Funcionaries argentines buscan negociar un acuerdo bilateral con los Estados Unidos (EEUU) para continuar con la exportación del litio a ese país y contar con los beneficios fiscales estipulados en la Ley de Reducción de la Inflación, impulsada por el presidente estadounidense Joe Biden.
El gobierno nacional está negociando al respecto hace algunas semanas con diplomátiques estadounidenses y podrían estar cerca de un acuerdo, aseguraron la secretaria de Minería, Fernanda Ávila, y el presidente de la Cámara Argentina de Empresarios Mineros (CAEM), Franco Mignacco.
En un contexto geopolítico donde China y EEUU se enfrentan para controlar el litio, un mineral fundamental para la transición energética en la industria, Argentina tiene un rol clave por ser uno de los principales productores del mundo.
Por otro lado, un grupo de diputades nacionales presentaron una propuesta de nacionalización de toda actividad de extracción e industrialización del litio para generar mayor valor agregado a la exportación del mineral. No obstante, algunos sectores como la Mesa del Litio, integrada por los gobernadores de Jujuy, Catamarca y Salta, se oponen a la iniciativa.
La importancia del acuerdo con EEUU
La Ley para Reducción de la Inflación de Estados Unidos busca promover el desarrollo de la industria de autos eléctricos. Para esto, el gobierno ofrece exenciones fiscales a empresas estadounidenses que fabrican partes de los vehículos y a países con tratados de libre comercio que proveen recursos, como Canadá y México.
Como Argentina no cuenta con un tratado de libre comercio, quedó afuera de estos beneficios, a pesar de que el 51% del litio que EEUU importa proviene de nuestro país. Por esta razón, el gobierno nacional intenta cerrar un acuerdo bilateral para continuar con la promoción de las inversiones y que no se desincentive la importación por parte de la nación norteamericana.
Respecto a la ley, la embajada argentina en EEUU afirmó que “el efecto paradójico de su aplicación podría ser que el litio originario de nuestro país se exporte a otros mercados en un contexto caracterizado por un exceso de demanda mundial frente a la capacidad de oferta a corto y medio plazo”.
Es decir que las empresas que extraen litio en Argentina se verían obligadas a vender su producto a otros mercados o a comercializar sus activos a inversiones de otro origen “si bajo las regulaciones emitidas bajo esta ley, Argentina no recibe el mismo tratamiento que los socios comerciales con los que tienen acuerdos de libre comercio”.
Un recurso atravesado por el debate de su nacionalización
Pese a que el territorio argentino posee entre un 14 y un 20% de la reserva total del litio en el mundo, las dos empresas que lo extraen son extranjeras y la participación del Estado en las rentas totales no supera el 28%.
Además, dichas compañías (Livent y Allkem) anunciaron su fusión, por lo que al monopolizar la extracción del litio, disminuirán las regalías percibidas por las provincias, propietarias de los recursos mineros por mandato constitucional. En este sentido, la nacionalización tiene el objetivo de defender la soberanía sobre los recursos, agregar valor por medio de la industrialización y así contribuir al desarrollo nacional.
No obstante, las provincias que integran la Mesa del Litio y donde residen las mayores reservas (Catamarca, Jujuy y Salta) se oponen enérgicamente al proyecto. Su postura fue justificada con el ejemplo de Chile, que recibe menos inversiones desde que planea la nacionalización. “Está yendo para atrás, y en buena hora, porque van a venir más inversiones a la Argentina”, sostuvo el gobernador jujeño Gerardo Morales sobre el país trasandino.
Por su parte, la secretaria de Minería sostuvo que “cualquier planteo de nacionalización tiene el obstáculo fundamental de nuestra Constitución Nacional que establece que los recursos naturales pertenecen a las provincias, y ninguna ley puede ir en contra de eso”. En este sentido, agregó: “Estoy convencida de que la Mesa de Litio es la plataforma para el diálogo alrededor de este recurso central para la transición energética”.
A su vez, la Federación de Abogados del Noroeste Argentino también manifestó el rechazo del proyecto de ley “por ser contrario a la Constitución Nacional y a las autonomías provinciales”.