Desde hace más de 40 días que el pueblo de Jujuy continúa en las calles para luchar contra el régimen del gobernador Gerardo Morales. Docentes y trabajadores estatales pelean por mejoras salariales, al tiempo que los pueblos originarios se manifiestan en contra de la reforma constitucional que impulsó el gobierno provincial.
Sin embargo, con el paso de las semanas, la lucha se profundizó ante la respuesta represiva de quien hoy también es precandidato a vicepresidente en la fórmula de Juntos por el Cambio (JxC).
La irrupción en una universidad de Jujuy
Negado a negociar, Morales optó por utilizar las fuerzas de seguridad provinciales para detener ilegalmente a les manifestantes. Pero en los últimos días el conflicto llegó a su punto máximo cuando la policía ingresó sin identificación a la Universidad Nacional de Jujuy (UNJu). Según informaron les oficiales, habían sido notificades de una manifestación en esa casa de estudios, por lo que “debían intervenir”.
Pero lo que encontraron fue al claustro estudiantil, docente y no docente en una sesión del Consejo Superior donde debatían el repudio a la reforma y el pedido para que la institución sea querellante ante la Justicia.
“Los hechos revisten suma gravedad institucional y condicionan e interfieren en las posibilidades de diálogo para la generación de consensos y soluciones en momentos de alta sensibilidad y tensión social”, denunciaron desde la alta casa de estudios.
Al conocerse la noticia, rápidamente otras universidades nacionales repudiaron el accionar policial que atenta contra la autonomía universitaria y la Ley de Educación Superior, N° 24.521. De hecho, no hubo cerco mediático que respaldara a Gerardo Morales y hasta él mismo tuvo que desvincularse de la situación a través de sus redes sociales.
No obstante a ello, el gobernador evitó dar detalles sobre quién dio la orden para que las fuerzas -que responden a su propio gobierno- ingresaran a la UNJu.
Morales contra la UBA
El ingreso de la policía a la institución académica se sumó a las declaraciones contra la Universidad Nacional de Buenos Aires (UBA) que días previos el dirigente radical había hecho en televisión jujeña con el fin de desinformar. Allí el gobernador había acusado a les trabajadores del Centro Universitario de Tilcara (CUT) de ser “quienes incentivan los cortes” y hasta amenazó con que “todos esos van a tener problemas”.
El CUT es una sede que depende de Facultad de Filosofía y Letras de la UBA y que tiene a cargo el histórico Pucará de Tilcara, un sitio del que desde hace un tiempo Morales busca adueñarse. Sin embargo, parece que el precandidato a vicepresidente ahora quiere ir por todo y advirtió a la UBA de expropiar el lugar si no contestan la última presentación que hizo.
“Todos esos están cometiendo delitos, todos esos van a tener condena, todos esos van a tener problemas, porque le han hecho la vida imposible al pueblo jujeño. Esto no va a quedar así. Vamos a terminar de imponer el orden”, dijo en relación a les trabajadores del predio universitario.
Por su parte, desde el CUT emitieron un comunicado en repudio a los dichos del gobernador al considerar que “atentan contra el principio de autonomía universitaria, conquistado por la reforma de 1918, el cual se encuentra amparado en el artículo 75, inciso 19 de la Constitución Nacional”.
Instituciones académicas que integran el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), el mayor organismo que nuclea las Universidades Nacionales Argentinas, también salieron al cruce de las autoridades jujeñas. Tanto en el comunicado conjunto, como en aquellos particulares de cada universidad, coincidieron en que el operativo representó un avasallamiento a la autonomía universitaria.
Los ataques a la autonomía universitaria durante las dictaduras
En nuestro país, la autonomía universitaria fue reconocida por primera vez en 1919 luego de la Reforma Universitaria iniciada en Córdoba durante 1918. A través de esta autonomía, se establecía la independencia política y administrativa de la universidad pública respecto de factores políticos externos. Así tuvo lugar la democratización de los establecimientos y la conformación de un cogobierno en cada uno de ellos, compuesto por representantes de cada uno de los claustros.
La primera vez que la autonomía se vio fuertemente amenazada fue durante la “Revolución Argentina”, la dictadura militar que encabezó Juan Carlos Onganía en junio de 1966. Ante su intención de intervenir las universidades nacionales, estudiantes, docentes y graduades se agruparon en cinco facultades de la UBA para manifestarse en contra. Onganía, en tanto, ordenó a la Policía Federal Argentina que desaloje y reprima las casas de estudios. El hecho, conocido como La Noche de los Bastones Largos, dejó como saldo 400 personas heridas y grandes destrozos en cada una de las facultades.
En 1976 una nueva dictadura militar sacudió a la Argentina y otra vez la autonomía de las universidades públicas corría peligro. En ese entonces, el denominado “Proceso de Reorganización Nacional” buscaba abatir la Reforma Universitaria con el pretexto de que en las instituciones educativas existía una “infiltración comunista”. A tan solo días de perpetrarse el golpe, fue sancionada la Ley N° 21276 que establecía que la gestión universitaria estaría a cargo de funcionarios designados por el Ministerio de Cultura y Educación.
A esta intervención se le sumaron las prácticas de persecución y secuestro contra todas aquellas personas a quienes los militares consideraban “subversivas”. Entre ellas, estudiantes y docentes que fueron torturades y asesinades o que hasta el día de hoy continúan desaparecides.
Otro intento de avasallamiento en democracia
Con el retorno de la democracia en 1983, las universidades públicas argentinas lograron recuperar su autonomía y en 1994 sería reglamentada, tras la reforma de la Constitución Nacional. Sin embargo, en el proceso de privatizaciones que llevó adelante el gobierno de Carlos Menem, las universidades volvieron al ojo de la tormenta.
Luego de que el menemismo impulsara la Ley de Educación Superior (LES) en 1995, el estudiantado argentino se movilizó en contra al considerar que avasallaba la autonomía universitaria. Los fundamentos se basaban también en un posible arancelamiento y fuertes restricciones al ingreso de las carreras. Las movilizaciones que se replicaron en varias universidades del país representaron una de las manifestaciones estudiantiles más grandes durante la democracia.
En La Plata, por ejemplo, el conflicto caló hondo cuando el 29 de diciembre de 1995 el Consejo Superior de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) resolvió declarar la “necesidad de reformar el Estatuto”. La reforma se discutiría en febrero del 96, durante una asamblea universitaria y con el objetivo de amoldarse a la LES menemista y poder avanzar en un arancelamiento. Tras un intento fallido por producto del gran descontento social, se fijó una segunda fecha para el 20 de febrero.
Ese día, el claustro estudiantil otra vez tomaría las calles junto a organizaciones sociales y de derechos humanos para repudiar la asamblea y defender la universidad pública y gratuita. Sin embargo, la respuesta de las autoridades fue una violenta represión que terminó con más de 200 jóvenes detenides. Por último, la LES fue aprobada aunque la lucha popular logró que se descarten sus artículos más polémicos.