El ministro de Economía, Luis Caputo, presentó las modificaciones junto a la secretaria de Legal y Técnica de la Presidencia, María Ibarzabal Murphy, y representantes de entidades profesionales que participaron de la elaboración de la iniciativa. El anuncio se produjo poco después del escándalo que involucró al exjefe de Gabinete, Manuel Adorni.
Caputo fue enfático en aclarar que el espíritu de la norma sancionada a fines de 2025 «no cambia absolutamente en nada»: el objetivo sigue siendo que los ahorros que los argentinos mantienen fuera del sistema puedan formalizarse en el circuito bancario sin penalidades. Según explicó, la decisión de reformar la ley surgió de una serie de reuniones con contadores y tributaristas, que señalaron los principales obstáculos de la versión original y propusieron cambios para dar mayor previsibilidad a quienes decidan exteriorizar sus fondos. «Independientemente de cuál sea el gobierno de turno, los ciudadanos van a estar cubiertos», sostuvo el ministro.
El diagnóstico oficial es que buena parte de la informalidad de los ahorros es producto de «años de alta presión tributaria, déficit fiscal, emisión monetaria, inflación y cepo cambiario», factores que empujaron a muchos argentinos a mantener sus dólares fuera del sistema financiero.
Los números explican la urgencia: el Gobierno calcula que los argentinos conservan alrededor de 170.000 millones de dólares fuera del circuito formal, una cifra más de cuatro veces superior a los depósitos bancarios en moneda extranjera, que igualmente están en niveles récord (cerca de 40.000 millones de dólares).
Hasta el momento, según datos de ARCA, unas 330.000 personas adhirieron al régimen de declaración jurada simplificada del Impuesto a las Ganancias: 170.115 ya presentaron su declaración y unas 99.000 la mantienen en estado de borrador, un resultado que el propio Gobierno reconoce insuficiente frente a la meta de movilizar esa masa de ahorro.
Las cuatro modificaciones centrales
Ibarzabal Murphy detalló los cuatro ejes de la reforma, que modifica particularmente los artículos 40 y 42 bis de la ley:
1. Ampliación del universo alcanzado. Se eliminan los topes patrimoniales y de ingresos: el régimen queda abierto a todas las personas humanas y sucesiones indivisas, sin las barreras que hoy limitan la adhesión a quienes tienen ingresos anuales de hasta 1.000 millones de pesos y patrimonios inferiores a 10.000 millones. Además, se crea un tratamiento especial para los Grandes Contribuyentes ante ARCA, que podrán acceder a una «modalidad simplificada» con liquidación pre-armada por el fisco, aunque sin las presunciones ni los efectos liberatorios del régimen general.
2. Redefinición de la «discrepancia significativa». Se ajustan los parámetros por los que ARCA puede quebrar la presunción de exactitud del contribuyente: habrá discrepancia si el organismo detecta un incremento del impuesto determinado o una reducción de quebrantos impositivos no inferior al 15%. Pero incluso superando ese porcentaje, no habrá exclusión del régimen si la diferencia nominal reclamada no llega al 5% del monto de evasión previsto en la Ley Penal Tributaria (unos $5.000.000).
3. Inversión de la carga de la prueba y salvataje por rectificativa. Para sostener una discrepancia significativa, ARCA ya no podrá valerse de presunciones, sino solo de información declarada, sus propios sistemas o datos de terceros. Además, se amplía la posibilidad de que el contribuyente evite perder los beneficios: si presenta una declaración jurada rectificativa y cancela la diferencia (con intereses) dentro de los 15 días hábiles de notificada la liquidación o determinación de oficio, no se considerará configurada la discrepancia. Hoy esa opción solo existe en casos de facturas apócrifas.
4. Reintegro acelerado. Si el contribuyente paga un ajuste para no perder el régimen y luego ARCA revoca la impugnación, se le restablece la presunción de exactitud y el organismo queda obligado a reintegrar los montos con intereses en un plazo máximo de 45 días hábiles desde la resolución firme.
El argumento oficial: «una mala decisión» tener los dólares parados
Más allá de la letra fina, Caputo insistió en el argumento de fondo: sostener ahorros por fuera del sistema es, a su juicio, una decisión ineficiente. «Es una mala decisión tener los dólares en el colchón», repitió el ministro, y agregó que el billete «también pierde valor» cuando permanece inmovilizado, dado que Estados Unidos también tiene inflación.
