Oficializado mediante la Resolución N.º 58/SECITD/26 el 16 de abril de 2026, el Plan Estratégico de Inteligencia Artificial del GCBA busca integrar estas tecnologías de manera integral en la administración pública y en la interacción con la ciudadanía.
La iniciativa establece lineamientos obligatorios para todas las áreas del Poder Ejecutivo que desarrollen proyectos vinculados al uso de sistemas de IA, enmarcándose en el Decreto 97/26 que ya instruía a los organismos estatales a potenciar estas soluciones .
El plan se estructura en cuatro ejes estratégicos principales:
1.Gobernanza, Adopción y Vínculo: Busca establecer marcos institucionales, éticos, normativos y organizacionales para regular y orientar la adopción de la IA, incluyendo la capacitación obligatoria del personal del GCBA.
2.Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D): Impulsa el desarrollo de nuevas soluciones tecnológicas, priorizando casos de uso de alto valor público y la realización de pilotos y pruebas de concepto.
3.Producción e Implementación: Se enfoca en la aplicación de un ciclo de vida institucional para la IA, que abarca desde la planificación hasta la evaluación, promoviendo la IA colaborativa, transaccional y embebida.
4.Desarrollo Económico, Innovación Productiva y Ecosistema de IA: Propone posicionar a Buenos Aires como un referente regional en el desarrollo y adopción de IA, fomentando un ecosistema productivo dinámico. Destaca la creación de un Distrito de IA en Microcentro, con incentivos fiscales y un Sandbox regulatorio para startups .
Entre los principios rectores del plan se mencionan la centralidad en las personas, la supervisión humana, la transparencia, la privacidad, la equidad, la seguridad técnica y la sostenibilidad. Además, se prevé la creación de un Board de Inteligencia Artificial como consejo consultivo y un Observatorio de IA para monitorear el impacto laboral y la adopción .
La oposición demanda transparencia y evaluación de riesgos
Diputados de Fuerza por Buenos Aires (FxBA), impulsaron un proyecto de resolución en la Legislatura porteña, exigiendo detalles sobre la implementación del Plan Estratégico de IA. Sus principales preocupaciones giran en torno a la falta de especificidad del plan, la evaluación de riesgos, el impacto laboral y la transparencia en la toma de decisiones .
Los legisladores consideran que el plan es «predominantemente enunciativo» y carece de mecanismos concretos de control, rendición de cuentas, presupuesto asignado y participación ciudadana. Han manifestado la necesidad de conocer si el Gobierno de la Ciudad ha evaluado los riesgos asociados a estas tecnologías, particularmente en lo que respecta a sesgos algorítmicos, discriminación indirecta y opacidad en los procesos de decisión .
Otro punto crítico es el impacto laboral proyectado de la automatización de tareas en el empleo público porteño. La oposición busca un diagnóstico que identifique puestos y perfiles en riesgo, así como los criterios para la selección de proveedores de tecnología e IA para el GCBA. Subrayan que la incorporación de IA en el Estado «no es un proceso meramente técnico ni neutro», sino que implica decisiones políticas de alto impacto que pueden afectar derechos fundamentales y condiciones laborales.
Desafíos y perspectivas de la Inteligencia Artificial en la gestión pública
El debate en Buenos Aires refleja una discusión global sobre la implementación de la Inteligencia Artificial en el sector público. Si bien la IA ofrece un potencial inmenso para optimizar servicios y mejorar la eficiencia, su adopción conlleva desafíos significativos, especialmente en lo que respecta a la ética, la equidad y la gobernanza .
La preocupación por los sesgos algorítmicos es legítima. Investigaciones recientes demostraron que los algoritmos pueden reproducir o incluso amplificar prejuicios existentes si no se diseñan y supervisan adecuadamente, lo que podría llevar a la discriminación en la prestación de servicios públicos o en decisiones administrativas.
La falta de mecanismos concretos para detectar, corregir y prevenir estos sesgos, como señala la oposición, es un punto crucial que el GCBA deberá abordar con claridad.
