Luego de semanas de conflicto, ATE Capital decidió avanzar por la vía judicial contra el sistema de control laboral con geolocalización impulsado por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Este sistema implica la utilización de los teléfonos personales como «terminales de vigilancia«. La medida incluyó la presentación de una cautelar y la recolección de testimonios de trabajadores afectados.
En ese marco, el sindicato recibió declaraciones y reunió pruebas junto a su equipo jurídico en su local gremial. Además, realizó una movilización frente al Consejo de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes (CDNNyA), ante lo que definieron como “falta de resoluciones claras” por parte de las autoridades. El Consejo es el organismo especializado en infancia que tiene como finalidad promover, proteger y garantizar los derechos de todas/os las/os niñas, niños y adolescentes.
El eje del conflicto es la implementación de una “hoja de ruta electrónica con geolocalización”, un sistema que busca registrar el presentismo de quienes no fichan con dispositivos biométricos. Desde el gremio sostienen que la medida desconoce las condiciones reales de trabajo en áreas con fuerte despliegue territorial.
En diálogo con Nota al Pie, el delegado general adjunto Lucas Vaglio Giors explicó que “la problemática que venimos atravesando es la imposición que viene queriendo hacer el Gobierno de la Ciudad de un nuevo sistema de fichaje”. En particular, remarcó que en el CDNNyA “hay muchos equipos territoriales, tareas muy diversas” y que el sistema resulta “totalmente inaplicable porque no tiene marco para nuestras tareas”.
Para el dirigente, el problema de fondo es estructural: “hay un desconocimiento total del Gobierno de la Ciudad de cómo funcionan los equipos territoriales”, lo que deriva en una política que intenta forzar lógicas administrativas sobre trabajos comunitarios y de intervención directa.
Escalada del conflicto y respuesta gremial
El conflicto no es nuevo. Según señalaron desde ATE Capital, lleva más de un mes de medidas y acciones sostenidas. La presentación de la cautelar aparece ahora como un punto de inflexión en la disputa.
“Esta semana se avanzó con la presentación de la cautelar”, indicó Vaglio Giors, quien destacó que se incorporaron testimonios de trabajadores como parte de la estrategia judicial.
En paralelo, el sindicato desplegó medidas de fuerza en la calle. Entre ellas, una movilización a la sede central del organismo que incluyó una fuerte participación de distintos sectores. “Pudimos tener una gran participación y acompañamiento de otras juntas internas”, señaló.
El dato no es menor: más de la mitad del personal del Consejo trabaja en sedes descentralizadas, lo que refuerza el argumento gremial de que el sistema no se ajusta a la dinámica real del organismo. Para el sindicato, se trata de un conflicto que excede un área puntual y puede escalar al conjunto del empleo público porteño.
Privacidad, condiciones laborales y un modelo en disputa
Uno de los puntos más sensibles del reclamo es el uso de dispositivos personales para implementar el sistema. Según denunciaron, no existe provisión de herramientas laborales adecuadas.
“Pretenden que las y los trabajadores usemos nuestros teléfonos particulares”, advirtió Vaglio Giors, quien remarcó que esto abre “un montón de cuestiones de vulnerabilidad y seguridad informática”.
El dirigente también alertó sobre un aspecto crítico: el manejo de información sensible. “Toda la información personal nuestra y también de las familias y de los pibes con los que trabajamos puede estar en riesgo”, afirmó.
En ese sentido, desde ATE Capital sostienen que el conflicto no es solo técnico ni administrativo, sino político: pone en discusión los límites del control estatal sobre el trabajo y la vida privada.
La judicialización del caso abre ahora un nuevo escenario. Mientras el sindicato espera una respuesta de la Justicia, el debate sobre tecnología, control laboral y derechos ya se instaló como un nuevo frente de conflicto en la Ciudad de Buenos Aires.