El pasado lunes, el Ente Nacional de Comunicaciones (ENACOM) anunció la licitación para la prestación del servicio tecnológico 5G en la Argentina. Esta tecnología implica una expansión de las conexiones de alta velocidad y un mayor rendimiento de la red de telefonía móvil.
La convocatoria por parte del gobierno consiste en la licitación de 300 megaciclos (MHz) en las bandas de radiofrecuencia de 3300-3600 Mhz. A través de ella, el ENACOM subastará tres lotes de 100 Mhz, para garantizar el acceso a un bloque por cada una de las tres prestadoras más importantes del país.
Sin embargo, las operadoras de servicios de comunicación, Movistar, Claro y Personal, emitieron un comunicado conjunto en el que critican las condiciones exigidas por el gobierno para la implementación de la tecnología móvil de quinta generación.
Como respuesta, desde el ENACOM expresaron que dicho comunicado contiene información poco certera que prestó a la confusión a les usuaries. Tras aclarar algunos puntos, el organismo ratificó las exigencias del llamado a licitación y enfatizó en la necesidad de fomentar la competencia entre empresas prestadoras.
La disconformidad de las principales operadoras
Las tres empresas que concentran los servicios de telefonía móvil en el país manifestaron: “Las condiciones definidas por las autoridades para la subasta de espectro 5G presentan obstáculos complejos que comprometen su viabilidad, por lo que entendemos necesario que se revisen”.
Esto se debe a que consideran que uno de los bloques de 100 Mhz tiene un precio muy elevado “respecto de la situación macroeconómica del país, de nuestros clientes y del sector”. A modo de ejemplo, detallaron que el precio establecido supera en un 300% al de igual banda implementado en Brasil.
Además, declaran como “anticompetitivo e irregular” el hecho de la designación gratuita de un bloque a ARSAT, la empresa nacional creada por el Estado Argentino en 2006 para garantizar el acceso equitativo a las telecomunicaciones.
Por otro lado, advierten que el ENACOM planea imponer planes y regulaciones de precios, en relación al Decreto 690/2020, que declaró el acceso a Internet, telefonía móvil y cable como servicios públicos esenciales. El mismo implicó un mayor control estatal a los aumento de precios a les usuaries.
La respuesta del ENACOM
El organismo dirigido por Claudio Ambrosini ratificó las condiciones que impuso en el llamado a licitación. Frente a las críticas del oligopolio de los servicios, reiteró que “el concurso busca la puja entre empresas mediante acciones y cotizaciones individuales para fomentar la competencia y no el accionar conjunto de las compañías”.
“Vale recordar que el concurso público impulsado no tiene como únicos destinatarios a las tres empresas móviles firmantes del comunicado”, remarcaron. Y detallaron que está destinado a “todo licenciatario de servicio TIC (de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones) que posea más de 50 mil accesos y un patrimonio neto superior a los 10 mil millones de pesos”, destacaron.
En cuanto al ejemplo de Brasil, aclararon que el pliego del país vecino “contenía obligaciones de despliegue e inversiones específicas que hicieron que el monto recaudado por el valor del MHz fuera menor”. Entonces, es por ese motivo que “este valor se encuentra entre los más bajos a nivel internacional”.
Por último, con respecto a la denunciada imposición de planes y regulaciones, puntualizaron que “únicamente se establece el compromiso de las compañías de ofrecer a los clientes de bajos recursos, planes accesibles para garantizar la conectividad con tecnología 5G, cuando la cobertura alcance una masividad mayor al 50% de los dispositivos móviles”.