La Fiscalía Penal, Contravencional y de Faltas N°13 de la Ciudad de Buenos Aires, a cargo de la Dra. Andrea Verónica Scanga, archivó la causa MPF01133681 contra Gabriel y Marcos Guillermo Berrozpe, acusados de agredir a personal de la Policía Federal durante la movilización de jubilados del pasado 26 de febrero. Además, la fiscal ordenó extraer testimonios y remitirlos a la Fiscalía N°19 especializada en violencia institucional, para investigar posibles delitos cometidos por los efectivos involucrados.
Este giro judicial deja en evidencia que la causa, impulsada en el marco del operativo policial dirigido por el Ministerio de Seguridad que encabezaba Patricia Bullrich, carecía de pruebas sólidas y presenta indicios de haber sido armada.
Una detención sin sustento y un protocolo cuestionado
El expediente se originó en una denuncia policial que afirmaba que los hermanos Berrozpe habían agredido a un efectivo durante la protesta en inmediaciones del Congreso. Sin embargo, según la resolución, el propio policía presuntamente herido no pudo identificar a los agresores ni ratificar la denuncia. Las imágenes aportadas por el Centro de Monitoreo Urbano tampoco ofrecieron evidencia concluyente.
“La falta de certeza representa la imposibilidad del Estado de destruir la situación de inocencia construida por la ley que ampara al imputado”, cita la resolución, citando al jurista Julio Maier.
La fiscal Scanga concluyó que no se reunieron elementos probatorios suficientes para avanzar con la acusación y determinó archivar la causa conforme a los artículos 212 inc. D y 215 del CPPCABA. Además, remitió testimonios a la fiscalía especializada para que se investigue el accionar de los efectivos.
“Nos secuestraron por militar en el peronismo”
Gabriel Berrozpe, ex concejal de Quilmes y referente del Peronismo de la Soberanía, declaró que el operativo del 26 de febrero fue una acción represiva con motivaciones políticas:
“Ese día escuchamos claramente ‘agarren a Berrozpe’ y se nos abalanzaron. Fuimos salvajemente golpeados y gaseados, aún estando reducidos en el piso. Nos mantuvieron secuestrados seis horas en un camión de la PFA donde nos increpaban por militar en el peronismo”.
Según relató, recién al día siguiente fueron trasladados a una alcaldía con una denuncia armada “ad hoc”. Las imágenes de ese día muestran a manifestantes pacíficos siendo violentamente reprimidos, lo que refuerza las denuncias por violencia institucional.
Un contexto de represión sistemática
El episodio se produjo bajo el Protocolo Antipiquetes y el Decreto 383/2025, impulsados por Patricia Bullrich y el presidente Javier Milei. Para Gabriel Berrozpe, el archivo de la causa es una prueba más de una “persecución política institucionalizada”:
“Este fallo refuerza las denuncias que ya presentamos en la Justicia Federal. El gobierno de Milei propaga el miedo para aplicar un ajuste brutal sobre los sectores populares, mientras beneficia a las corporaciones financieras. Esta represión no es aislada, es parte de una política de Estado que pone en jaque al Estado de derecho”.
El rol de la Justicia y la exigencia de investigar
La resolución no sólo desestima las acusaciones contra los hermanos Berrozpe, sino que da un paso más: reconoce la posibilidad de que se hayan cometido delitos de acción pública por parte de la Policía Federal Argentina. Por eso, se ordenó enviar los antecedentes a la Fiscalía N°19, que investiga hechos de violencia institucional.La decisión judicial genera un precedente clave en un contexto de creciente criminalización de la protesta social. Desde organismos de derechos humanos, ya se exige que se avance con las investigaciones a los responsables políticos y operativos.