En los últimos días, el Gobierno porteño quedó en medio de un conflicto a raíz de la denuncia de trabajadores del servicio de la línea 147. La demanda se centró en la precarización laboral y presunto uso de datos personales y de fondos públicos para la campaña.
Días atrás, Nota al Pie habló sobre el tema con la abogada e integrante de La Defensoría de Laburantes, Tamara Rossi. Sin embargo, esta semana se conocieron avances en la causa: la organización citada presentó una denuncia penal sobre dos ejes particulares.
En diálogo con este medio, la abogada y también integrante de la Defensoría, Ana Guarriello, dio detalles sobre las novedades del conflicto. Cabe mencionar que ella fue quien realizó la demanda.
“Este martes presentamos la denuncia ante el Fuero Nacional Penal y el miércoles fue radicada en el Juzgado Correccional y Criminal número 42”, explicó la entrevistada.
Asimismo, manifestó: “Decidimos presentar esta denuncia colectiva, yo como integrante de la Defensoría. Además, como patrocinante de las personas que denuncian”.
En ese sentido, la letrada dio detalles sobre les denunciantes y su reclamo. Al respecto precisó que “son más de 20 las personas que le piden a la justicia que investigue”.
Guarriello expuso que la denuncia involucra al jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, y al precandidato a diputado bonaerense, Diego Santilli; también a la precandidata a diputada por la Ciudad de Buenos Aires, María Eugenia Vidal, y sus jefes de campaña.
En este punto, también dio cuenta de las empresas que están implicadas en la causa. Así mencionó a “GIV S.R.L., Krok Vpred SRL, Martineztes Stella de Haedo S.R.L. y sus directivos”.
Detalles de la demanda
Por otra parte, la abogada explicó: “Las personas que denuncian piden que se investigue la comisión de dos delitos. El primero tiene que ver con un delito informático, contemplado en el artículo 157 bis del Código Penal”.
Al respecto, comentó cuáles pueden ser las consecuencias. Según informó, “prevé penas de prisión de un mes hasta a dos años. Si es funcionario público se lo inhabilita para ejercer el cargo de uno a cuatro años”.
“Este delito está enfocado a la persona que proporcione o revele información registrada en un banco de datos personales y que haga uso de ello. Esto es lo que denunciamos, que la empresa brindaba información privada de la personas para el uso de la campaña”, puntualizó.
En sintonía, agregó que “el otro delito que se denuncia es contra la administración pública. Prevé penas de dos años a diez años y a funcionarios la inhabilitación perpetua. Se sanciona a funcionarios que emplean en provecho propio o de un tercero trabajos o servicios pagados con la Administración Pública”.
“Las pruebas que tenemos son el relato de las trabajadoras y de muchas personas que dan sus testimonios. Los llaman por teléfono para ofrecerles que vayan a un acto de campaña y no pueden responder de dónde sacaron sus datos”, explicó.
La entrevistada se refirió a las medidas que pueden solicitar les danmificades en caso de comprobarse lo denunciado. Así, señaló: “En relación al uso de datos, las personas pueden reclamar que se condene a los directivos de estas empresas y que se inhabilite a los funcionarios”.
Además, amplió que “actualmente a la demanda la suscriben 20 personas. Hay muchas que decidieron no adherir su firma, pero igual aportaron pruebas y todavía se están incorporando más demandantes y también más pruebas”.
El camino a recorrer
Por otro lado, la integrante de la Defensoría de Laburantes también habló sobre las novedades respecto de la causa de les trabajadores de la línea 147. De esta manera informó que “el reclamo continúa y se sumaron nuevos trabajadores”.
Asimismo, detalló que en los casos más avanzados se encuentran a la espera de la instancia de conciliación obligatoria y la indemnización. Sin embargo, en caso de no lograr un avance, comentó que en ese punto se procederá a una medida judicial.
En lo que refiere a la causa general, Guarriello explicó cómo continuará el proceso judicial. Al respecto aclaró: “Lo que restaría es que la Fiscalía apruebe las pruebas que presentamos y que pida más y que se apruebe el allanamiento que solicitamos”.
“Ahora se ingresa en el periodo de investigación y después el Juzgado, si hay indicios de que esto sucedió se eleva a juicio. Se haría un juicio oral en el futuro, pero el periodo de investigación va a durar unos meses”, concluyó.