De cara a las elecciones presidenciales, y ante la profunda crisis climática y ambiental, numerosas Organizaciones de la Sociedad Civil convocan a candidates de todos los partidos a trabajar en temas ambientales. Quien asuma la presidencia en diciembre deberá impulsar y mejorar medidas que potencien el desarrollo sostenible de la sociedad.
Esta iniciativa está impulsada por la urgencia y la necesidad de ordenar las actividades humanas para minimizar la transformación de la naturaleza. En ese sentido, evitar la degradación de los ecosistemas naturales y promover la restauración de ambientes, son asuntos que debe abordar el próximo presidente. Otros aspectos que tendrá que considerar es acelerar la transición energética hacia energías renovables.
Una amplia lista de organizaciones adhieren a este documento encabezada por la Asociación para la Conservación y el Estudio de la Naturaleza, Aves Argentinas, Banco de Bosques y Eco House. También FIBO – Alma Nativa, Fundación Avina, Fundación Biodiversidad Argentina y Fundación Cambio Democrático.
Además cuenta con el apoyo de Fundación Humedales, Fundación Natura Argentina, Fundación Nueva Generación Argentina y Fundación Patagonia Natural. Fundación para el Desarrollo en Justicia y Paz, Fundación Temaikén, Fundación Vida Silvestre Argentina también son parte. Por último, lo avalan Fundación YUCHAN, Jóvenes por el Clima y WCS Argentina.
Los temas ambientales en agenda presidencial
Dentro de los temas ambientales a tratar por el futuro mandatarie se encuentra mejorar la implementación de la Ley de Bosques Nativos N° 26.331. Deberá considerarse la ampliación de superficie protegida, sobre todo en la región chaqueña. En esa línea, resulta fundamental detener la deforestación ilegal.
Además, las leyes de Presupuestos Mínimos de Áreas Protegidas y “Presupuestos Mínimos de Otras Medidas de Conservación Basadas en Áreas (OMECs)”, tendrán que sancionarse. Esto en cumplimiento con los compromisos asumidos concernientes al Convenio de Diversidad Biológica.
Por otro lado, se deberá desarrollar un nuevo marco legal que garantice la creación de un Fondo Nacional para las áreas que integran el Sistema Federal de Áreas Protegidas (SIFAP). El mismo incluye sus diversas categorías de conservación y esquemas de gobernanza.
A su vez, solicitan la sanción de la Ley de Presupuestos Mínimos de Diversidad Biológica con especial foco en la restauración de ecosistemas y en modelos de desarrollo regenerativo. También promueven la Ley de Presupuestos Mínimos para la conservación y uso sustentable de los humedales, que deberá contar con el consenso social necesario para facilitar su implementación y analizar alternativas similares para los pastizales naturales.
Acerca de los residuos, proponen impulsar la prohibición del descarte en la actividad pesquera. Como así también sancionar una Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos, que incluya la eliminación de los plásticos de un solo uso. Esta última tendrá que abarcar un presupuesto adecuado para la infraestructura ambiental y promoción de la economía circular.
Más regulación legal
Otra de las leyes que tendrán que estar en agenda son la Ley de Presupuestos Mínimos de Evaluación Ambiental y la Ley de incentivos a modelos regenerativos y sostenibles. Ésta incluye la restauración ambiental y la actualización de las normativas de fomento a la ganadería ovina y caprina para garantizar el cumplimiento de la Ley de Conservación de la Fauna.
Asimismo, otro asunto a tratar es el control con mayor efectividad del uso racional de agroquímicos, junto con la transición al uso de bio insumos y productos agropecuarios con certificación ambiental.
Una de las propuestas es incorporar en el Código Penal un título ambiental o sancionar una Ley sobre Delitos Ambientales, para garantizar el cumplimiento del Acuerdo de Escazú en materia ambiental y de derechos humanos. Respecto de las actividades extractivas, promueven la implementación de regulaciones y protocolos que minimicen los impactos socio-ambientales, en especial sobre la minería de litio y la explotación de hidrocarburos. Además de la fiscalización gubernamental, deberá participar la sociedad civil organizada.
Por último, solicitan implementar la Estrategia Nacional de Adaptación y Mitigación al Cambio Climático que garantice el logro de la carbono neutralidad en 2050. Esto incluye la transición energética justa con reducción de la dependencia a los hidrocarburos y el aumento de la participación de energías renovables en la matriz energética. También la eficiencia energética, la implementación de la Ley de Energía Distribuida y el cierre paulatino de centrales térmicas.
