El lunes 29, el presidente Javier Milei, junto a la secretaria de la Presidencia, Karina Milei, y la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich, recibió en el puerto de Buenos Aires al buque US Cutter James de la Guardia Costera de Estados Unidos, con el objetivo de “mejorar la seguridad marítima y combatir la pesca ilegal no declarada y no regulada”. La principal controversia de esta visita es que no contó con la aprobación del Congreso Nacional requerida por la Ley 25.880 que regula el ingreso de personal militar extranjero a Argentina.
Este es un nuevo gesto del Presidente con el país norteamericano que tanto admira, que se suma al acuerdo que permite que militares estadounidenses se instalen en la hidrovía Paraná-Paraguay y la base naval conjunta en Ushuaia que anunció a comienzos del mes con la jefa del comando sur de Estados Unidos, Laura Richardson.
En un comunicado, la Embajada de Estados Unidos destacó que el buque Cutter James (WMSL 754) de la Guardia Costera de EE.UU tiene una dotación de 150 hombres y mujeres y señaló que “la tripulación está dedicada a misiones que incluyen el combate al tráfico de drogas y la vigilancia de actividades de pesca ilegal, no reportada y no regulada en el Atlántico”.
Arribo ilegal
La Ley 25.880 se sancionó y promulgó en 2004 para “fijar el procedimiento conforme al cual el Poder Ejecutivo debe solicitar al Congreso de la Nación la autorización establecida en el artículo 75 inciso 28 de la Constitución Nacional, para permitir la introducción de tropas extranjeras en el territorio de la Nación”.
A su vez, en el artículo 3 especifican que, dentro de “tropas extranjeras”, se encuentran las Fuerzas Armadas de países extranjeros y las instituciones de países extranjeros cuya misión y/o funciones y/o estructura fueran similares a los de las fuerzas de seguridad del Estado nacional.
El buque es de la Guardia Costera, que tiene la misma misión que la Prefectura Naval, por lo que entraría en la ley. Pese a eso, según informó el periodista Raul Kollmann en Página 12, transmitieron que “como se trata de un buque que no es militar, sino de guardia costera, no se requiere la autorización”.
El error lo habría cometido la ministra Patricia Bullrich, que notificó de su ingreso al Congreso el 9 de abril, pero no les pidió la autorización necesaria. Si bien presentaron el pedido a la Comisión de Seguridad Interior, allí alegaron que no era su competencia, por lo que el trámite pasó a la Comisión de Defensa, pero el Congreso nunca produjo la autorización.
La ministra firmó un comunicado diciendo que el buque viene por “cuestiones protocolares y adiestramientos” cuando, en realidad, de acuerdo al comunicado de la Embajada, vienen a realizar ejercicios conjuntos, que no es una cuestión protocolar.
Una situación muy parecida sucedió en el paso del navío por Uruguay, cuando diputados del Frente Amplio denunciaron que el buque Cutter James había ingresado ilegalmente al país porque “no tiene aval parlamentario que requiere por Constitución”.
Finalmente, el Ministerio de Defensa uruguayo admitió el error y escribió en un comunicado: “Debido a un error de procedimiento y ante la imposibilidad material de poder completar el correspondiente trámite parlamentario, se dejó sin efecto cualquier actividad de índole militar que dicho buque pudiera realizar en coordinación con las Fuerzas Armadas”.