En el marco de los cien días de gestión de Javier Milei como presidente, su vocero, Manuel Adorni, informó el despido de 900 trabajadores como resultado del cierre del Instituto de Agricultura Familiar Campesina e Indígena (INAFCI) y del Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF).
Durante su habitual conferencia de prensa, señaló que tras una “revisión de datos absolutamente calamitosos y profundamente desoladores, este instituto, que tenía un total de 964 empleados, se va a transformar en una Dirección con tan solo 64”.
En ese sentido, argumentó que esto permitirá ahorrar “9000 millones de pesos”. Y justificó la medida con algunos datos “para que tomen la dimensión de la fiesta que había en el gasto público”. Sin embargo, dichas cifras fueron desmentidas casi en su totalidad por les trabajadores.
Ante esta noticia, les afectades por la decisión del Gobierno de la Nación emitieron un comunicado al cual titularon: “Mentir para ajustar”. En el mismo señalaron que sólo de esta manera pueden justificar “la desaparición de la única política para el sector campesino e indígena”.
Cabe recordar que las funciones de este sector campesino e indígena tiene vigencia desde 1993. El INAFCI, que nuclea a estos trabajadores, fue creado mediante el decreto 729/2022 durante la gestión de Alberto Fernández.
Según su artículo primero, se creó como un organismo descentralizado actuante en el ámbito de la Jefatura de Gabinete de Ministros, con autarquía económica y financiera, personería jurídica propia y capacidad de actuar en el ámbito del derecho público y privado.
El INAFCI y sus “puestos de no trabajo”
Les trabajadores del INAFCI se enteraron de la noticia a partir de la conferencia. En ella, el vocero se refirió a “puestos de no trabajo”, para justificar los despidos.
Para tomar testimonio de primera mano, Nota al Pie entrevistó a una de las trabajadoras que tiene el INAFCI en todo el país, Valeria Mamani, que se desempeña en Ambato, Catamarca.
Respecto a su trabajo, explicó: “Hacemos un abordaje integral y territorial en las comunidades rurales, campesinas e indígenas, con un enfoque en el diseño de la intervención desde una perspectiva de los profesionales de las ciencias agrarias y de las ciencias sociales y humanísticas”.
En este sentido, agregó: “Casi todos somos profesionales y formados en esas ciencias y desde ese lugar realizamos nuestras intervenciones en acuerdo con las comunidades”.
Ante la triste noticia, advirtió que la política pública del INAFCI es la única existente en el país a día de hoy dirigida al sector de la agricultura familiar.
Para recapitular, recordó que cuando se inició el programa social agropecuario en los 90, los primeros trabajadores lo hacían como monotributistas. Sin embargo, tras años de lucha, lograron la incorporación de los pases a la Ley Marco dentro del Sistema Nacional de Empleo Público.
Ello conllevó a que queden bajo potestad del artículo 9, “que es este conflictivo artículo que permite los despidos”, aclaró. “Desde ahí quedamos con inestabilidad laboral, ya que el Estado no cumplió con el llamado de concursos para el pase a planta permanente”, aclaró Mamani.
“Mentir es su modus operandi”
Como se mencionó, Adorni ofreció una serie de datos que fueron desmentidos casi en su totalidad por les trabajadores. En la conferencia el vocero aseguró que el instituto “además de 964 empleados, tenía 160 delegaciones, dos sedes, una en Catamarca y otra en Santiago del Estero”. Y agregó que “uno de cada tres empleados eran delegados” y que “tenían 204 vehículos”
A su vez, afirmó que “se transferían fondos discrecionales donde actuaban cooperativas, organizaciones sociales y municipios”. Por último expresó: “No hemos recibido ni una sola queja ni reclamo de productores o de trabajadores del sector”.
Los despidos excluyeron a personas con muchos años de trabajo.“Yo estoy hace 12 años, pero tengo compañeros que están hace más de 20 años”, contó Valeria Mamani.
Al ser consultada sobre estos dichos, la entrevistada afirmó: “No contamos con vehículos para trabajar”. En el caso de Catamarca puntualizó que “hace más de un año que están rotos”. Asimismo agregó que inclusive hay vehículos parados desde 2018, situación que “demandó que los técnicos pongamos plata de nuestro bolsillo para poder realizar las actividades laborales en los territorios”.
Con relación a las mentiras vertidas, consideró: “Entendemos que es un modus operandi del Gobierno desde su lugar de estigmatización hacia los trabajadores”. Y repudió el acto de violencia institucional que ejerce el Estado al estigmatizarlos, pero además “violentando los derechos laborales”.
En esa línea reflexionó que “mienten para justificar el ajuste, mienten por desconocimiento. Un desconocimiento que es a propósito, y para plantearnos en esta disyuntiva de cara a la sociedad de que somos ñoquis”.
Por último, contó que hoy desarrollaron actividades en todas las provincias y que este jueves tendrán una Asamblea Nacional de Trabajadores, de manera virtual. “Se van a tomar decisiones para accionar en los próximos días, porque además no tenemos designación de autoridades desde diciembre. Entonces tampoco hay un referente político de este Gobierno con el que uno pueda dialogar”, concluyó.
El comunicado de les trabajadores
Les trabajadores respondieron a las mentiras del vocero mediante un comunicado. Además de lo ya mencionado por Valeria Mamani, señalaron que asegurar que el organismo tiene dos sedes es “expresar el total desconocimiento del funcionamiento”. En ese sentido aclararon que la política nacional tiene su oficina central en Capital Federal y cada provincia cuenta con su delegación.
Frente a la frase “puestos de no trabajo”, les empleades indicaron que pueden dar cuenta de todos los proyectos ya ejecutados y en ejecución.
Para finalizar, expresaron: “No somos la casta, tenemos 30 años de precariedad”. En ese sentido aseguraron que son trabajadores que acompañan a lo largo de todo el país la producción de alimentos y agroecológica, como así también el acceso a el agua, la tecnología, entre otras cosas.
La Junta Interna de ATE Agricultura dice “Basta de mentiras”
Ante la noticia del cierre del INAFCI, la Junta Interna de ATE de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de la Nación brindó datos del sector y advirtió el impacto negativo de la medida.
A través de un comunicado, aseguraron que la clausura del INAFCI generará “un brutal crecimiento de la pobreza en los centros urbanos de las grandes ciudades”.
En tanto, resaltaron que desde diciembre el Instituto se encontraba sin autoridades, siendo les trabajadores quienes delineaban las política del sector.
Aclararon que desde el INAFCI cuentan con 23 coordinaciones y 106 unidades territoriales en todo el país, de las cuales “solo dos oficinas tienen gasto de alquiler”. En cuanto al resto de las oficinas, se encuentran “emplazadas en distintos organismos del Estado Nacional”, desde donde asisten a más de 200 mil agricultores familiares.
Por otra parte, también desmintieron los “200 vehículos mencionados por Adorni’, dado que 30 de ellos fueron dados de baja y otros 60 se encuentran en reparación. “Son las y los mismos trabajadores del Instituto quienes se ocupan de solventar los gastos de movilidad (nafta, viáticos, reparaciones, etc), para llegar a los territorios”, aclararon.
Por último, detallan que esta labor en cada provincia genera un arraigo territorial para que las familias puedan vivir en el campo y así evitar superpoblar los centros urbanos.
El comunicado de la Junta Interna finalizó: “La agricultura familiar es la principal productora de alimentos de nuestra economía”, y resaltan que la misma es una “generadora de valor agregado”.