sábado 27 de abril de 2024

El Gobierno propuso a Ariel Lijo y Manuel García-Mansilla como jueces de la Corte Suprema

En un comunicado, el Poder Ejecutivo señaló estas dos nominaciones en reemplazo de Elena Highton de Nolasco y Juan Carlos Maqueda. Nota al Pie te cuenta quiénes son y las críticas por la ausencia de mujeres en las nominaciones.
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Manuel García-Mansilla y Ariel Lijo son los dos hombres elegidos por Javier Milei para ocupar las vacantes de la Corte Suprema. Crédito: Nota al Pie

El miércoles, en sus redes sociales, el Gobierno de Javier Milei confirmó dos nominaciones para la Corte Suprema de la Nación. Los elegidos por el presidente son el Dr. Ariel Lijo (para el lugar que dejó vacante la Dra. Elena Highton de Nolasco) y el Dr. Manuel García-Mansilla (en reemplazo del actual juez, el Dr. Juan Carlos Maqueda, que cumple 75 años el 29 de diciembre, por lo que deberá dejar su cargo). 

En su comunicado, desde la cuenta de “X” de la Oficina del Presidente, destacaron la “distinguida labor del Dr. Maqueda” y “su extensa trayectoria en los tres poderes del Estado Nacional y en la Provincia de Córdoba”. Para apurar el proceso de sustitución publicaron el Decreto 267/2024, mediante el cual incorporaron el Artículo 9° Bis al Decreto 222/2003. En él establecieron que “las disposiciones del presente decreto también serán de aplicación en caso de que exista certeza de que se producirá una vacante en fecha determinada”.

Actualmente, hay cuatro lugares ocupados en la Corte Suprema: el presidente Horacio Rosatti, el vicepresidente Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti. En noviembre de 2021, Elena Highton de Nolasco renunció y dejó vacante la quinta plaza, pero el Gobierno de Alberto Fernández no propuso a nadie para reemplazarla. La confirmación de un juez en la Corte Suprema requiere que se apruebe en el Senado con dos tercios. 

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Elena Highton de Nolasco presentó su renuncia en octubre de 2021 y esta se hizo efectiva a partir de noviembre del mismo. Hasta el día de hoy no habían propuesto reemplazante. Crédito:CIJ

¿Quién es Ariel Lijo?

Egresado de derecho en la Universidad de Buenos Aires, donde ahora es profesor de  Derecho Constitucional en la cátedra del Dr. Alberto Dalla Vía. Empezó su carrera con María “Piru” Riva Aramayo, quien lo sumó a su equipo, primero en la fiscalía de la Cámara del Crimen y, en 1993, en la Cámara Federal Porteña

En 2004 se convirtió en juez federal gracias al concurso 59 en el que salió quinto. Entró porque tres de los que lo precedían terminaron en otros cargos y el cuarto renunció. A partir de ese año encabezó el Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional Federal N° 4.

Una de sus primeras y más importantes causas fue la investigación por el pago ilegal al   ex detenido Carlos Alberto Telledín para que de una falsa declaración sobre lo ocurrido en el atentado a AMIA. Por esa causa procesó al ex presidente Carlos Menem y ex juez federal Juan José Galeano, al ex titular de la DAIA, Rubén Beraja y a los ex fiscales Eamon Mullen y José Barbaccia

Lijo fue el primer juez en procesar a un vicepresidente en ejercicio, en la causa por la calcográfica Ciccone. Allí acusó a Amado Boudou por el delito de cohecho pasivo en concurso ideal con negociaciones incompatibles con el ejercicio de la función pública. 

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Horacio Rosatti, Carlos Rosenkrantz, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti integran la Corte Suprema de la Nación. Crédito: CSJN

También tuvo en sus despachos causas contra figuras del macrismo que no prosperaron en su investigación: la denuncia del Fiscal Guillermo Marijuán por “abuso de autoridad” por la firma del decreto para ampliar el alcance de la Ley de Sinceramiento Fiscal para familiares de funcionarios; la causa que investigaba el acuerdo entre el Estado y el Grupo Socma; y la investigación a la ex vicepresidente Gabriela Michetti por el origen dudoso de los 245.000 pesos y 50.000 dólares robados de su casa. 

A su vez, también cuenta con denuncias en su contra. Elisa Carrió y la Coalición Cívica se oponen a su nominación y lo denunciaron en su momento por el encubrimiento en el caso Siemens. En “X”, Juan Manuel López, diputado nacional por ese partido, lo llamó “ la casta millonaria con haras de caballos imposibles de pagarse con sueldos públicos”.

¿Quién es Manuel García-Mansilla?

Oriundo de Bariloche, se recibió de abogado en la Universidad del Salvador. Actualmente es decano de la Facultad de Derecho de la Universidad Austral, donde consiguió su doctorado. Se presenta como especialista en Derecho Constitucional, Oil & Gas y Derecho Empresario. Es director ejecutivo de la Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH). Entre 1997 y 2004 integró el estudio Marval, O’Farrell y Mairal. Desde 2010 trabaja en el estudio jurídico de Horacio Liendo (h), exsecretario de Coordinación del Ministerio de Economía durante la presidencia de Carlos Menem

Sus posiciones más controversiales se dan en relación al aborto, del cual no cree que debería ser legal. Una de sus disertaciones se titula “Las arbitrariedades del caso F.A.L”. En ella criticaba el fallo del 2012 en el que la Corte Suprema resolvió que, en el caso de que los embarazos fueran producto de una violación, los abortos no eran punibles. Además, expusó en contra de su legalización en 2018. 


Otro de los puntos que tiene en común con Javier Milei está relacionado con la dolarización. García-Mansilla, a diferencia de lo que piensa el juez de la Corte Suprema Horacio Rosatti, cree que “la dolarización es totalmente compatible con los parámetros establecidos en la Constitución Nacional”. 

Crítica por la ausencia de mujeres

Desde 1862 sólo hubo tres mujeres que integraron la Corte Suprema: Margarita Argúas (1970-1973), Elena Highton de Nolasco (2004-2021) y Carmen Argibay (2005-2014). No hay un cupo femenino establecido por ley, pero el decreto 222/2003 establece que “resulta necesario tener presente, a la hora del ejercicio de tal facultad, las circunstancias atinentes a la composición general del Alto Cuerpo en cuanto a diversidades de género, especialidades profesionales e integración con un sentido regional y federal”. Argentina sería el único país de Latinoamérica sin una mujer en la Corte Suprema.

La crítica por la decisión de que ninguno de los dos nombres para formar parte de la Corte Suprema sea mujer no tardaron en llegar. La Asociación de Mujeres Jueces de Argentina (AMJA) publicó un comunicado donde le solicita al presidente que “en el ejercicio de su atribución conforme el art. 99 inc. 4° de “nombrar los magistrados de la Corte Suprema”, dé pleno cumplimiento a los mandatos constitucionales, convencionales y reglamentarios argentinos que garantizan la igualdad entre varones y mujeres”.

Ellas, además, señalaron lo expuesto por el preámbulo de la “Convención contra toda forma de discriminación contra la Mujer”, instrumento que tiene jerarquía constitucional gracias al artículo 75, inciso 22. Allí dice que “la máxima participación de la mujer en todas las esferas, en igualdad de condiciones con el hombre, es indispensable para el desarrollo pleno y completo de un país, el bienestar del mundo y la causa de la paz”.

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