Primero en Puente Saavedra, en el límite entre la Provincia y la Ciudad de Buenos Aires. Luego en el Puente Pueyrredón, emblemático cruce en la zona sur porteña, donde la historia argentina de las luchas populares tiene un símbolo destacado. Ahí se vio la constatación efectiva de esa frase que advierte que el ajuste no cierra sin represión.
La convocatoria, que había sido anunciada hace 10 días, fue motorizada por un muy amplio abanico de organizaciones e incluyó a Libres del Sur, cuya referente territorial Silvia Saravia aseguró que “tenemos una inflación que no para, se han deteriorado todos los ingresos de todos, de los jubilados, de quien tiene una asistencia social”.
La situación de los comedores, urgente y necesaria, también mereció una reflexión por parte de Saravia quien dijo al Gobierno esto “no solo se lo hemos dicho nosotros, se lo dijeron Cáritas, UNICEF y hasta el Fondo Monetario Internacional”.
“El hambre es un límite”, explicó Silvia Saravia al fundamentar el porqué de la convocatoria. La dirigente agregó que todas las medidas que llevan adelante desde el Gobierno “siguen empujando a una cantidad muy importante de la población de nuestro país a situaciones de pobreza e indigencia”.
Saravia reiteró que la asistencia a los comedores no llega: “Milei miente cuando dice que los comedores no existen y lo hace cuando dice que llegan los alimentos a los comedores”. En ese sentido desafió a “que vengan a decirnos eso en la cara, lo invitamos a que vaya a un comedor a hablar con la gente para que vea cuál es la realidad”.
Con respecto al “Protocolo” de las fuerzas de Seguridad, Saravia señaló que “Patricia Bullrich está más preocupada en montar un show que en realmente dar respuesta a las situaciones de inseguridad que atravesamos en todo el país”. “Sería bueno que hagan todo eso contra el narcotráfico, que sigue avanzando en nuestros barrios, a la par de la crisis que se profundiza”, agregó.
Los reclamos de la Jornada Nacional
Uno de los reclamos centrales es el de alimentos para los comedores y merenderos comunitarios, que por decisión de la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, fueron desprovistos de la entrega de insumos desde el 10 de diciembre.
Los cortes se hicieron de manera simultánea en todas las provincias del país y la Ciudad y el Protocolo Antipiquetes estuvo bajo el comando de manera unificada entre la cartera de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, en conjunto con el Ministerio de Seguridad porteño.
Además del tema de los comedores, se desarmó el plan Potenciar Trabajo, entre enero y febrero produjeron la baja de casi 50 mil beneficiaries. Todo eso en el marco de la licuación de los montos, con el desacople del Salario Mínimo Vital y Móvil (SMVyM), de la extinción del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU), una ley destinada a realizar obras en los 4400 barrios populares de toda la Argentina.