Los asesores del viceministro de Economía de la Nación, Gabriel Rubinstein, viajaron a Washington D.C. (Estados Unidos) para rediscutir los términos del Acuerdo de Facilidades Extendidas con el Fondo Monetario Internacional (FMI); en medio de un contexto económico crítico para la Argentina.
Estas reuniones improvisadas se dan durante una semana que inició con una corrida cambiaria que puso en evidencia nuevamente la dependencia de la economía de la disponibilidad de reservas internacionales en el Banco Central de la República Argentina (BCRA).
En este sentido, el objetivo principal del viaje del equipo económico es pedir al organismo el adelanto de desembolsos estipulados en el Acuerdo, para revertir el efecto de la escasez de reservas causada por la peor sequía en 60 años y que significa una fuerte caída en las exportaciones.
Sin embargo, este pedido de ayuda podría traducirse en la exigencia de más ajuste. Al respecto, el economista Martín Rapetti anticipó en una entrevista radial que “el FMI pedirá más recorte del gasto público y una política monetaria más exigente”.
Además, podrían exigir una “corrección cambiaria como, por ejemplo, pasar todos los servicios, tanto de exportación como importación, a un tipo de cambio libre y también las importaciones de ciertos bienes finales”.
Cabe destacar que el ministerio de Economía a cargo de Sergio Massa viene siguiendo al pie de la letra las metas de disciplina fiscal ordenadas por el Fondo. Estas se vieron reflejadas en la reducción del gasto público destinado a programas sociales y subsidios a las tarifas.
La sequía y la merma de reservas
La principal razón que explica la disminución en el nivel de dólares en el BCRA es la sequía que afectó las cosechas e impactó en la cantidad de productos agrarios y agroindustriales exportados al exterior.
El ingreso de divisas en calidad de derechos de exportación disminuyó en alrededor de 20 mil millones de dólares, según la Asociación Argentina de Consorcios Regionales de Experimentación Agrícola (CREA).
Frente a esta situación excepcional, durante el mes de marzo el gobierno acordó con el FMI una reducción de 1800 millones de dólares en la meta de acumulación para el 2023. No obstante, se mantuvo sin cambios la meta de déficit fiscal de 1,9% del PBI (Producto Bruto Interno).
Por otro lado, los desembolsos previstos en el Acuerdo terminaron por traducirse en el pago de vencimientos de la deuda contraída en el 2018 por el ex presidente Mauricio Macri.
Tras la cuarta aprobación de las metas del Acuerdo a principios de abril, el Fondo permitió el desembolso de 5.300 millones de dólares, de los cuales 2.700 millones fueron destinados a cancelar un vencimiento.
Factores políticos en la relación con el FMI
Como parte del escenario de volatilidad del tipo de cambio de esta semana, que algunos economistas catalogaron como un “golpe de mercado”, se dio a conocer la acusación de Sergio Chodos, director argentino ante el FMI, a funcionarios de la gestión anterior de pedir la suspensión de los desembolsos.
Posteriormente, los ex funcionarios señalados, Hernán Lacunza, Alfonso Prat Gay y Guido Sandleris; fueron denunciados ante la justicia por “traición a la patria” como consecuencia de sus “acciones coordinadas con el FMI”.
Por su parte, la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner durante el acto realizado en la jornada de ayer en la ciudad de La Plata (Provincia de Buenos Aires), llamó a rediscutir las cláusulas del acuerdo que definió como “inflacionario”.
Como parte de su diagnóstico de la realidad económica, sostuvo que «el gran caballito de batalla fue el déficit fiscal: la meta del año pasado se sobrecumplió, más de lo que el Fondo exigía. Sin embargo, la inflación se disparó igual, porque la inflación está atada en la Argentina a la escasez o abundancia de dólares”.