lunes 29 de abril de 2024

El caso de la niña Dulce: una odisea legal de 5 años en busca de justicia

En diálogo con Nota al Pie, la madre de la víctima denunció violencia institucional y económica por parte de entidades gubernamentales salteñas y el progenitor, quien se encuentra imputado por abuso sexual.
Madres Protectoras Salta Credito LV12
El padecimiento de Yanela Barrios comenzó dos años antes del inicio del proceso judicial por el caso de su hija, cuando sufrió violencia de género y abuso sexual por parte del imputado. Crédito: LV12.

El próximo 5 de octubre se realizará en la Sala N° 1 de Tribunales de la provincia de Salta el juicio por el caso de la niña Dulce. Su progenitor, se encuentra imputado por el delito de “abuso sexual con acceso carnal” y “abuso sexual gravemente ultrajante, agravado por el vinculo”. 

Además, el mismo tiene varias denuncias por violencia de género contra la madre de la niña, Yanela Barrios, quien desde el último tiempo viene denunciando las constantes trabas desde el Poder Judicial salteño para que la causa avance de forma correcta. 

A ello se suma un reciente comunicado de militantes feministas, en el cual explicaron cómo inició el camino tortuoso que viven Barrios y su hija ante la Justicia provincial de Salta. 

En diálogo con Nota al Pie, Barrios se refirió al caso de su hija y denunció que entidades gubernamentales de Salta pusieron trabas en el proceso judicial. 

Dulce
A partir del caso de su hija, Yanela Barrios conformó una organización para acompañar a las víctimas de abuso sexual. Crédito: Voces criticas.

El caso Dulce y la búsqueda de justicia

Yanela Barrios lleva cinco años en busca de Justicia, ya que, dos años antes del inicio del proceso judicial por el caso de su hija, ella también fue víctima de violencia de género y abuso sexual por parte del imputado. 

En junio de 2020, Dulce comenzó a manifestar los abusos que transitaba por parte de su progenitor. Fue en ese momento cuando su madre decidió llevarla al hospital, donde se activó el protocolo Interinstitucional de Actuación en Casos de Abuso Sexual lnfantil (A.S.I). Sobre esto, Barrios comentó que fue la única instancia que se activó de manera inmediata. 

A su vez, la entrevistada relató que, cuando se las citó para la primera Cámara Gesell, las hicieron esperar tres horas y media. A raíz de ello, la niña de 3 años se quedó dormida y no fue posible reunirse con el personal correspondiente. 

En tanto, el abogado que por entonces tenía Barrios pidió que se realice una reunión en circuito cerrado, pero la fiscal de la causa no accedió, excusándose en la pandemia. Como consecuencia, la Cámara Gesell se terminó realizando después de un año. 

Mientras transcurría todo ese tiempo, la madre de la niña comenzó a tener causas. Esto debido a que el padre solicitaba tener el cuidado personal de la menor bajo el argumento de que Barrios impedía el contacto. 

En ese mismo periodo, comenzó a acrecentarse el hostigamiento por parte de la familia del imputado para que Barrios no continúe con la causa, ya que consideraban que todo era un invento. Esto último también llevó a un intento de  desalojarlas del domicilio en el que se encuentran. 

Dulce
En muchas de las provincias del norte el tráfico de influencias y la violencia institucional es habitual. Crédito: Justicia por Dulce.

Tráfico de influencias

Después que se llevó a cabo la última Cámara Gesell, se imputó al progenitor y la fiscalía pidió su detención. Sin embargo, esto no fue ejecutado por el Juzgado de Garantías, institución que, además, le otorgó al agresor permisos para ir de vacaciones. Sobre esto, Barrios aseguró que el imputado continuó con su vida normal.

En ese aspecto, la madre de la niña afirmó que el imputado tiene familiares y contactos en el Poder Judicial  de Salta, quienes cooperan para que las cosas salgan a favor de él. 

“La madre es puntera política relacionada con un ministro de Salta. La tía está en la Corte Judicial. Él tiene contacto con los jueces y fiscales porque se manejan dentro del mismo círculo”, dijo Barrios, quién, a su vez, agregó que el grado de corrupción en Salta es extremo. 

Barrios denunció así que durante los últimos años el sistema judicial la hostigó con la persecución constante a través de varias pericias psicológicas y psiquiátricas. Todo esto después de haber hecho público el caso de su niña en los medios. 

“Hace poco estaba siendo investigada por una fiscalía especializada en delitos porque yo no llevaba a la nena a la psicóloga. La realidad es que la llevaba, pero en el sistema público siempre están de licencia”, denunció Barrios. 

La entrevistada también comentó que continúan con la criminalización por el hecho de no conseguir un psicólogo en el sistema público, al cual no puede acceder por cuestiones burocráticas. 

Por último, relató que tuvo que enfrentarse a un juicio sola, sin ningún abogado porque el que tenía fue comprado. Y fue a partir del programa PatrocinAR que pudo acceder a una defensa. 

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