Créditos: Corte Suprema de Justicia de la Nación
La polémica en torno al juicio político que el Gobierno nacional impulsa contra la Corte Suprema de Justicia de la Nación volvió al centro de la escena mediática. Esta vez, el tema cobró notoriedad luego de que Estados Unidos se pronunciara -aunque no de manera oficial- y pidiera “respetar la democracia y la separación de poderes”.
Desde el Departamento de Estado norteamericano, este martes advirtieron estar al tanto del pedido de juicio político a la Corte Suprema que el presidente Alberto Fernández promovió junto a gobernadores. En diálogo con el medio argentino Infobae, un funcionario de la gestión de Joe Biden confirmó que desde la agencia siguen “la situación institucional entre el gobierno argentino y la Corte Suprema de Justicia”.
La decisión del juicio político a la Corte ya había sido criticada días atrás por la organización de derechos humanos Human Rights Watch (HRW). Al respecto, la HRW consideró que esta medida podría «socavar la independencia» de la Justicia. Además, a través de un documento, la organización también alertó sobre la intención de ampliar el tribunal supremo a 15 miembros.
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Por último, en el escrito señalan las irregularidades en torno al poder judicial y sus consecuencias. “La retórica hostil hacia los jueces por parte de autoridades, las demoras en la designación de jueces y otras autoridades de alto nivel y la corrupción, también presente en el poder judicial, han socavado de forma progresiva el Estado de derecho”, expresaron.
El pedido de juicio político
Luego del conflicto por el fallo de la Corte en torno al pago de la coparticipación de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, Alberto Fernández impulsó el juicio político al máximo tribunal. La medida firmada por el presidente y once gobernadores ya fue enviada al Congreso y podría ser tratada en las próximas sesiones extraordinarias.
En el documento difundido a principio de este mes, el oficialismo acusó a los cuatro integrantes de la Corte por “manifiesta parcialidad”. En primer lugar apuntaron contra el presidente del máximo tribunal, Horacio Rosatti, “por haber incurrido en forma reiterada en conductas que configuran la causal de mal desempeño en sus funciones prevista en el artículo 53 de nuestra Constitución Nacional”.
Seguidamente, se menciona al resto de los integrantes del órgano judicial Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti por “distintos grados de responsabilidad” en determinados hechos.
“La Corte Suprema de Justicia de la Nación ha realizado arbitrarios ataques sobre las facultades constitucionales asignadas al Poder Ejecutivo Nacional y al Poder Legislativo Nacional”, denunciaron les mandataries firmantes.
¿Quiénes fueron les gobernadores que acompañaron el pedido?
Si bien el Gobierno no tuvo el respaldo total de les dirigentes provinciales, logró reunir la firma de once oficialistas y aliades del interior.
Entre quienes impulsan el juicio político se encuentran: Axel Kicillof (gobernador de Buenos Aires); Raúl Jalil (Catamarca); Jorge Capitanich (Chaco); Mariano Arcioni (Chubut); Gildo Insfrán (Formosa); Sergio Ziliotto (La Pampa); Ricardo Quintela (La Rioja); Alicia Kirchner (Santa Cruz); Gerardo Zamora (Santiago del Estero); Gustavo Melella (Tierra del Fuego); y Osvaldo Jaldo (Tucumán).