Este viernes, como todos los días, Martín salió de su trabajo en el Ministerio de Economía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y se encontró con que habían llevado su auto. Se trata de una persona con discapacidad motriz, en silla de ruedas, que tuvo que atravesar toda una travesía para recuperar su medio de transporte.
El vaciamiento llevado a cabo desde el Gobierno Nacional tiene un impacto directo en la vida diaria de las personas. Los 165 despidos en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) es un ejemplo claro del desamparo al que se enfrentan las personas con discapacidad. A su vez, el cierre de estos espacios, deja a millones de personas sin un centro al que acudir cuando sus derechos son avasallados.
A raíz de la situación que sufrió Martín, su familia denuncia el hecho a modo de advertencia. Lo cierto es que, en este caso, se trata de una persona que tuvo los medios y recursos para enfrentar la situación. Sin embargo, temen que estos hechos se repliquen y signifique la vulneración de los derechos de otras personas con discapacidad.
En diálogo con Nota al Pie, Martín detalló lo que lo acontecido: “No solo me llevaron el auto, que es un problemón, sino que también me hicieron una multa”. Junto a su familia y un compañero de trabajo, se acercó hasta donde estaba su auto y la situación empeoró, ya que no le dieron ninguna explicación y tuvo que pagar el acarreo para tener su auto de nuevo.
¿Quién protege a las personas con discapacidad?
Martín tiene 38 años y maneja hace 11, utiliza un almohadón de aire porque no puede estar sentado sobre cualquier superficie. Su auto cuenta con el Certificado Único de Discapacidad (CUD), el permiso para estacionar y un código QR con sus datos personales.
Su jornada laboral es de cuatro horas debido a otros problemas de salud que le impiden permanecer mucho tiempo fuera de su hogar. En este sentido, contó: “Aparte de estar en silla de ruedas, tengo dolores neuropáticos, que son crónicos y muy fuertes”.
Además, Martín cumple con los requisitos para la reserva de estacionamiento en vehículos de personas con discapacidad, tal como lo establece el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires. Estos requisitos incluyen: tener el CUD vigente, presentar el frente y dorso del Símbolo Internacional de Acceso (versión anterior) o el código QR (versión actual), poseer una licencia de conducir expedida en la ciudad de Buenos Aires, estar libre de deudas de patentes, contar con un informe de eximición de pago emitido por la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) o un certificado de excepción emitido por la AGIP, y presentar la Cédula de Identificación para autorizado a conducir (cédula azul), la Cédula Única de Identificación del Vehículo (cédula verde) o el título automotor, según corresponda.
¿Qué dice la Ley de discapacidad en Argentina?
En Argentina, existe la Ley 22.43 o también denominada “sistema de protección integral de los discapacitados”. La misma fue implementada en 1981 y modificada en 2022, con el objetivo de garantizar los derechos de las personas.
De esta manera, se busca establecer un marco legal que reconozca los derechos humanos, civiles y políticos, así como las libertades fundamentales que interpelen a la sociedad en su conjunto, con el fin de lograr la plena y efectiva inclusión de las personas con discapacidad.
En ese aspecto, la existencia y fortalecimiento de entes gubernamentales como la ANIDS es clave para que se garantice el derecho y bienestar de las personas con discapacidad y su correcto desarrollo en la sociedad.