El organismo público de Derechos Humanos presentó su 15° informe sobre lugares de encierro, políticas de seguridad, salud mental y niñeces en la provincia de Buenos Aires. En él se detalla que en el último tiempo bajaron los delitos pero aumentaron las detenciones y la violencia policial.
Se ha de destacar que en la actualidad el Estado busca combatir el Covid-19 y garantizar las condiciones necesarias para evitar contagios y la propagación del virus. Sin embargo, muchas de las políticas públicas llevadas adelante durante el 2020 en tema de seguridad sanitaria, por ejemplo el Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio (ASPO), condujeron a mantener el crecimiento de la población penitenciaria. En el periodo antes mencionado se arrestó 410.088 personas.
Algunos datos interesantes a tener en cuenta con respecto a las detenciones, es que las comisarías tuvieron los índices más altos en los últimos 15 años y que de les 410 mil arrestades, sólo 37.607 (9,2 %) fueron por imputación de un delito.
A estas cuestiones se le suma la marcada crisis del sistema penal. Desde los últimos cuatro años se evidencia un crecimiento sostenido de población carcelaria que deriva en hacinamientos y exposición a condiciones insalubres.
Con respecto a esto Adolfo Pérez Esquivel, presidente de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), informó que: «Hay problemas estructurales, que no son responsabilidad del actual gobierno, pero el gobierno tiene la responsabilidad de cambiarlo: la superpoblación y el sistema de tortura en las unidades penitenciarias y comisarías».
La realidad que hay que enfrentar
En los primeros meses del año la Corte Suprema de Justicia de la Nación reconoció la situación de la sobrepoblación carcelaria en Argentina e indicó tomar medidas al respecto. El motivo es que en el sistema carcelario se presentan condiciones de hacinamiento además de una serie de violaciones y tratos denigrantes a las personas que se encuentran privadas de su libertad.
Asimismo, la pandemia dejó al descubierto las malas condiciones edilicias de las instituciones penitenciarias y comisarías que muchas veces derivan a una mayor exposición a enfermedades e infecciones. Por dicho motivo, desde el CPM se plantea la necesidad de pasar el sistema de salud penitenciario al sistema de salud de la provincia.
Por otro lado, otra cuestión que entra en juego sobre las condiciones en los lugares de encierro es la presencia de la implementación de sistemas de torturas que atentan contra la integridad física y violan los Derechos Humanos de las personas privadas de su libertad.
En relación a lo antes expuesto, se debe tener en cuenta para observar la forma de actuar de las fuerzas de seguridad, que durante los cuatros años anteriores a este gobierno operaron bajo la doctrina Chocobar. Además, durante el 2020 la utilización de la fuerza y la violencia para hacer cumplir el ASPO, fue una estrategia avalada por el Estado.
En relación a esto Víctor De Gennaro, vicepresidente de CPM expresó durante la presentación del informe que: «Necesitamos que en la seguridad pública seamos capaces de elegir la vida y no la represión que trae muerte. Nos ponemos a disposición de las autoridades y la comunidad para construir ese Nunca Más en la seguridad popular”.