Este miércoles 29, frente a la fiscalía de Florencio Varela, ciudad ubicada en la zona sur del Gran Buenos Aires, la Comisión contra las Redes de Trata Zona Sur convocó a una movilización con el objetivo de pedir justicia por Paula Martínez. La joven de 23 años fue violada por un grupo de ocho varones hace 5 años y hallada sin vida en su casa el pasado 26 de diciembre, había realizado más de 30 denuncias por hostigamiento y amenazas durante todo este tiempo.
La movilización en pedido de justicia organizada desde la Comisión se realizó bajo las consignas de “Basta de impunidad para los violentos”, “Basta de justicia patriarcal y capitalista” y “Juicio y castigo a los culpables ya”. Así, desde el espacio denunciaron la desidia estatal tanto en su nivel municipal, provincial y nacional. La marcha que se dio frente a la barrera y Pringles contó con la participación de diversas organizaciones sociales, feministas, de derechos humanos y políticas.
En este momento la muerte de Matínez se encuentra en investigación y ha sido caratulada como “averiguación de causal de muerte” en la Unidad Funcional de Instrucción y Juicio (UFLyJ) a cargo de Federico Pagliuca. El juicio a les acusades, hecho que no sucedió con Martinez en vida, empezará después de 5 años en marzo del 2022.
Una muerte evitable
Durante este martes la Comisión contra las Redes de Trata de Zona Sur apuntó a través de un comunicado que el Estado es responsable de la muerte de Paula Martínez y que “todos los mecanismos de contención y prevención fallaron”. En este sentido, desde la organización señalaron que “a Paula la abandonaron” y que desde las instituciones la re-victimizaron estos años.
En primer lugar, desde la organización coinciden en señalar que la complicidad estatal se vio reflejada en las acciones del Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires. Según la Comisión, éste, “a sabiendas de la existencia de más culpables de los 6 que se pudieron reconocer, retrasó el pedido de captura, con foto y recompensa, por ejemplo; del prófugo actual para noviembre de este año”.
Mauro Nair Goncalves, quien es fugitivo de la Justicia, se encuentra imputado en la causa y la Dirección Provincial de Registro de Personas Desaparecidas (DPPD) del Ministerio de Seguridad de la Provincia ofrece hasta cuatro millones de pesos para quien aporte datos que permitan averiguar su paradero. Martínez, sin embargo, lo había solicitado desde el 2019.
El hostigamiento sufrido por Martínez desde el momento posterior a la violacion, por el cual se presentaron más de 30 denuncias en las que se explicitan cómo su vida y las de sus familiares corrían peligro, fue desoído por las fuerzas de seguridad.
La (in)justicia patriarcal
Desde la Comisión indicaron que el Poder Judicial en sus niveles superiores “construyó impunidad al poner trabas, retrasando el juicio, debido a que en febrero del 2019 el Juzgado 6 de Garantías, ya había elevado la causa”. La lentitud de la justicia, expresada en la fecha del juicio 5 años después de delito y con la víctima muerta tras sufrir un infierno, es un factor determinante en el trágico final.
“Se trata de un caso donde una mujer sufrió y denunció un abuso múltiple y el Estado solo siguió violentandola”, señala el comunicado. Las sistemáticas denuncias presentadas en la Justicia fueron acompañadas de declaraciones públicas de Paula Martínez y su madre Sandra, donde advirtieron las amenazas contra su vida por allegados de les violadores.
En febrero del proximo año la causa por abuso sexual tendrá una primer audiencia preliminar y se estima que al mes siguiente, es decir en marzo, será el inicio del juicio oral. Gonzalo Sandoval, Diego Dominguez, Gustavo Carbonel y Guillermo Chavez se encuentran detenidos y a la espera de ser juzgados.
Por ahora, según declaro el abogado de la familia a diversos medios, no se descarta la hipótesis de que la muerte de Paula Martínez no sea producto de un suicidio.