Sep 2, 2021 | Política

Acusan al Gobierno porteño por «presunto uso de datos personales y fondos públicos para la campaña»

Nota al Pie habló sobre este tema con la integrante de la organización Defensoría de Laburantes, la abogada Tamara Rossi.

La Defensoría de Laburantes.
La Defensoría de Laburantes pidió investigar al Gobierno porteño por presunto uso de datos personales y de fondos públicos para la campaña electoral. Crédito: Twitter La Defensoría de Laburantes.

En el marco de la era de las tecnologías y la información, una de las principales preocupaciones sociales tiene que ver con la privacidad de la misma. En ese contexto, esta semana el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires quedó en la mira por el presunto uso de datos personales para la campaña. 

Nota al Pie habló del tema con la abogada e integrante de la organización Defensoría de Laburantes, Tamara Rossi. Dicho organismo lanzó una campaña para recolectar pruebas para iniciar una demanda contra el Gobierno porteño. 

La entrevistada dio detalles sobre un conflicto que involucra al Gobierno de la Ciudad y la empresa privada GIV S.R.L. Así explicó que esta última «le terceriza su servicio de call center, principalmente lo que es el servicio del número 147». 

«Hace algunas semanas empezamos a recibir testimonios y reclamos de trabajadoras que estamos acompañando. Nos contaban que habían trabajado atendiendo el 147 y cuando empezó la campaña tuvieron que empezar a trabajar en la campaña del PRO de forma exclusiva», precisó.

Al respecto, la abogada detalló que «empezaron a tener que llamar a vecinas y vecinos de la Ciudad. Esto para invitarlos a tomar un café con los candidatos, para contarles las propuestas de campaña de los candidatos».

Luego de que les trabajadores del call center acudieran a la Defensoría, el conflicto se complejizó. Así, se inició una investigación por «presunto uso de datos personales y sospecha de fondos públicos para financiar la campaña» y también se visibilizó un conflicto laboral con les trabajadores. 

La Defensoría de Laburantes.
La abogada de la Defensoría, Tamara Rossi, explicó que el caso se visibilizó a raíz de un conflicto laboral y salarial con les trabajadores de la línea 147. Crédito: Tamara Rossi.

Denuncias múltiples 

«Esto empieza con una concesión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires a la empresa. En marzo de este año el Gobierno de la Ciudad amplió la concesión que tenía con la empresa GIV en un 2400 por ciento», recordó Rossi. 

Asismismo, la abogada dio detalles sobre uno de los aspectos del conflicto. Según relató: «El primer eje es el presunto financiamiento público de la campaña por esto que aumentaron ese objeto de contrato a esta empresa de call center».

Así, la integrante de la Defensoría de Laburantes aclaró que «no había habido un cambio de objeto del contrato. No se habían sumado tareas que justificaran esta suba del presupuesto a ese contrato de concesión». 

«El segundo punto es la información de los ciudadanos y ciudadanas. La empresa, al ser la misma que trabaja en la línea 147, cuenta con toda la información para lo que concierne a la gestión del gobierno. Pero el Gobierno y esta empresa, ilegalmente, están utilizando esa base de datos para su compaña», denunció Rossi. 

En sintonía, habló del conflicto que involucra a les trabajadores. De esta manera explicó: «El tercer eje es la precarización y nosotros ya tenemos acciones legales iniciadas». 

«Trabajaban 12 horas de corrido de jornada de lunes a sábado, con solo dos descansos de media hora. Incluso, se les pedía que no tomaran agua para que no tuvieran que perder el tiempo en ir al baño», detalló la letrada. 

Además, se refirió a la precarización laboral que sufrían les más de 100 trabajadores. Según sostuvo: «Les pagaban 23 mil pesos mensuales, muy por debajo del convenio de la actividad. Esto en un marco de hostigamiento, presiones y malos tratos». 


Acciones y justicia 

Por otra parte, la especialista dio cuenta de cómo van a proceder desde la Defensoría de Laburantes ante todos los ejes del conflicto. Así recordó que «respecto de los datos que están utilizando de forma ilegal, estamos sacando una campaña».

«Estamos pidiendo a la gente que se comunique con nosotros y nos acerque la prueba que tienen de que se comunicaron con cada uno y sin consentimiento. Es decir, capturas de pantalla de llamadas y mensajes de texto», puntualizó.

Al respecto, la abogada comentó que una vez obtenidas las pruebas planifican iniciar una demanda penal y un habeas data. Ambas acciones para «exigirle al Gobierno de la Ciudad, las respuestas que corresponden al caso». 

En cuanto al caso particular del conflicto laboral y salarial de les trabajadores, la profesional habló sobre las acciones a implementar. Así, explicó que se reclamarán indemnizaciones. 

Por último, también se refirió a cómo actuarán desde la Defensoría ante la presunción del uso de fondos públicos para la campaña. «Estamos buscando auditar y poder constatarlo»

«Si lo probamos ahí resolverá el juez porque estamos hablando, en un supuesto, de malversación de fondos públicos.  Ahí si se llega a una sentencia estamos hablando de un delito penal», concluyó Rossi. 

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