El voto en la cárcel ha generado un intenso debate en los últimos tiempos en Argentina. La Cámara Nacional Electoral hizo efectiva en el año 2003, la derogación del Artículo 3 inciso “D” de la Ley 25.858, donde garantiza “el derecho constitucional a sufragar a las personas detenidas sin condena”.
Desde Nota al Pie analizaremos los puntos clave de la resolución y proporcionaremos una visión general de la situación actual, teniendo en cuenta las estadísticas de la población carcelaria del Servicio Penitenciario Provincial (SPP) como del Servicio Penitenciario Federal (SPF).
¿Qué diferencias hay entre el SPP y el SPF?
El Servicio Penitenciario Federal (SPF) es una institución del Estado Nacional que tiene a su cargo el gerenciamiento y la administración de los establecimientos penitenciarios y la ejecución de los programas criminológicos.
En ese sentido, quienes llegan al SPF son les detenidos por infracciones federales, es decir, por secuestros, narcotráfico, terrorismo, conspiración, etc. Según el último censo realizado en el 2021, nuestro país cuenta con 34 cárceles federales contra 316 establecimientos penitenciarios provinciales.
Por otro lado, tanto el Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB) como el Servicio Penitenciario Provincial (SPP), alberga personas que hayan cometido Delitos No Federales In Situ. Las estadísticas muestran que, en total, entre ambos establecimientos hay un total de 101.267 detenidos.
Sin embargo, el total de les detenides en el SPP es de 89.981 mientras que, el del SPF es de 11.286. Casi la mitad de les detenides, un total de 51.444 se encuentran en la provincia de Buenos Aires.
El 95,4% son varones mientras que el 4,4% son mujeres, además, el 0,15% son mujeres trans y el 0,20% hombres trans. Si se analizan los últimos 10 años, la población carcelaria aumentó un 68,4% siendo así que, en el año 2011 había 60.106 detenides y en el 2021 (último censo) 101.267.
El derecho a votar
Según los datos más recientes del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, el país cuenta con una población carcelaria de aproximadamente 101.267. Esta cifra evidencia la relevancia del debate sobre el voto en la cárcel y su impacto potencial en los resultados electorales.
La Cámara Nacional Electoral, el máximo órgano de la justicia electoral en Argentina, dictó con la derogación del Artículo 3 inciso “D” las pautas sobre el ejercicio del voto por parte de las personas detenidas.
Según la resolución, les detenides que cumplen ciertos requisitos, como la inscripción en el padrón electoral, conservan su derecho a votar. Esta medida busca garantizar la participación ciudadana y el respeto de los derechos políticos de todos los ciudadanos, incluso aquellos que se encuentran privados de libertad.
Por otra parte, el ente electoral explica que: “El 28 de septiembre de 2006, se publicó en el Boletín Oficial el decreto 1291, que reglamentó la ley 25.858, estableciendo la forma en la que las personas privadas de libertad sin condena podrían ejercer su derecho al sufragio”.
No obstante, el tema del voto en la cárcel ha sido objeto de críticas y debates acalorados por los diversos partidos políticos al momento de las elecciones. Los detractores de esta medida argumentan que les detenides “no deberían tener el privilegio de influir en el proceso democrático ya que han violado las leyes y no han respetado los derechos de los demás”.
Sin embargo, bajo la reglamentación de las leyes argentinas, la Cámara Electoral dice que les electores en calidad de procesados votan mediante el sistema de boleta única y se le adjudican los votos según el último domicilio que figura en el documento.
En el ámbito internacional, el voto en la cárcel ha generado diversas posturas. En países, como España, gracias a la reforma del Código Penal, se les permite el voto de les detenidos, aunque el mismo se ejerce por correo. En Estados Unidos, por ejemplo, se prohíbe en la mayoría de los estados.
El proceso electoral en argentina
El Código Nacional Electoral reconoce el derecho a votar a las personas procesadas que se encuentren cumpliendo prisión preventiva. El término “Prisión Preventiva” refiere al proceso de detención de un detenido acusado de un delito y que se encuentra a la espera de una sentencia.
Ahora bien, la norma establece que “si la persona procesada está detenida en un distrito electoral diferente al que le corresponde por su domicilio registrado, votará en el establecimiento donde se encuentra alojada y el voto se computará para el distrito donde está empadronada”.
Igualmente, para poder ejercer el derecho a votar, les detenides deberán estar incluidos en el Registro de Electores Privados de Libertad, que elabora la Cámara Nacional Electoral.
Ahora bien, la población carcelaria que se encuentre en situación de prisión preventiva, votará en las unidades carcelarias que se encuentre alojado. En ese sentido, la votación se realiza mediante una boleta única que es idéntica para todas las cárceles.
Como se mencionó anteriormente, dependiendo el lugar alojado, se elegirán los candidatos de dicho distrito. Asimismo, “tiene tantas divisiones iguales como agrupaciones políticas compitan y esas divisiones contendrán el nombre y número de identificación de la agrupación política, ordenados de manera creciente, y un espacio para la emisión del voto”.
Una vez que la autoridad de mesa le otorgue al elector la boleta oficial firmada, el detenide deberá ingresar al cuarto oscuro para marcar al candidato y/o agrupación que desee.