Hace dos semanas, comunicamos la noticia de que el juez a cargo del concurso preventivo de Vicentín, Fabián Lorenzini, había rechazado la homologación de la propuesta de pago de la agroexportadora. De esta forma, dio inicio al proceso de concurrencia, salvataje o cramdown.
La oferta de Vicentín para saldar las deudas de más de 1570 millones de dólares y evitar la quiebra, consiste en el pago en un plazo de 12 años a algunos de sus acreedores, y un plazo de 56 años al principal acreedor, el Banco de la Nación Argentina (BNA).
El juez la rechazó porque no dejaba pautas claras para el pago de las deudas, ni contemplaba un plan de reorganización empresaria para conservar la producción y los puestos de trabajo. Entonces, comenzó el proceso de cramdown, por el cual los acreedores podían presentar ofertas para hacerse cargo de las deudas y la administración de la cerealera.
En consecuencia, la empresa concursada apeló la resolución de Lorenzini. Ahora, la Cámara de Apelaciones de la ciudad santafesina de Reconquista falló a favor suyo y suspendió el cramdown, por lo que Vicentín podrá seguir imponiendo sus condiciones en las negociaciones con los acreedores.
El argumento de la Cámara de Apelaciones
La Cámara de Apelación en lo Civil, Comercial y Laboral de la Cuarta Circunscripción Judicial dio lugar a la apelación de Vicentín y le otorgó un cambio de efecto al recurso, siendo ahora suspensivo del periodo de concurrencia.
Esta novedad en el concurso preventivo de Vicentín significó un revés a los acreedores, los cuales frente a la falta de una propuesta de pago favorable, ya estaban preparando sus ofertas para adquirir parte de las acciones de la empresa.
Según circuló, Vicentín insiste en seguir negociando para favorecer los intereses de la empresa internacional de agronegocios Bunge y Viterra, que tendría la intención adquirir las acciones y el manejo de la cerealera santafesina.
Esta situación es la que busca evitar el gobierno nacional. Con la iniciativa del presidente Alberto Fernández, el BNA tiene el objetivo de adquirir parte de las acciones, en asociación con otros acreedores como AFIP (Administración Federal de Ingresos Públicos) y el Banco de la Provincia de Buenos Aires, para crear una empresa mixta.
Vicentín y el fraude al Estado
Vicentín es un conglomerado dedicado a la producción y exportación de productos primarios. Entre 2015 y 2019, el gobierno de Mauricio Macri autorizó préstamos por 300 millones de dólares, sin garantía de cancelación, a través del BNA. El grupo empresario entró en cesación de pagos en 2019, y el macrismo continuó otorgándole crédito.
Por esta razón, quien entonces se encontraba al frente de la entidad cancaria nacional, Javier González Fraga, fue imputado por el fiscal federal Gerardo Pollicita, por “la posible existencia de una maniobra por la cual se habría perjudicado al Estado Nacional a través del otorgamiento irregular de préstamos”.
Es por esto que el gobierno del Frente de Todos impulsó en el 2020 un proyecto de intervención y posible expropiación de la cerealera. Frente a la resistencia de diversos sectores, se dio marcha atrás con la iniciativa y decidieron avanzar por la vía judicial.
Frente a las novedades en la causa, el economista Claudio Lozano declaró que “una vez más, distintos estamentos del Poder Judicial acceden a los pedidos de Vicentín con el objeto de dilatar la situación y posibilitar que se consuma el fraude monumental sobre el Banco Nación y el conjunto de los argentinos”.