La Justicia de Mar del Plata intervino para frenar la escalada represiva impulsada por el intendente Guillermo Montenegro, al prohibir nuevos operativos dirigidos a “trapitos” y personas en situación de calle por parte de la Patrulla Municipal.
La medida se basa en denuncias por maltrato, violencia institucional y violaciones de derechos humanos, presentadas por organismos como la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH).
Justicia impone restricciones a montenegro y su patrulla
El tribunal de garantías local, tras recibir un habeas corpus colectivo, resolvió impedir que la Patrulla Municipal lleve a cabo nuevos procedimientos que involucren detenciones, cacheos, destrucción de pertenencias o el uso de vehículos e identidad no identificada contra personas en situación de calle.
Esta decisión incorpora además informes previos que indicaban operativos violentos, con agentes actuando sin identificación y utilizando “armas de letalidad reducida”. Sin embargo, la restricción no sucede de forma aislada.
En noviembre de 2024 se presentó otro habeas corpus a partir de varios operativos en cajeros automáticos, lo que obligó al municipio a presentar sus aclaraciones ante la jueza de faltas Rosa Frende.
Denuncias por violencia institucional y criminalización
La CPM, presidida por Adolfo Pérez Esquivel, denunció penalmente a Montenegro y funcionarios de Seguridad por “apología del delito”, “incumplimiento de deberes de funcionario público” y componencia de un “grupo paraestatal” en los operativos contra los más vulnerables.
También presentaron un habeas corpus preventivo y reclaman que el Concejo Deliberante evalúe sanciones contra el intendente. Los hechos incluyen agresiones físicas, amenazas y confiscaciones arbitrarias a quienes viven o trabajan en la calle.
Reacciones y contrapuntos políticos
El municipio, a través de Montenegro y su secretario de Seguridad, rechazó las acusaciones, afirmando que dichas medidas apuntan a “presos, prófugos y delicuentes”, y defendió los operativos como parte de su compromiso con la seguridad ciudadana.
A la vez, varios legisladores del PRO y La Libertad Avanza manifestaron su respaldo al intendente, repudiando la actuación de la CPM como “persecución injustificada”.
Un giro en la dinámica local
El freno judicial representa un punto de inflexión en el conflicto entre la gestión local y los organismos de Derechos Humanos. La medida no solo establece límites a los operativos municipales, sino que marca un precedente para atender a personas en situación de calle desde la perspectiva de los derechos y la legalidad.
El municipio deberá ahora reformular sus estrategias ante la creciente presión judicial y social: eliminar las intervenciones punitivas y adoptar políticas de asistencia y protección, tal como lo exige la legislación municipal y los principios de derecho humano .
La decisión judicial no solo suspende operativos agresivos, sino que también habilita un debate necesario sobre la forma en que Mar del Plata aborda la vulnerabilidad urbana. ¿Será este punto de partida para políticas que prioricen la inclusión y el respeto a los Derechos de las personas en situación de calle?