viernes 12 de julio de 2024

Gestión de residuos: ¿qué sucedió con la Ley de Envases con Inclusión Social?

La normativa que busca regular el reciclaje continúa estancada en el Congreso, mientras que las empresas invierten millones de dólares en importar residuos para la industria.
1 DESTACADA Economia sustentable
Sigue en espera la Ley de Envases con Inclusión Social. Créditos: Economía Sustentable.

En Argentina las empresas continúan importando residuos como insumos industriales, en lugar de reutilizar los producidos en el país. La norma con perspectiva socioambiental que podría regular esta problemática está estancada en el Congreso desde el 2022.

Se trata de la Ley de Envases con Inclusión Social, que a partir de un fundamento de protección ambiental busca declarar la gestión de residuos como servicio público esencial, aumentar la cantidad de materiales recuperados y mejorar las condiciones de trabajo de les más de 200.000 cartoneres del país.

Sin embargo, el proyecto inicial no consiguió apoyo suficiente para tratarse en el recinto de la Cámara de Diputades y desde el mes de febrero no se discute el tema. Mientras tanto, no hay regulación que promueva el reciclaje de los residuos del país y las empresas invierten millones de dólares (necesarios para el fortalecimiento de las reservas) en importar residuos desde el extranjero.

La gestión de residuos en la actualidad

En la Argentina se producen diariamente más de 40.000 toneladas de residuos, de los cuales aproximadamente el 6% es recuperado y devuelto a la industria como materia prima. Los 5000 basurales a cielo abierto y otros sitios de disposición final de residuos en todo el país están al borde del colapso.

BAE NEGOCIOS
La Argentina importa millones de kilogramos de residuos por año para producir envases. Créditos: BAE Negocios.

La gestión de residuos cuenta con escasos recursos, muchas veces están a cargo de los municipios y otras veces de sistemas de recolección tercerizados. Les cartoneres o recicladores trabajan sin infraestructura, elementos de protección y seguridad y sin una justa remuneración.

A principios del año 2020, el presidente Alberto Fernández derogó un decreto de la gestión de Mauricio Macri que permitía la importación de residuos sin certificado de inocuidad. No obstante, sin una normativa que promueva el reciclaje local, continúa la importación de plástico, cartón y papel, generalmente para hacer envases.

Los países desarrollados envían toneladas de recursos a países en vías de desarrollo, que ya tienen problemas para gestionar los propios. En Argentina, se importan anualmente un promedio de 50 millones de kilogramos de residuos de cartón y papel, equivalente a 9 millones de dólares.

En el caso del plástico, la cifra invertida por año es de 700 mil dólares. Según informa la organización Taller Ecologista, la multinacional Arcor importa entre el 35 y el 50% de los residuos de cartón y papel, seguida por la Papelera Tucumán e Interpack.

El estado de los proyectos 

El proyecto inicial, que contaba con el impulso de la Federación de Cartoneros y de varios legisladores oficialistas como Leonardo Grosso y Máximo Kirchner, consiguió dictamen de mayoría en la Comisión de Ambiente y Recursos Naturales, pero no reunió el suficiente apoyo para ser aprobado en el recinto.

Agritotal
El proyecto original impulsado por legisladores oficialistas quedó paralizado en las comisiones de la Cámara de Diputades. Créditos: Agritotal.

Principalmente, la razón fue la oposición de las cámaras empresarias a la iniciativa, debido a la incorporación del cobro de un 3% sobre el valor de venta del envase para destinarlo a la financiación de la gestión de residuos.

En respuesta, la diputada Natalia Zaracho presentó un nuevo proyecto incluyendo modificaciones pedidas por las empresas. “La propuesta en cuestión contempla modificaciones en 14 de los 44 artículos. Una de las más significativas es la posibilidad de las empresas de organizar Sistemas Privados de Gestión de sus envases como alternativa al pago de la tasa ambiental”, declaró entonces la legisladora.

Sin embargo, esta nueva versión también terminó por estancarse a fines del 2022. La última actividad registrada sobre el tema fue en febrero de este año, cuando el Ministro de Ambiente y Desarrollo Sostenible, Juan Cabandié, mantuvo una reunión con representantes de la Unión Industrial Argentina (UIA).

Por otro lado, la Confederación Argentina de Trabajadores Cooperativos Asociados (CONARCOOP) presentó un nuevo proyecto de ley, junto a una junta de firmas para aumentar su difusión. El proyecto contempla la articulación con 2400 municipios que tienen programas de gestión social de residuos y la creación de 80.000 puestos de trabajo calificado.

“Se utiliza el término de inclusión social porque por primera vez recaudatorio se establecerá un ente en el que estarán involucrados los diferentes actores estatales: ministerios que tengan incumbencia, cámaras empresarias y también actores del sector de federaciones, confederaciones y organizaciones de cartoneros y recicladores”, explicó al respecto Ramiro Martínez, presidente de la Confederación.

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