Las organizaciones sociales y sus referentes fueron víctimas de una serie de 27 allanamientos tanto en comedores comunitarios como en viviendas particulares, cuyos procedimientos estuvieron cargados de “violencias e irregularidades”, según afirmaron los movimientos populares.
Realizaron una conferencia de prensa frente al Congreso, para denunciar los hechos, las organizaciones sociales señalaron que muchos de los allanamientos se llevaron a cabo durante la madrugada y en presencia de niñes, con el claro objetivo de intimidar.
Estos operativos fueron ordenados por la justicia federal luego de una denuncia presentada por el Ministerio de Seguridad, liderado por Patricia Bullrich. La causa se inició tras la primera manifestación contra el gobierno de Javier Milei el 20 de diciembre.
El expediente se mantiene en secreto de sumario, por lo que se espera la información oficial. La investigación está a cargo del juez Sebastián Casanello y el fiscal Gerardo Pollicita, quienes indagan una presunta extorsión a beneficiarios de planes sociales.
Al mismo tiempo, avanza otra causa que busca garantizar que el Ministerio de Capital Humano del Gobierno Nacional cumpla con el suministro de alimentos para los comedores comunitarios.La semana pasada, se desarrolló una marcha de las organizaciones sociales por los recortes de la cartera que dirige Sandra Pettovello.
Organizaciones Sociales: “Es una campaña de difamación”
El gobierno de Javier Milei sigue apuntando sus esfuerzos contra las organizaciones sociales, incluso cortando el suministro crucial para la subsistencia de los comedores comunitarios.
En respuesta, los movimientos populares llevaron a cabo una conferencia de prensa frente al Congreso, denunciando ser víctimas de una persecución política.
«Con esta causa, pasará lo de siempre: una campaña de difamación para sembrar el miedo. De las acusaciones, no quedará nada», anticiparon en conjunto las organizaciones.
Respecto a los allanamientos, los calificaron de ser “exageradamente violentos”, algunos en horas de la madrugada y ante la presencia de niñes.
Uno de los que tomó la palabra fue el referente del Polo Obrero, Eduardo Belliboni, quien negó la existencia de amenazas a beneficiarios de planes sociales por no participar en movilizaciones. “Son mentirosos, unos ajustadores, a los que vamos a combatir en todos los terrenos”, expresó.
Y contó que uno de los allanamientos fue en el local de su organización en la Ciudad de Buenos Aires, donde los policías desconectaron las cámaras de seguridad al ingresar para no dejar rastros.
Otro que se pronunció de modo contundente fue el secretario general de la UTEP, Alejandro Gramajo: “Están limpiando el territorio para que se desarrollen las redes narcos”, apuntó.
“Hoy fue un amedrentamiento más, rompieron nuestras puertas, amenazaron a nuestras familias”, relató, al tiempo que reafirmó el compromiso: “No nos van a vencer, no nos van a quebrar, vamos a seguir organizados, peleando, defendiendo a nuestras familias”.
Por otra parte, Carlos Fernández del Frente de Organizaciones en Lucha (FOL) relató la violencia a la que fue sometido durante el allanamiento en su casa: “Vinieron a las cinco de la mañana, rompieron la puerta. En el caso de mi familia, nos tiraron al suelo y nos encañonaron”.
Contó que sus hijos estaban durmiendo al momento de la irrupción, y que se trató de un operativo “desmedido, con autos no identificados y con agentes de inteligencia”, según transcribió Página 12.
Avanza la causa contra el Ministerio de Capital Humano
En las últimas horas, se confirmó que la justicia va a tramitar con carácter colectivo la causa por la provisión de alimentos a comedores.
Mientras el gobierno de Javier Milei persigue a las organizaciones sociales, sigue en curso la demanda contra el Ministerio de Capital Humano. La misma fue impulsada por la Unión de Trabajadores y Trabajadoras de la Economía Popular (UTEP) en conjunto con el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
El objetivo es que la cartera que dirige la ministra Sandra Pettovello cumpla con el abastecimiento de alimentos e insumos para los comedores y merenderos comunitarios.
Fue el Juzgado Contencioso Administrativo N°7 a cargo de Walter Lara Correa el que le otorga carácter colectivo a la causa.
En resumen, la demanda busca que el Gobierno garantice el derecho a la alimentación adecuada y a la seguridad alimentaria y nutricional de quienes asisten a comedores comunitarios.
En este sentido, la UTEP y el CELS solicitan una medida cautelar que ordene al Ministerio de Capital Humano a entregar insumos para sostener a los comedores del Registro Nacional de Comedores y Merenderos Comunitarios (RENACOM).
A su vez, se remarca que existen fondos disponibles para garantizar la provisión alimentaria, pero que la demandada no los ejecuta ni llegan los alimentos o fondos a los centros comunitarios, según contó Palabras del Derecho.