Después de la media sanción que recibió el proyecto de reforma de la Ley de Alquileres en la Cámara de Diputados, el Senado postergó para el miércoles 13 de septiembre el debate de la iniciativa, que volvió a entrar en un cuarto intermedio el último jueves.
La discusión comenzó el pasado 29 de agosto en un plenario de las comisiones de Legislación General y de Presupuesto y Hacienda de la Cámara alta, pero la falta de dictamen posterga la llegada de la iniciativa al recinto
El proyecto, que en la Cámara baja había obtenido 225 votos a favor y 112 en contra, propone reducir la duración de los contratos, que actualmente son de tres años, como así también el período de actualización de los precios de los alquileres, que consta de 12 meses.
La nueva norma buscará que los contratos pasen a durar dos años con una indexación cuatrimestral de los precios sin indicadores fijos para los ajustes. En este sentido, una de las mayores críticas al proyecto es la propuesta de que el inquilino se siente a negociar “de igual a igual” con las inmobiliarias.
Durante el pasado jueves, representantes de inquilines se pronunciaron contra la ley de reforma propuesta. En tanto, el miércoles los voceros de las inmobiliarias solicitaron darle “celeridad” al proyecto tal como llegó desde Diputados.
Por el lado opositor se pronunció el radical Víctor Zimmermann, quien solicitó “darle la mayor celeridad y previsibilidad al tratamiento de la media sanción”. También ratificó que el interbloque de Juntos por el Cambio “está para firmar el dictamen del proyecto tal como vino de la Cámara de Diputados”, según informó la agencia de noticias Télam.
En tanto, desde el oficialismo -que busca mantener los tres años de duración de los contratos con indexación semestral de los precios de los alquileres conforme indicadores fijos-, Juliana Di Tullio expresó: “Lo que pidieron los inquilinos es que se vuelva a la ley tal como está”. También sostuvo que desde su espacio tienen “propuestas para mejorar el dictamen” y que “hay distintas posturas en el interbloque sobre este asunto”.
Respecto a les representantes de inquilines, además de rechazar los dos años de duración de los contratos y la indexación cuatrimestral, denunciaron abusos por parte de las inmobiliarias y la falta de control a la Ley 27.551.
El rechazo de les inquilines
El dictamen final de la Cámara de Senadores respecto de la Ley de Alquileres deberá esperar hasta el próximo miércoles, debido a que se ingresó a un cuarto intermedio para intentar acercar posiciones.
Por parte de la representación de inquilines, el primero que tomó la palabra fue Gervasio Muñoz, de Inquilinos Agrupados: “Quien decide quién puede alquilar y quién no es la inmobiliaria. No hay una ventana del Estado adonde ir a reclamar”, criticó. A su vez, lamentó que durante la reunión informativa del miércoles hayan asistido “todos empresarios y ningún propietario”.
“Vienen los empresarios a hablar de qué tiene que hacer el Estado con las políticas de vivienda”, indicó Muñoz. Y, según detalló Noticias Argentinas, catalogó de derrota “que escuchemos a los empresarios darnos clase de cómo resolver el problema de la vivienda en Argentina”.
En otro pasaje, pidió: “Sinceremos el debate y den señales claras. Mantengamos la ley actual y logremos que se cumpla”. A su vez, pidió al Estado ponerse “por encima del mercado inmobiliario” y que haga cumplir la ley. Como cierre, Muñoz aseguró que “la media sanción afecta todos los derechos de los inquilinos”.
Por su parte, el representante de Inquilinos Tandil, Juan Arrizabalaga, catalogó a la media sanción de la ley como “una reforma pro mercado y pro rentista” que significa “un nuevo ataque del lobby inmobiliario”. También aportó que “lo que está en juego es que el año que viene millones de inquilinos no tengan a dónde ir a vivir, no tengan para pagar un alquiler”.
En tanto, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), por medio de su representante Luna Miguens, indicó que existe “un proceso creciente de inquilinización y un proceso de concentración de vivienda”.
En este contexto, aseguró que el Estado tiene “la responsabilidad y la obligación de defender el derecho a la vivienda” y confesó no entender “quién puede pensar que volver al contrato de dos años no perjudica a los inquilinos”.