Milei amplía por decreto las causales para expulsar extranjeros

El Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU), firmado por Milei, incorpora como motivo de inadmisión o expulsión del país la difusión de supuestos "mensajes de odio" contra la Argentina y el ultraje a los símbolos patrios. La medida, presentada como respuesta a una presunta ofensiva internacional tras el Mundial, abre el debate sobre los límites de la discrecionalidad estatal y el uso de los decretos para modificar la política migratoria.
Milei
Javier Milei, empeñado en aplicar el Manual de Trump.

A la medianoche, y con el argumento de la «campaña antiargentina», el presidente Javier Milei firmó un nuevo Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que modifica el régimen migratorio argentino.

La norma incorpora una nueva causal para impedir el ingreso o expulsar del país a personas extranjeras que, según el criterio del Poder Ejecutivo, «incitaren o dirigieran mensajes de odio, discriminación y/o violencia contra el pueblo argentino o sus ciudadanos por razón de su nacionalidad», además de quienes «ultrajen los símbolos patrios».

La decisión fue comunicada por la Oficina del Presidente de la República Argentina (OPRA), que justificó la medida como una respuesta a las «recientes manifestaciones de hostilidad» contra el país. «Quien ataque a la República Argentina no es bienvenido en nuestro país», sostuvo el comunicado oficial.

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La referencia remite a las expresiones que circularon en redes sociales durante el último Mundial de fútbol disputado en Estados Unidos, México y Canadá.

En las últimas semanas, Milei denunció la existencia de una supuesta «campaña antiargentina» y atribuyó, sin presentar pruebas públicas, esa ofensiva a gobiernos extranjeros y sectores políticos internacionales.

Sin embargo, el decreto deja abiertas preguntas centrales. La norma no establece parámetros objetivos para determinar qué conductas constituyen «mensajes de odio», «discriminación» o «violencia» contra el pueblo argentino, ni define qué autoridad será la encargada de interpretar esos conceptos.

Esa ausencia de precisiones jurídicas abre interrogantes sobre el alcance efectivo de la medida y el margen de discrecionalidad que podría adquirir su aplicación.

Para el abogado constitucionalista Andrés Gil Domínguez “otra vez la Ley de migraciones se reforma por DNU, avasallando al Congreso de la Nación, sin que existan las causales de habilitación previstas por la Constitución.

El especialista afirmó que “lo paradojal es que con esta normativa Javier Milei no podría volver a ingresar a Brasil o España debido a su discurso de odio”.

El pasado sábado Milei estuvo en Brasil, apoyando la campaña electoral de Flavio Bolsonaro de cara a las presdienciales del 4 de octubre, e insultó al presidente Lula Da Silva.

Milei, contra los extranjeros

El nuevo DNU se inscribe, además, en una estrategia más amplia del Gobierno para endurecer la política migratoria. Meses atrás, el Ejecutivo había dictado el DNU 366/2025, que modificaba aspectos centrales del régimen de ciudadanía y migraciones: imponía mayores requisitos para acceder a la nacionalidad argentina, habilitaba el arancelamiento de servicios públicos para extranjeros y alteraba procedimientos vinculados con la naturalización.

Aquella iniciativa fue declarada inconstitucional por la Cámara Nacional Electoral. Los jueces Daniel Bejas y Alberto Dalla Vía consideraron que el Poder Ejecutivo había utilizado un decreto para legislar sobre materias vedadas por la Constitución, además de modificar leyes sin acreditar circunstancias excepcionales que justificaran el uso de un DNU.

El fallo también sostuvo que el trámite de ciudadanía está directamente vinculado con el ejercicio de los derechos políticos y no podía ser regulado mediante ese mecanismo. La causa permanece bajo análisis de la Corte Suprema, que deberá definir la validez definitiva de aquella norma.

El endurecimiento de los controles migratorios también tuvo otro capítulo reciente con la creación del Programa de Seguridad Migratoria.

Mediante otra disposición, el Gobierno habilitó a las fuerzas federales a intervenir en tareas de inteligencia, investigación, control y detención vinculadas con personas extranjeras en situación migratoria irregular, creando unidades específicas dentro de la Policía Federal, Gendarmería, Prefectura Naval y la Policía de Seguridad Aeroportuaria que actuarán de manera coordinada con la Dirección Nacional de Migraciones.

Con este nuevo decreto, la administración de Milei vuelve a profundizar una línea política que coloca a la inmigración en el centro de su agenda de seguridad.

A diferencia de medidas orientadas a sancionar delitos tipificados en el Código Penal, la nueva causal incorpora categorías amplias vinculadas a expresiones o manifestaciones que el Estado considere ofensivas hacia la Nación.

Esa amplitud ya genera cuestionamientos sobre su compatibilidad con los principios de legalidad, libertad de expresión y debido proceso, además de reavivar el debate sobre el alcance que puede tener el Poder Ejecutivo cuando modifica, mediante decretos, aspectos sensibles de la legislación migratoria argentina.

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