Desde el 3 de octubre pasado, los Pandora Papers transformaron la vida de los grupos más influyentes de la sociedad a lo largo del globo. Salieron a la luz diversas cuentas offshore de personalidades públicas, polítiques y las personas más poderosas económicamente. Sucedió tras la filtración de aproximadamente 12 millones de documentos periodísticos y de investigación.
Muchos de estos documentos permiten desentramar actos de corrupción, evasión de impuestos y lavado de dinero. Entre los principales afectades, se encuentra el Presidente de Chile, Sebastian Piñera. La justicia chilena decidió actuar, tras la filtración de su participación en la venta de la empresa minera Dominga, a través de un paraíso fiscal en las islas Vírgenes Británicas en 2010.
En principio, la justicia del país trasandino aceptó la apertura de un proceso de investigación penal contra el presidente Piñera, debido a la publicación de los Pandora Papers sobre negocios en paraísos fiscales.»El Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago admite a tramitación la querella interpuesta por el abogado Luis Rendón contra Sebastián Piñera», informó a través de un comunicado el Poder Judicial de Chile.
La demanda judicial
Luego de la filtración de dicho documento, Luis Rendón, un abogado y activista ecológico, interpuso formalmente la querella. Acusó al presidente del delito de «negociación incompatible». Asegura que «el imputado tenía interés objetivo en que el negocio se concretase en plenitud, tanto por la parte vendedora como de la compradora».
«Resulta fundamental que los hechos conocidos sean investigados a fondo. Es importante que exista un querellante, porque las investigaciones de oficio de Fiscalía han demostrado no dar las garantías necesarias», afirmó el abogado tras la realización de una conferencia de prensa programada por la agencia de noticias Sputnik.
El mandatario había afirmado el pasado lunes que en la venta de la minera “se cumplió estrictamente con las reglas tributarias de Chile”. También, que la operación no le fue «consultada” y que en la venta “se pagaron todos y cada uno de los impuestos”.
La investigación del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés) filtró los documentos. Allí se reveló que una de las condiciones para realizar dicha transacción era que el terreno donde se emplazaba el proyecto no fuera declarado reserva natural. En Chile, esta decisión depende del mismo presidente.
En principio, Piñera se defendió ante tales acusaciones diciendo que nunca supo de esta transacción. Argumentó que al asumir como presidente entregó todas sus empresas a un fideicomiso ciego para evitar eventuales conflictos de interés.
Propuesta de juicio político
Pese a estar en un boceto, la banca de diputades de la oposición chilena anunció que presentarán una acusación constitucional contra el mandatario. Si bien el texto todavía no está redactado, el diputado socialista Jaime Naranjo explicó que “los motivos y fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la patria».
El presidente de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Javier Macaya, -afines al Gobierno – rechazó la iniciativa: «No se trata de mirar para el techo, pero ojalá podamos ser serios cuando uno dice algo de suma gravedad como destituir al presidente de la República”. Sin embargo, Naranjo dejó en claro que “los motivos y fundamentos de esa acusación van a estar basados por haber infringido el principio de probidad y por comprometer gravemente el honor de la patria».