Este sábado, el Senado de la República de México aprobó una serie de reformas en distintas leyes, entre ellas: la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la Ley del Equilibrio Ecológico y la Protección al Ambiente, la Ley de Aguas Nacionales, y, fundamentalmente, la Ley Minera.
Esta última, que avanzó con el visto bueno del Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), tiene como uno de sus principales objetivos “resarcir los agravios cometidos a los pueblos indígenas”, según afirmó el director del instituto, Adelfo Regino Montes.
Las modificaciones limitan y regulan el otorgamiento de concesiones para explotación de minerales en el país, eliminan la minería como una actividad preferente y, además, obligan a las empresas a realizar procesos de consulta ante los pueblos y comunidades en las que deseen asentar sus actividades.
Asimismo, prohíbe la minería en áreas naturales protegidas en zonas sin disponibilidad de agua suficiente, o en donde la minería representa un riesgo para la población. A pesar de las estrategias para truncar los proyectos, las leyes se aprobaron con 66 votos a favor, 0 en contra y 0 abstenciones.
Otro punto importante es el cuidado para les trabajadores, multando a las empresas mineras que no protejan su integridad física. Por otro lado, reduce las concesiones de 100 a 15 años. Además, las corporaciones tienen que garantizar acciones para preservar y restaurar el medioambiente, y deberán contar con un informe de posibles daños al ecosistema.
La organización Cambiémosla Ya, que milita desde hace años el cambio de la normativa, expresó en sus redes sociales: “Esta noche dimos un gran paso para desechar la infame Ley Minera de 1992. Hoy las comunidades en resistencia hicieron historia y nos felicitamos con ellas sabiendo que seguirán construyendo la justicia”.
Concesiones y diferencias
La nueva Ley Minera incluye un endurecimiento en los requisitos para obtener una concesión para explotar los minerales. También exige una consulta previa a los pueblos originarios, además de facilitar la revocación del permiso por daños al medioambiente. Por otra parte, permite otorgar asignaciones mineras a empresas paraestatales.
A diferencia de lo que sucede en México, donde el Gobierno nacional controla las concesiones mineras, en Argentina la Constitución Nacional establece que “las minas son de propiedad de las Provincias quienes pueden otorgar concesiones de uso”.
Sin embargo, la legislación permite a las provincias negociar con terceros (personas físicas o jurídicas) si cumplen ciertos requisitos como “pago de regalías, inversión de capital”, o “explotación efectiva cuando corresponda”. Otro punto diferencial es que en Argentina no hace referencia a las consultas con los pueblos originarios que habitan esas zonas.
Una de las coincidencias de las leyes mineras de ambos países es que las obras pueden suspenderse cuando sea necesario salvaguardar la seguridad pública, la conservación de las pertenencias y la salud o vida de les trabajadores.
Para entender la necesidad de la nueva ley, de las 249 operaciones mineras metálicas en México, el 72% no tiene permiso en las descargas residuales, el 62% no cuenta con concesiones de agua, 55% carece de información sobre emisiones de contaminantes y 51% opera en acuíferos sin disponibilidad de agua.