martes 16 de abril de 2024

El comienzo del fin del negacionismo: un proyecto para penar a quienes reivindiquen el terrorismo de Estado

La agrupación Soberanx presentó una propuesta para castigar los discursos que niegan los crímenes de lesa humanidad ocurridos durante la última dictadura cívico militar en Argentina.
El comienzo del fin del negacionismo: un proyecto para penar a quienes reivindiquen el terrorismo de Estado 1
El proyecto de Soberanx plantea cursos que serían organizados por la Secretaría de Derechos Humanos del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Créditos: Mendoza Post.

La agrupación Soberanx presentó un proyecto de ley que busca penalizar los discursos que nieguen el terrorismo de Estado ocurrido en Argentina entre 1976 y 1983. La iniciativa fue creada por el abogado Maximiliano Rusconi y el periodista Jorge Elbaum

La propuesta se enmarca en un auge de discursos de desacreditación y banalización por parte de funcionaries como Victoria Villaruel y Javier Milei, binomio que competirá por la presidencia y vicepresidencia el próximo 22 de octubre. 

Los autores del proyecto de ley consideran al negacionismo como la práctica sistemática de querer refutar, desmentir o impugnar la existencia de un plan represivo orientado a exterminar a determinado colectivo social. Esto implica que, por actos como el que realizó Villarruel en la Legislatura porteña, podría tener una pena de 1 a 3 años de prisión por ser funcionaria pública. 

¿Qué sanciones plantea el proyecto?

El proyecto de ley determina sanciones que varían según el rol que tenga cada ciudadane en la vida social argentina. Aquelles que públicamente o en una reunión de personas nieguen la existencia y/o naturaleza de los actos genocidas y crímenes de lesa humanidad serán sancionades con prisión de 6 meses a 2 años. 

Tendrán la misma sanción aquelles que trivializar, reivindique o legitimen actos genocidas o los crimenes de lesa humanidad cometidos durante el terrorismo de Estado. Asimismo, se castigará a quienes enaltezcan a los represores o sus cómplices. 

Por otra parte, habrá una mayor pena a aquellas personas que sean funcionarias públicas de cualquier poder o miembro de las Fuerzas Armadas, fuerzas de seguridad, policiales o penitenciarias.

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El delito de negación o banalización es sancionado en países como Alemania.
Créditos: La Voz.

La negación o reivindicación por parte de estas personas implicaría un castigo de 1 a 3 años de prisión. Además, les funcionaries que cometan dicho delito serían inhabilitades para ejercer cualquier cargo público por el doble de tiempo por el cual fueran condenades a pena de prisión.

La iniciativa legal también contempla a los medios de comunicación en todos sus formatos. Aquellos que difundan expresiones negacionistas tendrían como pena una multa que abarca 15 sueldos básicos de une magistrade de la Corte Suprema de la Nación. Además, las personas involucradas deberían asistir a cursos sobre la temática.

Por otro lado, la ley no sancionaría a les abogades matriculades que tengan la defensa técnica de una persona que esté acusada de negacionismo. En este sentido, no serían sancionades mientras se encuentren en el marco de un proceso judicial. 

Antecedentes sobre la legislación del negacionismo 

Desde 2017, diverses diputades presentaron el negacionismo como delito a ser agregado en el Código Penal, ya sea mediante un artículo o a través de una ley. 

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El esquema negacionista no solo se lleva a cabo en Argentina, sino también de forma convergente y coincidente a nivel global. Créditos: El Ciudadano.

Uno de los proyectos fue impulsado en 2022 por Estela Hernández, Hilda Aguirre, Luisa Caparrós y Gabriela Pedrali, diputadas del Frente de Todos. Dicho documento propone que la condena vaya de 2 meses a 2 años de prisión para quienes incurran en el negacionismo.

De la misma forma lo hicieron Alberto Linares y Carolina Moises junto a otres diputades, los cuales presentaron distintos proyectos durante 2023. 

El proyecto de Linares contemplaba la prisión de un mes a un año a quien negara, minimizara, justificara o reivindicara la comisión de los delitos de genocidio, de lesa humanidad o crímenes de guerra. 

Por su parte, en el proyecto impulsado por Moises se estableció que les funcionaries podrían ser sancionades con 10 años de inhabilitación. La misma sanción se aplicaría para las Fuerzas Armadas. 

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