martes 16 de abril de 2024

Repudio generalizado contra la gestión de Morales en Jujuy

Luego de la firma del decreto 8464 con el que el gobernador buscó criminalizar la protesta social, se intensificaron los reclamos tanto de los gremios de la educación como de las organizaciones sociales. Aunque Morales afirmó que derogará la resolución, también amenazó a les docentes que están de paro.
Morales
Continúan las movilizaciones que encabezan les docentes por una recomposición salarial y por el rechazo a la criminalización de la protesta. Crédito: jujuyalmomento.com

El gobierno provincial de Gerardo Morales en Jujuy está acorralado ante las movilizaciones generalizadas tras su intención de reformar la Constitución provincial y criminalizar la protesta.

Al mismo tiempo, continúa el paro docente por tiempo indeterminado con un plan de lucha durante toda la semana que contempla permanencia en las rutas, radios abiertas, cacerolazos y marchas de antorchas. Prevén culminar el viernes con un paro provincial estatal con movilización.

El eje del reclamo en educación nace a partir del pedido de una recomposición salarial arriba de la Canasta Básica, tal como se cerró la semana pasada con una marcha de antorchas por las calles de San Salvador de Jujuy.

En el medio, y como respuesta, el Gobierno jujeño busca reformar parcialmente la Constitución y acelerar el decreto que avala la criminalización de la protesta.

Como consecuencia, esta semana inició con protestas bajo la consigna “Arriba los salarios, abajo la reforma” en el marco de un paro provincial que incluye a todos los gremios estatales. Los mismos cuentan con el apoyo de organizaciones sociales, políticas y de derechos humanos.

A su vez, también se realizó una movilización en la Casa de la Provincia de Jujuy de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA) por parte de les docentes agremiados en la Confederación de Trabajadores de la Educación (CTERA). Por su parte, el Frente Trabajo y Dignidad Milagro Sala se concentró en el Obelisco.

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El gobernador Gerardo Morales busca modificar la Constitución de Jujuy ante la resistencia de trabajadores, sindicatos y organizaciones sociales. Crédito: agritotal.com

El decreto que criminaliza la protesta

El viernes pasado, tras la masiva movilización en la capital jujeña, el gobernador firmó el Decreto 8464 que modifica el Código Contravencional de Jujuy. Bajo el título “Derecho a la Paz Social y la Convivencia Democrática Pacífica”, busca amedrentar los reclamos en las calles.

En su artículo 1° establece que “serán sancionados con hasta mil Unidades de Multa (1.000 UM), quienes permanezcan en espacios públicos, alterando el orden, obstaculizando la libre circulación vehicular y/o peatonal, causando temor en la población o limitando ilegítimamente y de cualquier modo el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

Respecto a la intervención, señala que “la fuerza policial deberá intimar a los supuestos infractores para que desocupen el lugar en forma inmediata y permitan el libre ejercicio de los derechos de los ciudadanos”.

En esa línea, determina que en caso de resistencia “el representante del Departamento Contravencional los intimará para que de inmediato procedan a dispersarse para restablecer el orden y la normal circulación vehicular y peatonal”.

Además, este decreto contempla la posibilidad de cesantear a empleades públicos que realicen protestas de manera reiterada.

En las últimas horas de este martes, y en medio de las intensas medidas de fuerza que provocó la búsqueda de criminalizar la protesta, el gobernador Morales anunció en conferencia de prensa que derogará el decreto 8458. “Me comprometo a derogar ese decreto”, sostuvo.

Aún así, redobló la apuesta al amenazar a les docentes si no levantan el paro para el próximo miércoles. “Si mañana no vuelven al trabajo le vamos a descontar todos los días de huelga y le vamos a descontar el presentismo que está cerca de los 20 mil pesos”, remarcó. También dejó en claro que no pretende volver a negociar con los gremios si persiste el conflicto.

De igual manera, insistió con que la reforma de la Constitución sigue en marcha, lo que deja entrever que las protestas están lejos de finalizar.

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CTA-A, CTERA, APDH y diversas organizaciones sociales y sectores políticos se pronunciaron en contra de las intenciones de Morales por modificar la constitución jujeña. Crédito: eldiarioar

El amplio repudio a la gestión de Morales

Varios sectores son los que apoyaron los reclamos docentes en Jujuy y que, a su vez, rechazaron la intención de una reforma constitucional provincial.

La Central de Trabajadores Argentinos (CTA-A), la mencionada CTERA y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) fueron algunas de las más importantes adhesiones a las protestas.

La CTA-A, conducida por Hugo “Cachorro” Godoy, elevó una denuncia hacia el gobernador Gerardo Morales ante la Organización Internacional del Trabajo (OIT) por “violación de convenios internacionales”.

A partir de la firma del decreto 8464, la Central advirtió que pueden haber “peligrosas consecuencias” a partir de habilitar la represión, multas e inhabilitaciones.

Por su parte, CTERA publicó un comunicado en el que exigen un aumento de salarios para la docencia en Jujuy, al mismo tiempo que rechazaron el decreto 8464 que “atenta de manera directa contra la Constitución Nacional”.

Desde el gremio agregaron que “es una muestra más de que el Gobierno provincial de Jujuy lleva adelante una política autoritaria, antidemocrática, y que viola el derecho a huelga de las trabajadoras y trabajadores”.

En tanto, la APDH se pronunció en un extenso escrito en el cual sostuvo: “Desde los comienzos del gobierno de Gerardo Morales en la provincia de Jujuy venimos denunciando la persecución a organizaciones sociales, que tiene como mayor ejemplo la prisión a Milagro Sala”.

Al mismo tiempo, señalan que desde ese momento buscan “limitar el derecho de las personas a manifestarse y protestar en el espacio público”, y agregaron que “existen innumerables ejemplos de militantes perseguidos con multas y encarcelamiento”.

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