste en la subasta de 300 MHz, tres lotes de 100 MHz cada uno, pensado para las tres empresas que concentran el servicio de telefonía móvil en el país. Además, contempla la asignación gratuita de un bloque de 100 MHz a ARSAT, la empresa nacional que busca garantizar el acceso equitativo a las telecomunicaciones.
Estas condiciones fueron duramente criticadas en un comunicado conjunto de las tres empresas competidoras. Desde su perspectiva, el precio base estipulado era excesivamente alto y calificaron la designación a ARSAT como “anticompetitiva e irregular”.
A pesar de los reclamos, las compañías se presentaron como oferentes por cuestiones estratégicas, aunque ratificando su posición de repudio al Decreto 690/2020, que declara las telecomunicaciones como servicio público esencial, imponiendo mayores regulaciones al sector.
Por otro lado, el presidente del ENACOM, Claudio Ambrosini, descartó el papel de ARSAT como un competidor de las demás prestadoras. “No es para afectar a las compañías, no es la convicción que ARSAT sea un operador”.
Recomendaciones para una Argentina digital
La sede latinoamericana de la asociación internacional GSM, que tiene como objetivo la promoción de la telefonía móvil en los territorios, redactó un documento con recomendaciones sobre la tecnología 5G para el próximo Gobierno.
Según esta organización, el desafío para ir hacia “una Argentina digital y conectada” es avanzar en una política enfocada en maximizar la conectividad. Para esto, es necesario reducir los costos de licencia de 5G, ejecutar un plan federal de infraestructura digital, y eliminar los impuestos internos del sector.