La Asamblea Permanente por los Derechos Humanos (APDH) emitió un comunicado a la Justicia de Jujuy para reclamar la libertad condicional de Graciela López, Adriana Condori y María Condori. Según señala la organización, el Juzgado de Ejecución Penal a cargo del doctor Emilio Cattan no cumple con la garantía de libertad condicional a quienes cumplieron dos tercios de su condena.
Las detenidas mencionadas se encuentran condenadas en la causa Pibes Villeros, por la que también se encuentra detenida Milagro Sala y varias personas pertenecientes a la organización barrial Tupac Amaru, a cooperativas de la construcción y a funcionaries locales. La Justicia condenó a este grupo de personas por presuntamente cometer delitos de corrupción.
Sin embargo, la cantidad de irregularidades en la causa lleva a muches a reclamar la persecución política ordenada por el gobierno de Gerardo Morales en complicidad con la Justicia jujeña. ‘’Es un típico caso de lawfare, de persecución; de usar el poder judicial para perseguir a opositores y luchadores sociales’’, aseguró a Nota al Pie Maria Elena Naddeo, vicepresidenta de la APDH.
La situación de las presas políticas en Jujuy
Naddeo contó a Nota al Pie los motivos de este reclamo a la Justicia de Jujuy. “La APDH Nacional y la APDH Regional de Jujuy presentamos un reclamo pidiendo que se concrete la libertad condicional de Graciela López, Adriana y María Condorí. Las tres ya han cumplido dos terceras partes de su condena y por lo tanto deberían estar en libertad condicional’’.
‘’En particular, Graciela López hace más de un año que cumplió los dos tercios de su condena y tiene un estado de salud delicado; ella necesita concurrir a terapia y distintos sectores de salud. En cada traslado es esposada, trasladada por los equipos de seguridad muchas veces de manera violenta’’, continúo la entrevistada.
La APDH advierte que la situación en la que se encuentran es violatoria a los derechos humanos. ‘’Es humillante y prácticamente una situación lindante con torturas y tratos inhumanos crueles y degradantes. Las otras dos jóvenes, tienen familia, menos problemas de salud pero pensamos que lo que se produce en Jujuy es un ensañamiento con estas compañeras y con todo el grupo de Tupac Amaru y la red de Cooperativas’’.
La causa y la persecución
En 2019 Milagro Sala, dirigente de la organización barrial e indígena Tupac Amaru, fue declarada culpable de los delitos de asociación ilícita, fraude al Estado y extorsión. En esta megacausa nombrada Pibes Villeros, fueron acusadas 30 personas de Tupac Amaru, referentes sociales, trabajadores de cooperativas, la legisladora Mabel Balconte y la concejal Marcia Sagardía.
Según la Justicia, Sala lideraba una organización culpable de la desviación de 36 millones de pesos que estaban destinados a la construcción de viviendas sociales. Sin embargo, su defensa pide su absolución debido a que la fiscalía no logró determinar cuándo ni cómo se cometieron los delitos. También denunciaron la extorsión de testigues.
‘’Milagros Sala, Iván Altamirano, Miguel Sivila, Javier Nieva, Mirta Guerrero, Patricia Cabana, todos ellos siguen en prisión domiciliaria porque hubo una decisión del gobierno de Jujuy de perseguirlos, de organizar con un fiscal especial (lo cual es violatorio de la división de poderes, juzgar por los magistrados naturales). Hay una decisión política de disciplinar a una agrupación que desafió el poder político, el poder económico. Que empoderó a los más humildes, que construyó barrios más económicos, y desarrollados que los que hacían los contratistas tradicionales’’, explicó la vicepresidenta de APDH.