La Justicia de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires le dio la razón a ATE Capital y dispuso la suspensión del sistema de geolocalización denominado “Hoja de Ruta Electrónica” (HRE), que el Gobierno porteño pretendía aplicar de manera obligatoria a trabajadores y trabajadoras estatales.
La medida fue dictada por el Juzgado de Primera Instancia en lo Contencioso Administrativo y Tributario N.º 15, que hizo lugar a la cautelar presentada por la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) Capital. La resolución, firmada por el juez Víctor Troncoso Rodas el 19 de mayo de 2026, también ordenó frenar la vinculación del sistema con la herramienta FICHE.
Desde el gremio señalaron que se trata de un fallo clave en defensa de los derechos laborales frente a mecanismos de control impulsados por el Ejecutivo porteño.
Suspensión para todo el personal alcanzado
Según lo dispuesto por el magistrado, la suspensión alcanza a todos los trabajadores y trabajadoras del GCBA que se encontraban obligados a utilizar este mecanismo de control.
La decisión judicial establece que el Gobierno de la Ciudad deberá detener la aplicación obligatoria del sistema mientras se resuelve el fondo del proceso.
Sin acto administrativo y con uso obligatorio del celular personal
En el fallo, el juez remarcó que el Ejecutivo porteño no logró acreditar la existencia de un acto administrativo que habilite la implementación obligatoria del sistema de geolocalización ni tampoco el uso de teléfonos celulares personales para registrar asistencia.
En ese sentido, sostuvo que la herramienta fue aplicada “a través de una vía de hecho”, lo que implicaría una violación del principio de legalidad.
Reclamos por privacidad y falta de negociación colectiva
La resolución también señaló que el sistema imponía el uso de dispositivos personales, datos móviles y GPS como condición para cumplir funciones laborales, sin que existiera negociación colectiva previa.
Además, advirtió que no se ofrecieron garantías suficientes sobre el tratamiento de datos personales ni se contemplaron las condiciones concretas de trabajo de quienes realizan tareas territoriales, guardias, emergencias o atención a población vulnerable.
ATE Capital había denunciado desde un primer momento que la HRE representaba una avanzada sobre la intimidad, la privacidad y los derechos laborales de los trabajadores estatales.
Un fallo que marca un precedente
Desde el sindicato celebraron el fallo como un paso significativo frente a políticas de vigilancia y control que, sostienen, afectan derechos fundamentales.
Con la medida cautelar, la Justicia ordenó que el Gobierno de la Ciudad suspenda la implementación obligatoria del sistema mientras continúe el proceso judicial.