El pasado lunes, el parlamento israelí aprobó la reforma judicial con una cláusula controversial impuesta por la coalición del primer ministro Benjamín Netanyahu. La misma busca restringir las facultades de la Corte Suprema de Israel para pronunciarse sobre decisiones del gobierno.
El texto fue aprobado por 64 diputades que responden a la coalición de derecha, religiosos ortodoxos y extrema derecha, mientras que la oposición quiso boicotear la votación sin éxito. Aún así, les 56 parlamentaries que no responden al gobierno se ausentaron de la votación.
La doctrina de la razonabilidad, ahora anulada, permitía al Tribunal Supremo revisar y revocar medidas o nombramientos gubernamentales y es vista por el movimiento de protestas como una garantía democrática fundamental frente a abusos de poder.
En las calles, mientras les aliades de Netanyahu celebraban su victoria y prometían continuar con más cambios, miles de manifestantes salieron a las zonas aledañas de Jerusalén y Tel Aviv, y líderes opositores aseguraron que impugnarán la nueva ley ante la Corte Suprema.
Les principales opositores de Netanyahu aseguran que las reformas influirán severamente en la democracia del país ya que debilita el sistema judicial, el cual es la única herramienta para mantener bajo control el poder del gobierno.
Además de esta reforma o, mejor dicho, con ella, el gobierno quiere debilitar el poder de la Corte Suprema para revisar o anular leyes, permitiendo que una mayoría simple en el Parlamento invalide tales decisiones. Por otro lado, tendría una voz decisiva sobre quien se convierte en juez y eliminaría el requisito de que les ministres obedezcan los consejos de sus asesores legales.
En reacción a esto la oposición dice que no volverá a entrar en conversaciones a menos que se detenga el proceso, cosa que no sucedió. El principal sindicato de trabajadores de Israel amenazó con una huelga general y les manifestantes prometen intensificar sus acciones.
Declaraciones
El ministro de Justicia y principal arquitecto de la reforma judicial, Yariv Levin, afirmó: “Hemos dado el primer paso en el importante proceso histórico de corregir el sistema legal y restaurar los poderes que le fueron quitados al gobierno y la Knéset durante muchos años”.
Además, señaló que la primera ley aprobada dentro de ese plan “restablecerá el equilibrio entre los poderes del Estado y respetará la voluntad de los votantes”.
Joe Biden apareció como un actor clave en la cuestión, y propuso aplazar la votación por la posible reacción en las calles. En una declaración publicada en el sitio de Noticia Axios y difundida por AFP, sostuvo: “Desde la perspectiva de los amigos de Israel en Estados Unidos, parece que la actual propuesta de reforma judicial se está volviendo más divisiva, no menos”.
A pesar de que se esperaba una movilización mayor, la respuesta no se hizo esperar y miles de israelíes se manifestaron. Las protestas dejaron hasta el momento 19 detenides por “violar el orden público” y cinco herides leves en los enfrentamientos con la policía, que por primera vez disparó agua pestilente contra les manifestantes.
Shikma Bressler, una física convertida en una de las líderes de las protestas, señaló: “No deberíamos estar aquí hoy, luchando por cosas que eran normales. Crecimos en un país liberal y nos lo están arrebatando”. En esa línea agregó: “Espero que los más jóvenes y los que se quedaron en casa vean y aprecien que estamos luchando por el futuro de todos”.
Por último, el Movimiento para un Gobierno de Calidad en Israel anunció que la ley es “inconstitucional porque cambia fundamentalmente la estructura básica de la democracia parlamentaria israelí y la naturaleza del régimen”. Además, explicaron que deroga el poder judicial y daña el tejido de la división de poderes.