Dic 28, 2023 | Política

La Ley Ómnibus, el fin de las empresas públicas en Argentina

Las amenazas de privatización que el presidente Javier Milei realizó durante su campaña electoral se materializaron este miércoles con la presentación del megaproyecto que busca transferir la propiedad de 41 compañías estatales a manos del sector privado.
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El proyecto de Ley Ómnibus, presentado por Milei, busca la privatización de 41 empresas y organismos nacionales. Crédito: La noticia web.

Este miércoles el presidente de la Nación, Javier Milei, envió el proyecto de Ley “Ómnibus” que desde hace semanas genera incertidumbre y preocupación frente a propuestas de recortes, desregulaciones, privatizaciones y empobrecimiento

Bajo el nombre de “Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos”, en homenaje a Juan Bautista Alberdi, la normativa declara “la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifaria, energética, sanitaria, administrativa y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. 

Entre los 664 artículos, el megaproyecto establece la privatización de empresas y sociedades de propiedad total o mayoritaria del Estado. De esta manera, el gobierno nacional prevé privatizar un total de 41 empresas y organismos

Entre ellas, se destacan: YPF (Yacimientos Petrolíferos Fiscales); Aerolíneas Argentinas; AYSA (Agua y Saneamientos Argentinos); Correo Argentino; Banco de la Nación Argentina (BNA); Energía Argentina SA (IEASA); Operadora Ferroviaria; Radio y Televisión Argentina (RTA); y Corredores Viales

Por otra parte, según datos de la Base Integrada de Empleo Público (BIEP), el total de las empresas públicas con posibilidad de ser privatizadas suman un total de 134.027 trabajadores estatales, quienes se verían privados de sus trabajos.

A su vez, en su artículo Nº 9, la normativa declara que el Poder Ejecutivo tiene la facultad de “enajenarse de las participaciones accionarias o de capital del Estado y/o sus entidades en toda empresa privada” que “no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades”. 

En ese sentido, cabe mencionar que, si bien muchas de las empresas públicas son deficitarias, otras generaron grandes ganancias en 2022 como la petrolera YPF o el Banco Nación de la República Argentina (BNA). 

Por su parte, Milei y sus nueve ministres justificaron la privatización “atendiendo la necesidad de concentrar la actividad del Estado en sus funciones esenciales”. En esa línea, remarcaron que “el fin” es “generar mayor competencia y eficiencia económica, reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión de las empresas”. 

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El proyecto de Ley Ómnibus fue entregado por el ministro del Interior, Guillermo Francos, a Martín Menem. Crédito: Libertad Expresión.

El megaproyecto 

El proyecto “Ómnibus” de Milei propone reformas en el Estado, desregulaciones ya establecidas en el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/2023, privatizaciones, emergencias por dos años, cambios económicos, impositivos, legislativos y profundos recortes estatales. 

De este modo, La Libertad Avanza (LLA) busca llevar la iniciativa, que será tratada durante las sesiones extraordinarias, al recinto de Diputados para el 25 de enero del próximo año. 

Como se mencionó, el texto declara la “emergencia pública en lo económico, financiero, fiscal, previsional, de seguridad, defensa, tarifario, energético, sanitario, administrativo y social hasta el 31 de diciembre de 2025”. Pero advierte “la posibilidad de prórroga por parte del Poder Ejecutivo por el plazo máximo de dos años”. 

En este marco, la norma establece: “Delégase en el Poder Ejecutivo nacional las facultades comprendidas en la presente ley y en los términos del artículo 76 de la Constitución Nacional”. 

Además, se aclara que las normas dictadas en el ejercicio de dicha delegación serán permanentes salvo que la naturaleza de la medida “determine su carácter transitorio y así se lo disponga en forma expresa”.

El artículo 76 de la Constitución Nacional establece que el Poder Legislativo no puede delegar sus facultades legislativas en el Poder Ejecutivo, salvo en materias determinadas de administración o de emergencia pública. En estos casos, la delegación debe ser por un plazo determinado y dentro de las bases que el Congreso establezca. 

Entonces, mediante la declaración del estado de emergencia y en caso de aprobarse el proyecto, Milei podría asumir facultades del Congreso en cada una de las materias declaradas. 