En cuanto al impacto laboral, la automatización de tareas es una tendencia global que afecta tanto al sector privado como al público. Si bien la IA puede generar nuevas oportunidades y mejorar la productividad, también puede desplazar ciertos puestos de trabajo. Países como España ya están apostando por la digitalización y la IA en su oferta de empleo público, pero también se discute la necesidad de reubicar y capacitar a los trabajadores afectados.
La ausencia de un diagnóstico claro sobre este impacto en el empleo público porteño genera incertidumbre y justifica el pedido de la oposición.
La transparencia y la participación ciudadana son pilares fundamentales para la legitimidad de cualquier política pública, y más aún en el ámbito de tecnologías disruptivas como la IA.
La crítica de la oposición sobre la falta de debate público suficiente y la ausencia de información integral sobre los alcances y mecanismos de control del plan resalta la importancia de un proceso abierto e inclusivo. Experiencias internacionales, como las de Brasil, Chile y España, muestran la relevancia de marcos normativos e institucionales robustos para la gobernanza de la IA en el sector público.
Dios en la máquina: lo que la Iglesia Católica dice y lo que calla sobre la inteligencia artificial
— @purocontenidoOK (@purocontenidook) May 26, 2026
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Análisis del texto de @Pontifex_es en la nota de @pablomercauOK https://t.co/mStYzIMLai pic.twitter.com/MZxtYPpk6t
Contraste entre los objetivos del Plan y las exigencias legislativas
Lo que hay co este tema son tensiones específicas entre las metas trazadas por el Ejecutivo y las garantías exigidas por los legisladores de la oposición. En materia de Gobernanza, Adopción y Vínculo, mientras el Gobierno porteño busca establecer marcos institucionales y éticos para una adopción ordenada, la oposición advierte sobre la ausencia de mecanismos concretos de control y rendición de cuentas.
Existe una preocupación central por la posibilidad de que se produzcan sesgos algorítmicos y situaciones de discriminación indirecta que no estén siendo debidamente monitoreadas bajo la estructura actual del plan.
En lo que respecta al eje de Investigación, Desarrollo e Innovación (I+D), el contraste se centra en la metodología de implementación. El Plan Estratégico prioriza la agilidad a través de pilotos y pruebas de concepto para identificar casos de alto valor público. Sin embargo, desde la Legislatura se denuncia que este avance se ha dado sin un debate público suficiente ni instancias claras de participación ciudadana, lo que podría afectar la legitimidad social de las herramientas tecnológicas adoptadas por el Estado.
Asimismo, la Producción e Implementación de soluciones de IA plantea interrogantes sobre la transparencia administrativa. El Ejecutivo propone un ciclo de vida institucional para integrar la IA en los procesos públicos, pero los legisladores de Fuerza por Buenos Aires señalan una notable opacidad en los criterios para la selección de proveedores. La inquietud radica en la posible tercerización de herramientas críticas en manos de empresas privadas sin las debidas salvaguardas sobre la soberanía tecnológica y la protección de datos personales.
Finalmente, el eje de Desarrollo Económico, Innovación Productiva y Ecosistema de IA, que incluye la creación del Distrito de IA en Microcentro, se enfrenta a la demanda de un diagnóstico social profundo. Aunque el Gobierno apuesta por el dinamismo económico y la atracción de inversiones, la oposición considera imprescindible que se realice primero un estudio detallado sobre el impacto laboral de la automatización. La falta de identificación de puestos y perfiles en riesgo dentro del empleo público porteño es vista como una omisión crítica que podría derivar en conflictos laborales y sociales a mediano plazo.
El Plan Estratégico de Inteligencia Artificial de la Ciudad de Buenos Aires representa una iniciativa ambiciosa para, en plabras del Gobierno, modernizar la gestión pública. Sin embargo, el eje de la mirada de la oposición pone de manifiesto la necesidad de ir más allá de los principios enunciativos y establecer mecanismos claros y concretos que garanticen la transparencia, la equidad y la responsabilidad en el uso de la IA.
La integración de la Inteligencia Artificial en el Estado no solo es un desafío tecnológico, sino también un imperativo ético y político que requiere un diálogo constante y una supervisión rigurosa para asegurar que beneficie a todos los ciudadanos sin menoscabar derechos fundamentales. Un debate abierto, en consonancia con lo que se discute en el mundo entero.