El funcionario relativizó además el argumento de la desconfianza, al remarcar que hoy «cualquiera puede comprar dólares libremente» y «repatriar dividendos libremente», mientras el Banco Central compra 100 millones de dólares por día. Para Caputo, la bancarización de esos ahorros permitiría ampliar el crédito y la inversión: «Crecer implica más trabajo y más crédito, y eso es justicia social», afirmó, en un pasaje con tono claramente político de la conferencia.
ARCA, en paralelo, prorrogó hasta el 27 de agosto el plazo para presentar la declaración jurada del período fiscal 2025, aunque mantuvo el vencimiento del pago del saldo para el 27 de julio. El oficialismo espera que el Congreso trate la reforma en las próximas semanas.
La otra cara de la moneda: cuántos dólares necesita el Tesoro hasta 2027
La ofensiva por los ahorros informales no es un dato aislado: se da en simultáneo con la necesidad del equipo económico de reforzar su posición de moneda extranjera para cubrir los vencimientos de deuda hasta el final del mandato de Milei. Caputo aseguró, sin dar demasiados detalles, que esos compromisos están «totalmente cubiertos», y remarcó la buena sintonía con el FMI y con Kristalina Georgieva.
En el mercado, sin embargo, se sigue de cerca la capacidad real de intervención oficial. La consultora 1816, una de las más requeridas por la City porteña, sostiene que el programa financiero para lo que resta del mandato está prácticamente cerrado y que no hay riesgo de incumplimiento de los vencimientos de 2027, una diferencia clave respecto de 2019, cuando el gobierno de Mauricio Macri debió reperfilar deuda y restablecer el cepo antes de las elecciones.
Según los cálculos de la consultora, entre lo que resta de 2026 y todo 2027 la Argentina debe afrontar pagos por USD 30.700 millones en moneda extranjera, entre compromisos con el sector privado, el FMI y el Club de París. De ese total, el Gobierno ya contaría con USD 13.100 millones, provenientes de tres fuentes:
- USD 3.082 millones que el Tesoro juntó mediante licitaciones de Bonares, ya depositados en el BCRA.
- Garantías del Banco Mundial y el BID que habilitan financiamiento privado a seis años por unos USD 4.000 millones.
- La inminente renovación de los repos del BCRA por USD 6.000 millones, que vencen entre octubre de 2026 y abril de 2027 (para garantizar la operación, el Tesoro ya entregó al BCRA bonos AL35 y AE38).
Restarían entonces unos USD 17.600 millones para cubrir la totalidad de los vencimientos, una cifra que en 1816 no consideran difícil de conseguir. Las alternativas que manejan en la city para cerrar esa brecha son: emitir nuevos Bonares (quedan USD 366 millones disponibles del bono AO28, además de la posibilidad de lanzar otros títulos), colocar deuda en los mercados internacionales (los Globales largos hoy rinden menos de 9%), renovar compromisos con el FMI (los pagos netos al organismo suman USD 7.900 millones, aunque eso requeriría negociar un nuevo programa) o recurrir directamente a las reservas.
La demanda electoral, la verdadera incógnita
El desafío que identifica 1816 no pasa tanto por el pago de la deuda en sí, sino por el margen de maniobra que necesitará el Gobierno si la cercanía de las elecciones genera presión sobre el dólar. En ese escenario, la consultora considera probable que el equipo económico avance con una emisión de deuda offshore antes de que termine 2026, como parte de la «preparación para 2027».
El antecedente reciente es elocuente: tras la derrota del oficialismo frente a Fuerza Patria en la provincia de Buenos Aires y hasta las elecciones legislativas de octubre de 2025, el swap con Estados Unidos fue la herramienta que sostuvo al equipo económico.
Desde entonces, el Banco Central logró además reducir con fuerza su deuda con el Banco de Pagos Internacionales (BIS): pasó de USD 2.600 millones a fines de 2025 a apenas USD 600 millones en la primera semana de junio de 2026. Ya no habría, en cambio, una ayuda directa de Estados Unidos como la de 2025, lo que deja a la emisión de deuda y al buen desempeño de la Inocencia Fiscal como piezas clave del mismo objetivo: sumar dólares genuinos antes de que la city empiece a mirar de cerca el año electoral.