En junio del año 2018, el gobierno de Mauricio Macri contrajo una deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) por 56.700 millones de dólares. Se trata del mayor crédito otorgado en la historia del organismo financiero. El pasado miércoles 8 de febrero, cinco años después del hecho, la Auditoría General de la Nación (AGN) presentó un análisis del manejo de la deuda pública durante el 2018.
El organismo de control externo detectó irregularidades en la contracción del crédito con el FMI y concluyó que la gestión macrista incurrió en el incumplimiento del procedimiento normativo.
Por otro lado, la negociación con el FMI fue llevada a cabo sin tener en cuenta la solvencia del crédito, por lo que “sus consecuencias sobre el endeudamiento público generaron un alto impacto sobre el perfil de vencimientos de ejercicios futuros, afectando la sostenibilidad de la deuda pública”, alertó la AGN.
La situación de la deuda en 2018
El colegio de auditores sesionó este miércoles 8 de febrero, con la participación de su titular Jesús Rodríguez. Además, estuvieron les auditores generales Francisco Javier Fernández, María Graciela de la Rosa, Juan Ignacio Forlón, Gabriel Mihura Estrada, Miguel Ángel Pichetto y Alejandro M. Nieva.
Allí, la Comisión de Supervisión de Deuda Pública del organismo realizó una auditoría financiera de los movimientos y registros realizados en la Cuenta de Inversión respecto de la deuda pública durante el 2018. En el análisis se detectó que ese año la deuda ascendió a 332.192 millones de dólares, representando el 85,2% del Producto Bruto Interno (PBI).
El acuerdo stand by firmado con el FMI fue firmado en un contexto de stress financiero para la Argentina, luego de que el entonces ministro de Finanzas, Luis Caputo, decidió colocar títulos públicos en el exterior por 9.000 millones de dólares. Debido a la importante emisión de letras de corto plazo en el mercado local, los mercados voluntarios de deuda se declararon cerrados.
Las irregularidades señaladas por la AGN
El dictamen de la Comisión señaló una serie de faltas en los procedimientos normados para la contracción de deuda pública. En el área administrativa, la documentación de respaldo y los expedientes fueron generados en el sistema Gestión Documental Electrónica (GDE) después de la firma del acuerdo, y se encontró que estaban incompletos y desordenados.
Por otro lado, la formalización del acuerdo no fue realizada por la Ley de Presupuesto, ni por una ley específica, ni por Decreto Presidencial, como indica la normativa. En su lugar, el acuerdo fue firmado por el Ministro de Hacienda, Nicolás Dujovne, quien no contaba entre su jurisdicción la gestión del crédito público.
Además, no se cumplió con el artículo 61 de la Ley 24.156, que establece que ante toda operación de crédito público respecto de la deuda externa el Banco Central debe emitir su juicio sobre el impacto de la negociación en la balanza de pagos.
La insostenibilidad de la deuda
La concreción del acuerdo con el FMI se realizó pese a la carencia de análisis de riesgos, solvencia y sostenibilidad del endeudamiento. Durante 2019, 2020 y 2021, más del 60% de las reservas internacionales debieron ser destinadas al pago de vencimientos e intereses, lo cual tuvo un fuerte impacto en la acumulación de reservas y consecuentemente en el mercado de cambios.
En este sentido, la AGN concluyó que “la deuda no resultaba sostenible. Las correcciones que se requerían tanto en la balanza de pagos (incluyendo la balanza comercial) así como en el resultado fiscal primario futuro a los efectos de que la deuda pública resultase sostenible en el contexto expuesto eran muy poco probables de concretar”.