Encontraron sin vida a Paula Martínez el domingo pasado en su casa de Florencio Varela (Buenos Aires). La joven había denunciado una violación en grupo y esperaba para marzo de 2022 el inicio del juicio contra los acusados.
Según consta en la denuncia, el 10 de diciembre de 2016 Paula asistió a la fiesta de cumpleaños de una vecina de quien había sido amiga durante la infancia. Ellas habían perdido el vínculo, pero días antes de la reunión la cumpleañera fue a buscarla con insistencia.
Un primo de la anfitriona le dio a Paula una bebida que contenía algún tipo de droga y, a partir de ese momento, comenzó a sentirse mareada. Él se ofreció a acompañarla hasta su casa pero, en lugar de eso, junto a un grupo de hombres la llevaron a una casa, la mantuvieron cautiva y abusaron de ella durante tres horas.
Paula realizó la denuncia 72 horas después: “En total, los abusadores que yo reconozco eran cinco, pero sé que hubo más”, aseguró entonces.
Una justicia que nunca llegó
Paula tuvo varios intentos de suicidio después de aquel episodio. Incluso debió estar bajo tratamiento psiquiátrico en un hospital durante 2019. Además de la demora del juicio, desde que se inició la causa la víctima realizó más de 30 denuncias por hostigamiento y amenaza de muerte por parte de familiares de les detenides.
En marzo de 2020 Paula estaba realizando un móvil para Telefé junto a su mamá y la entrevista tuvo que ser levantada cuando familiares de les detenides la increparon en vivo. Dentro de las irregularidades, Paula remarcó que, cuando se presentó a hacer la denuncia, antes de cumplirse las 72 horas posteriores al hecho, dejaron asentado que “estaba alcoholizada”, pese a su aclaración de que había sido drogada.
También sostuvo que recibió maltratos por parte del profesional médico a cargo de la examinación que, contra su voluntad, fue un hombre. El inicio del juicio estaba previsto para marzo de 2022, seis años después de la denuncia de la víctima. Tres hombres, de 29, 30 y 40 fueron detenidos poco después del abuso, mientras que otros dos fueron capturados por la Policía recién en 2019.
Un sexto partícipe está prófugo.En este sentido, el juez Diego Agüero expresó: “Entiendo que Paula Martínez resultó víctima de violencia de género, ya que las conductas antes descritas por parte de varios hombres, que las desarrollaron basándose en una desigualdad de poder basada en el género, han causado daños, sufrimientos físicos, sexuales y psicológicos en la mujer”.
Un Estado ausente
Sandra Zapata, la madre de Paula Martínez, publicó un video en febrero de 2019 para pedir ayuda. «La quiero viva», reclamó. La madre pidió ayuda al estado y a la justicia: «Si Paula se muere, no hay trato con nadie. La van a pagar todos. Que caigan todos». Aseguró en varias entrevistas que no contaban con apoyo psicológico ni contención del estado. «Nos abandonaron completamente», declaró.
Melisa García, integrante de la Asociación de Abogadas Feministas (ABOFEM), en una entrevista con FM 97 UNE señaló que el “interrogante más grande en este caso es cuánto podemos pensar si es que se quitó la vida, si hubo algo más atrás o si hay un Estado que es responsable por estar ausente”.
Del mismo modo, la abogada señaló: “Cuando sucede un hecho de estas características, lo que nos dicen es: Hagan la denuncia”. Y agregó: “La carga siempre está del lado de quien sufre, pero cómo garantiza el Estado el después. Y acá no solo hablamos de la cuestión de la justicia sino de los abordajes”.
La abogada integrante de ABOFEM aclaró que el lema “Cuando el Estado no está, me salvan mis amigas” es una respuesta a un Estado ausente y destacó que el foco debe estar puesto en ver “qué pasa con los seguimientos, qué pasa cuando se utilizan los mecanismos previstos y no hay respuestas”.
En ese marco, García destacó la necesidad de una reforma judicial feminista, con “una justicia que se plantee las formas de cómo se llevan adelante los expedientes y que realmente la justicia sea justa y que no sea clasista y que ponga el peso y la carga en las víctimas de violencia».