Por otra parte, “con el fin de generar mayor competencia y eficiencia económica”, el proyecto busca “reducir la carga fiscal, mejorar la calidad de los servicios, promover la inversión privada y profesionalizar la gestión” mediante la aplicación de la Ley de Reforma del Estado

Privatización del Estado 

Como ya había adelantado Milei con el DNU, el segundo capítulo del megaproyecto legislativo está dedicado a las privatizaciones. Según el texto, se faculta al Poder Ejecutivo Nacional “a proceder a la enajenación de las participaciones accionarias o de capital del Estado Nacional y/o sus entidades en toda empresa privada, que no le otorguen la mayoría de capital social necesario para ejercer el control de tales entidades”.

El proyecto de Ley Ómnibus establece también que 41 empresas sean declaradas como “sujetas a privatización”, así como lo hizo el expresidente Carlos Menem a través de la Ley de Reforma del Estado de 1989

Esta última permitía la venta “total o parcial” con la “exclusión de todos los privilegios y/o cláusulas monopólicas y/o prohibiciones discriminatorias aún cuando derivaren de normas legales, cuyo mantenimiento obste a los objetivos de la privatización o que impida la desmonopolización o desregulación del respectivo servicio”. 

Además, en artículo 37 de la iniciativa, se establece que “se construirán sociedades anónimas, en las cuales el Poder Ejecutivo podrá conservar una acción con derecho a veto en las decisiones que impliquen el cierre de la actividad”. 

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El megaproyecto Ómnibus prevé la privatización de empresas que generan ingresos en el país. Crédito: Diario Hoy.

Las 41 empresas en la mira de Javier Milei 

Entre las compañías públicas, serán privatizadas las empresas dedicadas al transporte de pasajeros y de carga, logística, mantenimiento, exportación e importación. Estas son la Administración General de Puertos; Aerolíneas Argentinas; Correo Oficial de la República Argentina; Corredores Viales; Empresa Argentina de Navegación Aérea; Fábrica de Aviones “Brig. San Martín”; Intercargo; Ferrocarriles Argentinos; Playas Ferroviarias de Buenos Aires; Desarrollo del Capital Humano Ferroviario SAPEM; Belgrano Cargas y Logística; Administración de Infraestructuras Ferroviarias; Operadora Ferroviaria; Talleres Navales Dársena Norte S.A.C.I. y N.

Además, se verán afectados los organismos y compañías que hoy destinan su trabajo a la moneda nacional y el comercio exterior: Banco de la Nación Argentina; Nación Bursátil; Banco de Inversión y Comercio Exterior; Casa de la Moneda; Contenidos Públicos; Pellegrini; Nación Reaseguros; Nación Seguros de Retiro; Nación Servicios

En tanto, en los servicios públicos se busca privatizar Agua y Saneamientos Argentinos y Energía Argentina; mientras que en lo que refiere a comunicación y educación, quedarán sujetas a privatización la Radio de la Universidad Nacional del Litoral; la Radio y Televisión Argentina; el Servicio de Radio y Televisión de la Universidad de Córdoba; Télam; y Educ.Ar

Además, en el área de innovación, ciencia y tecnología se apunta contra: Fabricaciones Militares; Construcción de Viviendas para la Armada Argentina; Innovaciones Tecnológicas Agropecuarias; Polo Tecnológico Constituyentes; Vehículo Espacial Nueva Generación; Empresa Argentina de Soluciones Satelitales; y Nucleoeléctrica Argentina. Respecto a los recursos naturales, las empresas afectadas son Yacimiento Carboníferos Fiscales Empresa del Estado; Yacimientos Mineros de Agua de Dionisio (YMAD); YPF; y Dioxitek. 

En la actualidad, dichas compañías suman un total de 134.027 trabajadores, según los datos de la BIEP. Además, la Operadora Ferroviaria Sociedad del Estado, que tiene a cargo cinco líneas de trenes de pasajeres, 9 de larga distancia, 7 regionales y un ferrocarril, lidera la lista con 23.833 empleades. 

A esta le sigue la petrolera estatal YPF, con un total de 22.330 trabajadores; el Banco Nación con 17.820 empleades; el Correo Argentino, que cuenta con 16.967 empleades en todo el país; y Aerolíneas Argentinas con 11.915 trabajadores.

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