Se cumplió un nuevo aniversario desde la última Reforma Constitucional de la Nación en la ciudad de Santa Fe.
Tras la recuperación de la democracia en 1983 y dejar atrás las sangrientas dictaduras, hubo un acuerdo democrático denominado Pacto de Olivos. El mismo fue en 1993 entre el entonces presidente Carlos Saúl Menem y el anterior mandatario, Raúl Alfonsín.
De este modo, los dos espacios más representativos de la época como el Partido Justicialista y la Unión Cívica Radical impulsaron la Reforma Constitucional para votarse en la asamblea constituyente que derivó en la sanción de la misma el 22 de agosto de 1994.
La Constitución argentina original data de 1853 y es la que sentó las bases jurídicas de la Nación, con actualizaciones que fueron adecuándose a los tiempos vividos.
La primera reforma llegó en 1860, la cuál finalizó con la separación de la Confederación y la Provincia de Buenos Aires, lo que derivó en la actual República Argentina.
Para 1866, se realizó la segunda reforma bajo la presidencia de Bartolomé Mitre, para que los ingresos de la aduana de Buenos Aires pasen a ser patrimonio de toda la nación.
La tercera modificación a la Carta Magna fue en 1898 durante el mandato de José Evaristo Uriburu. En la misma como principal agregado, se sumaron tres ministerios a los ya cinco existentes.
De la mano de Juan Domingo Perón llegó la reforma de 1949 que fue la que introdujo los derechos denominados de segunda generación, entre los que figuran los económicos, sociales y culturales.
El golpe de Estado de la autodenominada Revolución Libertadora de 1955 derogó la reforma un año después, con Pedro Eugenio Aramburu al frente. En 1957 implementaron una nueva versión en la cual se añadió el artículo 14 bis que contempla el derecho al trabajo y de la seguridad social, entre otros.
Finalmente, y tras reiterados gobiernos militares que violaron los derechos humanos con crímenes de lesa humanidad, se llegó a un acuerdo en democracia para dictar una nueva Constitución.
La Reforma Constitucional de 1994
Tras la última reforma de bajo gobierno militar de la Revolución Libertadora, y tras la recuperación de la democracia en el país, llegó la nueva y última reforma constitucional a nivel nacional.
La misma se produjo el 22 de agosto de 1994, en la ciudad de Santa Fe, cuando Carlos Saúl Menem era el presidente.
Las reformas fueron varias y abarcaron un amplio abanico de aspectos, tanto a lo que refiere a derechos como a la organización de los poderes.
Una de las medidas fue acortar los mandatos presidenciales de seis a cuatro años, con posibilidad de una reelección. A su vez, se buscó reducir el hiperpresidencialismo para lo cuál se creó la figura del Jefe de Gabinete de Ministros.
Además, se implementaron controles cruzados sobre el Poder Ejecutivo con la creación de la Auditoría General de la Nación, y la Defensoría del Pueblo, entre otros.
También se añadió la posibilidad del ejecutivo para legislar a través de Decretos de Necesidad y Urgencia (DNU).
Por otra parte, se creó el Consejo de la Magistratura de la Nación para nombrar jueces. Y respecto a la designación de jueces de la Corte Suprema, se añadió el requisito necesario de una mayoría de dos tercios del Senado.
En tanto a lo que son tratados internacionales de derechos humanos, los mismos pasaron a tener rango constitucional.
En materia de otros derechos, se consagró el de un medio ambiente sano y la utilización racional de los recursos naturales. También el derecho de los pueblos indígenas.
Se destaca la autonomía de la Ciudad de Buenos Aires, por lo que desde 1996 les pobladores eligen a sus autoridades.
La Constitución en deuda
La Carta Magna vigente desde 1994 coronó diferentes derechos para las personas que habitan el territorio argentino.
Algunos de esos puntos, tales como el derecho al medio ambiente sano y el de los pueblos originarios quedan un tanto difusos.
Por un lado, en la CN existe el artículo 41 el cual cita: “Todos los habitantes gozan del derecho a un ambiente sano, equilibrado, apto para el desarrollo humano y para que las actividades productivas satisfagan las necesidades presentes”. Sin embargo añade que ello deberá llevarse a cabo “sin comprometer a las generaciones futuras” con el deber de preservación.
Y detalla que “Las autoridades proveerán a la protección de este derecho, a la utilización racional de los recursos naturales, a la preservación del patrimonio natural y cultural y de la diversidad biológica, y a la información y educación ambientales”.
En este sentido, toma relevancia la explotación de litio tan presente en esta época, al igual que con la megaminería. Existe una contradicción entre hechos y normativa.Por otro lado, si bien la CN habla de los derechos de los pueblos originarios, estos no son tratados como supone la Carta Magna. En particular en Jujuy, Gerardo Morales aprobó una Constitución Provincial que arrasa con lo que son las tierras indígenas.