La Organización Red Viva denunció a les jueces Liliana Michelassi y Fabio Della Siega por “violación de los derechos humanos de las mujeres y las infancias”. Les inculpades están a cargo de los Juzgados de Familia Nº 2 y N° 3 de la ciudad de Santa Fe.
Representantes de Red Viva, además de víctimas y defensores de derechos humanos presentaron la denuncia ante un grupo de diputadas. Las legisladoras son: Claudia Balague; Georgina Orciani; Leonela Cattalini y Agustina Donett. En su pedido reclamaron una investigación y un juicio político de ser necesario.
La presidenta de la ONG, Sara Barni, explicó que “se comprometieron a armar la comisión para el pedido de juicio político”. Además, contó que en la reunión se habló del “rol del poder legislativo en cuanto a la gravedad de los hechos”.
La denuncia
En la denuncia se expone “el proceso tortuoso al que son sometidas madres e hijos/as por parte de los magistrados”. Y cuestiona la “intención de devaluar a la víctima por la neutralización de valores”.
A su vez, las representantes postulan que durante todo el proceso, el comportamiento y la vida privada de las madres pasan a ser el centro del debate. A raíz de ello, según las denunciantes, se genera la imagen de “mala madre”, lo que desvía el foco de las demandas e investigaciones.
Para Barni, “los jueces tienen un código de procedimiento propio” ante los casos. En la misma línea, denuncia que “se saltean todas las garantías que puede llegar a haber en la constitución para proteger a las víctimas”.
Violencia contra las madres protectoras
En la denuncia también aseguran que “en lugar de centrarse en el contexto de lo ocurrido se abren juicios de valor ejerciendo violencia simbólica y económica” contra madres y niñes. En este sentido mencionan la violencia vicaria.
Además, cuestionan “actuaciones en espejo”. Es decir que la Justicia se apropia de las herramientas creadas con el objetivo de proteger a las mujeres, para ponerlas a favor de los victimarios. Un ejemplo es el dictado de medidas ante la mera denuncia.
Por último, cuestionan la violencia institucional y la falta de perspectiva de la niñez. Para las denunciantes existe “nula intervención de funcionarios estatales y legislativos” cuando incumplen con su deber.
Antecedentes de Jury
Esta no sería la primera vez que una comisión de diputades avance en un juicio contra jueces. Un antecedente reciente es el caso de Lucía Pérez, donde se está llevando a cabo un nuevo juicio pero, en paralelo, los jueces anteriores serán juzgados por su accionar.
Unos meses después del fallo misógino del primer proceso, 24 diputades nacionales presentaron el pedido de juicio político a los jueces responsables. Estos son Pablo Viñas y Facundo Gómez Urso.
El próximo 14 de marzo iniciará, en el Salón Dorado del Senado bonaerense, el proceso de jury a los magistrados. Los mismos son acusados de “negligencia, incumplimiento del cargo y parcialidad manifiesta” debido al fallo que centró la responsabilidad del femicidio en la vida de Lucía.
Vulneración de las infancias
En Santa Fe, el juez Fabio Della Siega dispuso que el menor llamado León para proteger su identidad fuera separado de su madre y dado en custodia a su progenitor, quien fue denunciado penalmente por abuso. Así, el magistrado violó una medida perimetral vigente y dispuso el cambio de guarda.
El niño tenía las manos quemadas y se había establecido una orden de restricción contra el progenitor. Sin embargo, Della Siega inició una causa contra la madre por impedimento de contacto. La policía se llevó al niño de la escuela y la madre nunca fue notificada.
En diciembre del año pasado, Ivon se encadenó en el Juzgado de Familia de Santa Fe para reclamar por ver a su hijo. La Justicia, puntualmente la jueza Michelassi, había decidido en febrero que el menor de 6 años esté con el padre.
“Se pidió la restitución y la jueza lo negó, se pidió que intervenga el equipo interdisciplinario y la jueza también lo rechazó”, denunció la madre ante medios locales. En la misma línea, contó que ve a su hijo dos horas dos veces por semana.
En cuanto a su relación con el padre de su hijo, dijo que se separaron en buenos términos y él casi no veía a su hijo. Pero, cuando se enteró que la madre tenía una nueva pareja, fue a buscar al niño y le hizo una denuncia en su contra.
Ya en el año 2012, el medio santafesino LT10, publicó una nota titulada “Cuestionan el accionar de la jueza de familia Liliana Michelassi”. En el cuerpo del escrito se la acusaba de cambiar “de forma arbitraria”, el régimen de tenencia o de visitas, siempre dejando de rehenes a niñes menores de edad.