En los últimos días fallecieron 24 personas y más de 60 resultaron hospitalizadas en Buenos Aires tras consumir cocaína adulterada. También en Rosario hay seis personas internadas por el consumo de drogas e investigan si se trató de la misma sustancia.
Desde el Ministerio de Salud, se emitió una alerta epidemiológica y se publicaron una serie de recomendaciones para consumidores y trabajadores de la salud. El Ministerio de Seguridad también estuvo en el centro de la escena.
El escenario es trágico y surgen muchas preguntas: ¿Qué sucede con la circulación de las drogas ilegales? ¿Cómo es la respuesta del Estado frente a este tipo de situaciones? ¿Podría haber otro abordaje que evite estas muertes?
Para comprender el fenómeno, Nota al Pie dialogó con Fernando Palazzolo, doctor en Comunicación que ha realizado múltiples investigaciones en torno al uso de drogas ilegales. El investigador explicó las falencias del modelo regente prohibicionista-abstencionista.
¿Cuál es el modelo actual que tiene el Estado para accionar frente a la circulación de drogas ilegales como la cocaína?
Es lo que se conoce comúnmente como prohibicionismo. Y que se define más precisamente como matriz prohibicionista-abstencionista, que implica la persecución penal no solo de la circulación sino también de la producción, comercialización y consumo de sustancias ilegalizadas como la cocaína. Se supone que el objetivo final de este modelo es achicar hasta eliminar el consumo de estas sustancias por la serie de problemas sanitarios, sociales y securitarios que supone. Pero lo cierto es que el consumo aumenta cada vez más en todos los sectores sociales y todas las edades, y en el mejor de los casos se mantiene estable. Ya se ha dicho mucho que este modelo fracasó y que es necesario promover otros modos de comprender, definir y abordar este fenómeno. Hay algunas experiencias sumamente interesantes en el mundo y también en nuestro país (muy localizadas, por cierto), pero en términos globales el prohibicionismo sigue siendo la regla.
Hasta esta mañana son 24 las muertes confirmadas por el consumo de cocaína adulterada. ¿Creés que estas muertes muestran una falla en el modelo de prohibición de ciertas drogas?
El hecho de que algunas sustancias estén prohibidas y que se produzcan, circulen y sean consumidas en condiciones de irregularidad total, sin ningún tipo de control sobre su verdadera composición, así como la falta de información certera sobre cómo deben consumirse las sustancias o lo que pueden provocar cuando se consumen, son algunos ejemplos más de la enorme cantidad de fallas que tiene este modelo. Una política seria de reducción de riesgos y daños puede colaborar muchísimo en reducir los problemas de salud asociados al consumo de sustancias psicoactivas, pero esta perspectiva apenas aparece tímidamente en los programas de prevención y cuidado estatales que buscan intervenir sobre las prácticas de consumo.
Ante el pedido de Sergio Berni de deshacerse de la cocaína comprada en las últimas 24 horas, y la alerta epidemiológica que emitió el Ministerio de Salud de PBA por ‘’cocaína adulterada’’, ¿cómo creés que aborda el Estado esta situación?
Esas son prácticas que pueden enmarcarse en el paradigma de reducción de riesgos y daños que he nombrado recién. Hay que trabajar para que esto se vuelva política de Estado y no solo una respuesta aislada frente a una crisis. Muchas organizaciones de la sociedad civil, así como trabajadores del sector público, vienen trabajando e incidiendo hace muchos años para modificar esta situación.
¿Qué políticas públicas existen hoy que regulen estos casos? ¿Habría que pensarse nuevas? ¿Cuál es la relación que tiene el Estado con quienes hacen uso de drogas? ¿Podría abordarse el tema de otra manera?
Hay leyes y planes sancionados en la última década desde una perspectiva de derechos que proponen un modo diferente de entender el “tratamiento” del consumo, pero carecen de regulación y presupuesto. Generalmente su aplicación depende más de la voluntad de trabajadores y equipos que de políticas concretas y solventes que las promuevan. La relación entre el Estado y les usuaries sigue estando marcada por la persecución y estigmatización, sobre todo porque el consumo de las sustancias prohibidas es definido principalmente como un problema penal antes que sanitario, y les usuaries tratades como delincuentes. Además no se distinguen los tipos o experiencias diversas de consumo que existen, que en la mayoría de los casos no constituye siquiera un problema de salud individual o pública.