Desde sus inicios el gobierno de Javier Milei viene golpeando a la población Argentina, esto incluyendo a su industria nacional. A partir del Decreto de Necesidad y Urgencia 70/2023 el gobierno libertario cercenó los apoyos hacia las industrias.
De esta forma, con el DNU se dio la derogación Ley de Compre Nacional, PRODEPRO, de la Ley 21.608 de promoción industrial, entre otras medidas.
Dicho contexto, más la inflación y la pérdida de poder adquisitivo por parte de les ciudadanes significó la baja de capacidad de compra y por ende, la recesión de la economía.
Sin embargo, el mileismo como caballo de carrera, continua con su afán de desregulación a través de una “nueva” Ley Bases que obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados y que se encuentra en tratamiento en el Senado.
Entre los diversos avasallamientos, el proyecto de ley apunta a establecer el Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI).
¿Qué es el RIGI?
El Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones, es una iniciativa del Gobierno Nacional, se encuentra contemplado en la Ley Ómnibus actualmente en debate. Esta medida busca fomentar la llegada de proyectos con un capital mínimo de U$D 200 millones. Las empresas que opten por invertir en el país recibirán beneficios tributarios y cambiarios, así como una estabilidad fiscal garantizada por 30 años. Esto significa que durante este período, los inversores estarán exentos de impuestos sobre importaciones y exportaciones de insumos y productos terminados, ya sean nuevos o usados.
Asimismo, en el artículo 210 de la Ley bases se establece que lo dispuesto en la ley con respecto al RIGI no podrá ser anulado. Esto implica que si de forma posterior el gobierno de turno nacional o provincial quiere anular el RIGI no se podría.
En ese sentido, el documento establece: “Cualquier norma o vía de hecho, nacional o local, por la que se limite, restrinja, vulnere, obstaculice o desvirtúe lo establecido en el presente Título, será nula de nulidad absoluta e insanable y la Justicia deberá, en forma inmediata, impedir su aplicación”.
Aunque el proyecto de ley no especifica qué sectores se beneficiarán del Régimen de Incentivo a las Grandes Inversiones (RIGI), el diputado Miguel Ángel Pichetto ha declarado que está destinado a la minería, petróleo y gas.
Por otro lado, los beneficios para los inversores incluyen la reducción del impuesto a las ganancias, exención del pago de tasa estadística e impuesto país, así como la no aplicación de percepciones de IVA y ganancias.
A su vez, entre los beneficios se incluyen la exención de derechos de importación para bienes de capital y la libre disponibilidad de divisas para exportaciones, con un esquema progresivo del 20% el primer año, 40% el segundo y 100% a partir del tercer año.
El impacto a la industria nacional
Según un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), la principal amenaza son las importaciones. El instituto sostiene que el régimen no presenta en ninguno de sus artículos iniciativas de protección del tejido productivo local.
Asimismo, tampoco contempla las desigualdades estructurales de la industria nacional, a esto se suma “los beneficios impositivos, fiscales y exenciones arancelarias para bienes y equipos que compiten directamente con la producción nacional”.
En ese sentido, el informe sostiene que al no haber una prohibición explícita en las importaciones de bienes industriales usados, la industria nacional estaría desprotegida y no podría competir con los precios. Esto llevaría a la destrucción de las pymes y la pérdida de puestos de trabajo.
La Asociación de Industriales Metalúrgicos de la República Argentina (ADIMRA) realizó estadísticas comparativas sobre cables eléctricos para distribución de energía, transformadores de distribución y equipos de proceso de acero inoxidable para petróleo y gas. Según los datos de ADIMRA, la pérdida de competitividad de las industrias nacionales sería del 22%, 16% y 36%, respectivamente. Por lo tanto, no podrían competir con los bienes importados.
Por su parte, el Secretario de Industriales Pymes Argentinos y empresario del rubro petrolero, Gustavo Castells, declaró que el régimen implica menos industria, menos desarrollo, más desempleo y pobreza.
Asimismo aseguró: “ El RIGI es la transformación de un país industrial en un país primarizado y de depredación de nuestros recursos naturales con severos problemas ambientales en los 30 años de estabilidad de los que gozaría”.
Efecto ambiental sin contemplación
Por otra parte, el RIGI no sólo impactaría en la industria nacional sino también en el ambiente. En esa línea, más de 50 organizaciones ambientales enviaron una carta a los legisladores exponiendo su oposición al régimen y de forma, consecuente a la Ley Bases. Pero también exigiendo que les senadores rechazen la Ley Bases.
La carta se encuentra firmada por: El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la asociación de Abogades Ambientalistas, la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), la Multisectorial Humedales, entre otras.
Las organizaciones sostienen que el proyecto de ley vulnera los principios de no regresión ambiental que se encuentran en el Acuerdo de Escazú. Esto debido a que el proyecto de ley propone una disminución en la protección ambiental.
Además, se ponen en alerta con respecto a las actividades económicas primarias y extractivistas, esto incentivado por el RIGI que apunta a la explotación de hidrocarburos que no contempla el impacto ambiental ni social en los territorios que se llevarían a cabo.
En ese punto, las organizaciones resaltan que el apartado que corresponde al RIGI no hay ningún tipo de obligación hacia las empresas para que realicen estudios de impacto ambiental ni la realización de evaluaciones de impactos acumulativos de los proyectos.
Al respecto las organizaciones declaran: “Para que Argentina sea una potencia mundial, es crucial fortalecer lo ya construido y no destruir los logros alcanzados hasta la fecha. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”.
En este sentido, las organizaciones advierten sobre las actividades económicas primarias y extractivistas, especialmente incentivadas por el RIGI, que apunta a la explotación de hidrocarburos sin contemplar el impacto ambiental ni social en los territorios afectados.
Destacan que en el apartado correspondiente al RIGI no se establece ninguna obligación para que las empresas realicen estudios de impacto ambiental ni evaluaciones de impactos acumulativos de los proyectos.
Sobre este tema, las organizaciones declaran: “Para que Argentina sea una potencia mundial, es crucial fortalecer lo ya construido y no destruir los logros alcanzados hasta la fecha. Cualquier intento de retroceder en los niveles de protección y conservación del ambiente debe ser considerado ilegal e inconstitucional”.