El Gobierno de Javier Milei deberá justificar su regresiva reforma laboral ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) tras una iniciativa del Frente de Sindicatos Unidos (FreSU).
El organismo internacional citó al Estado argentino para la audiencia del 196° período de sesiones ordinarias de la CIDH que tendrá lugar en Washington el próximo martes 4 de agosto.
La denuncia del FreSU estuvo acompañada por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y el Sindicato de Prensa de Buenos Aires (SiPreBA).
Este Frente que impulsó la denuncia se trata de un espacio sindical que nuclea a más de 100 organizaciones gremiales dedicados a enfrentar las políticas regresivas que aplica Javier Milei.
El FreSU está integrado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), la Unión Obrera Metalúrgica (UOM), Aceiteros, Aeronáuticos, Conadu, Conadu Histórica, Papeleros y Molineros, entre otras decenas de organizaciones.
En concreto, el Estado argentino deberá ir a responder por su reforma laboral las “consecuencias nocivas para los derechos al trabajo, a trabajar en condiciones dignas y satisfactorias, a la huelga y a la libertad sindical”.
Este encuentro del martes en Washington tendrá la duración de 1 hora y 20 minutos según estimaciones, donde el FreSU dispondrá de 20 minutos para hacer su acusación y fundamentar su denuncia. Luego, será el turno del Estado argentino con 20 minutos para levantar una defensa que luego dará lugar a la instancia de derecho a réplica para responder a las respectivas contrapartes.
Por la parte denunciante, expondrán los secretarios Generales Rodolfo Aguiar (ATE), Pablo Biró (APLA) y Clara Chevalier (Conadu) y el secretario adjunto de SiPreBA, Francisco Rabini. Además lo harán Mariana Amartino y Matías Cremonte, representantes de la Asociación de Abogados Laboralistas y también desde la Asociación Nacional de Jueces del Trabajo (ANJUNT), presidida por Juan Orsini.
En tanto, se desconoce quién será el representante que enviará el Gobierno libertario en nombre del Estado argentino, aunque el mismo podría ser Carlos Foradori, quien ya defendió al oficialismo durante la última conferencia anual de la OIT.
El FreSU acorrala al gobierno ante la CIDH
La regresiva reforma laboral del Gobierno del presidente Milei está bajo múltiples cuestionamientos, con una denuncia por inconstitucionalidad incluida que deberá resolver la Corte Suprema de Justicia.
Al mismo tiempo, esta próxima presentación ante la CIDH es una especie de continuidad de lo sucedido durante junio en la cumbre anual de la Organización Internacional del Trabajo (OIT), donde esta aprobó un convenio sobre trabajo decente en aplicaciones digitales a contramano de un capítulo de la reforma laboral libertaria.
A su vez, este reclamo había coincidido con un fallo de la Corte Internacional de las Naciones Unidas (ONU) que reforzó la protección del derecho de huelga, a la contraria de las iniciativas de la ley del gobierno de Milei.
En esta ocasión, la solicitud de la audiencia por parte del FreSU denunciará, también, la persecución política sobre dirigentes y organizaciones sindicales.
En cuanto al perjuicio de la reforma laboral, asegura que la ley “desplaza al Estado de su rol como árbitro entre el capital y el trabajo, en perjuicio de la parte más débil de la relación laboral, y en beneficio de la más fuerte”.
Además, sostiene que “la ley retrocede fuertemente en el reconocimiento y goce de los derechos laborales históricamente amparados por las leyes argentinas” y que “restringe arbitrariamente la huelga y la libertad sindical”.
A su vez, el Frente sindical señaló que esta reforma laboral “deja aún más desprotegidas a las mujeres y las/os trabajadores informales, y desmantela el sistema administrativo de control de las conductas antisindicales de las empresas, así como de sus incumplimientos laborales y fiscales”.
Por último, alertan que “el proceso de reformas encarado por el Gobierno combina el shock con la represión” y que “las fuerzas de seguridad fueron volcadas a las calles con un único objetivo: evitar la manifestación popular e intimidar a quienes disienten”.
Por su parte, el secretario General de ATE Nacional, Rodolfo Aguiar, ponderó esta instancia que es “el primer paso del sistema interamericano para proteger derechos cuando la Justicia local no funciona”. Y cerró: “Es una audiencia que generará una importante presión política ya que obliga al Estado argentino a explicar lo que hizo”.