Bajo la consigna “¡La vivienda será un derecho!”, organizaciones de inquilines y asociaciones civiles se manifestaron este miércoles frente al Congreso argentino donde se debatía sobre la modificación de la Ley de Alquileres. Durante la jornada, protestaron contra la flexibilización de los alquileres de vivienda.
La propuesta de Juntos por el Cambio para modificarla en dos puntos claves, como el tiempo de contrato y aumentos, logró media sanción con les diputades que votaron ayer en el recinto, aunque podría tener un revés en el Senado.
La Cámara de Diputados dispuso para hoy una sesión especial para analizar “los proyectos y dictámenes con estado parlamentario referidos a Ley de Alquileres”. La postura oficialista intentó mantener el marco legal sin cambios, en tanto, la oposición buscó modificaciones relacionados con el período y negociación de los contratos.
En este contexto, el oficialismo pretende sostener los tres años como período estipulado en la presente Ley y los ajustes en base a los salarios y al Índice de Precios al Consumidor (IPC). Por su parte, la oposición planteaba la derogación de la norma o la reducción de los contratos a dos años y aumentos cada cuatro meses convenidos entre propietaries e inquilines.
A partir de las 17 horas tomaron la escena las distintas entidades de inquilines que se instalaron sobre la Avenida Entre Ríos, frente a las puertas del parlamento argentino. Con nuevas consignas como: “Las penas son de nosotros, las casitas son ajenas” visibilizaron la resistencia a la modificación a la norma.
Alquileres: complemento de la inversión inmobiliaria privada
Durante la jornada, la oposición logró la aprobación del dictamen de minoría en la Cámara Baja con 125 votos afirmativos contra 112 negativos, en tanto el del oficialismo fue rechazado. Les libertaries de Javier Milei votaron en contra de la iniciativa opositora puesto que elles pretendían la derogación de la ley.
Fernando Muñoz, militante de Inquilinos Agrupados y autor del libro “Más de 100 años de alquiler: la desigualdad bajo techo” dialogó con Nota al Pie acerca de la evolución del debate y las previsiones de la norma.
“En la Argentina se da un proceso de especulación inmobiliaria a partir del boom de la construcción que hubo en los últimos 10 años”, explicó.
Créditos: Estela García.
“El crecimiento de la cantidad de viviendas en el país en relación a la demografía es de 4 millones de viviendas privadas nuevas, pero sólo hay 6 millones de habitantes más que en 2010.”, agregó el referente.
“Por lo tanto, el mercado viene por algo más: la liberación de los alquileres, lo que se llama libre contratación.” En ese sentido, Muñoz precisó: “El mercado viene a hacer el negocio de lo que invirtió en construcción. Y, el Estado en estos años estuvo apalancando ese negocio porque la obra pública complementaria se hace en barrios donde mejor inversión hace el mercado inmobiliario”.
Además, el integrante de la organización expresó que, con independencia de lo que decida el Senado y cómo defienda el oficialismo su postura, “creemos que la defensa (de la Ley) está en manos de los trabajadores y las trabajadoras que alquilan, de una regulación de alquiler que en la Argentina es la más avanzada de la región”, enfatizó.
“No existe el convenio entre partes: uno va entregado a conseguir vivienda”
Según la información que aporta el sector privado, desde la entrada en vigencia de la norma, los precios de los alquileres sufrieron fuertes incrementos en los últimos tres años. Además, la oferta descendió a niveles bajísimos y muchos propietarios optaron por ofrecer alquileres temporarios para extranjeros en vez de contratos de períodos prolongados para que sus propiedades se usaran como viviendas.
La propuesta de Juntos por el Cambio se articula con la demanda de las cámaras inmobiliarias y propietaries en cuanto a las condiciones mencionadas de tiempo y negociación de contratos. Mientras que, desde el Frente para Todos, se intenta dar continuidad a los lineamientos generales de la Ley: contratos de tres años con ajuste anual sobre salarios y precios.
En definitiva, el debate que abordaron les legisladores se trató acerca de modificar, mantener, o derogar la ley. En este caso, según los votos del pasado miércoles, la iniciativa de modificar la reglamentación es la que tuvo un avance, y la opción de derogar la Ley ya había quedado descartada en el marco de una reunión del bloque opositor la semana pasada.
Respecto de las dos modificaciones, Muñoz aseguró que “no existe el convenio entre partes. Es la imposición que te hace el mercado inmobiliario al momento de firmar”. Luego, añadió que “cualquiera que alquila sabe que las condiciones las pone el patrón, o intermediario (inmobiliaria), que es la representación, sino la cara más dura de la negociación”.
“Si la inmobiliaria te dice que vas a firmar un contrato donde todos los meses va a aumentar el alquiler, la forma del ajuste que están pensando es la que te pone el locador”, prosiguió el manifestante. “Acá no hay ningún acuerdo entre partes, uno va entregado a conseguir una vivienda para dormir: el otro es el dueño de la vivienda”, cerró el referente de los inquilinos.
Créditos: Estela García.
Cabe mencionar que, otro de los conflictos que enfrenta a oficialistas y opositores, es el tratamiento de los desalojos. En este sentido, tanto propietarios como inmobiliarias piden que se incluya el mecanismo de un desalojo exprés.
Las organizaciones denuncian una alianza entre sector privado y poder político
Las organizaciones inquilinas, por su parte, expresaron en un comunicado su rechazo a “la derogación de la Ley de Alquileres y todo retroceso en la conquista de derechos de los hogares inquilinos”. Por otro lado, denuncian que una alianza entre el sector inmobiliario y una parte del poder político “han insistido con la idea de que la Ley de Alquileres no funcionó”, sin haber demostrado esta afirmación.
El documento denuncia que no se garantizó el cumplimiento de la Ley por medio de un órgano de control y, a su vez, afirma que el Gobierno Nacional “incumplió con la reglamentación y ejecución del Programa Nacional de Alquiler Social”, que prevé acompañamiento económico para los hogares más vulnerables (Por ej.: Art. 19, Inc. a).
“Esta ausencia de políticas públicas, la falta de asistencia para denuncias por incumplimiento y, también, la inexistencia de un adecuado registro de contratos de alquiler, sumadas a la insaciable especulación inmobiliaria, dieron como resultado la grave crisis habitacional”, puntualizaron.
“Afirmamos que la causa de la crisis actual de los alquileres no es por culpa de la Ley. Volver a la situación anterior, donde el sector rentista definía unilateralmente los aumentos sin límites y las inmobiliarias cobraban comisiones extorsivas, o las condiciones obligaban a la población inquilina a la mudanza periódica cada 2 años, no es una solución”, añade el comunicado.