Mar 30, 2022 | Zona Ambiental, Economía

Avanza la denuncia contra la construcción de Atucha III

Según esta acción legal, la construcción del reactor nuclear en Buenos Aires es perjudicial para el ambiente y no genera beneficios. Nota al Pie dialogó el abogado Fabián Maggi, uno de los denunciantes.
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Hace algunas semanas anunciaron la creación de un reactor nuclear chino. Crédito: Diario Río Negro.

Hace unas semanas se conoció la información oficial sobre la construcción del cuarto reactor nuclear en la Argentina. Se trata de Atucha III, cuyo proyecto surgió de un contrato entre la empresa estatal Nucleoeléctrica. Argentina S.A. y la Corporación Nuclear Nacional de China (CNNC).

Desde distintas instituciones se celebró este acuerdo como un paso hacia la transición energética para poder producir energía libre de gases de efecto invernadero, lo que contribuiría a la reducción del calentamiento global. También se valoró el rasgo económico del contrato, ya que implica la mayor inversión de capital asiático en la historia de nuestro país.

Sin embargo, la arista ambiental no deja de ser cuestionada. La producción de energía atómica trae consigo riesgos para la salud; así como para el ambiente, a partir de la contaminación por desechos radiactivos y la posibilidad de sufrir desastres nucleares.

Es por esta razón que el biólogo Dr Raúl Montenegro, junto a los abogados Juan Smith y Fabián Maggi radicaron una denuncia en la Justicia Federal de Campana. Según la acción legal, el Director de la Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), José Luis Antúnez, incurrió en violaciones a las leyes argentinas al firmar el contrato; y se deben suspender los efectos del mismo hasta que no se realice una evaluación de impacto ambiental.

Atucha III
José Luis Antúnez, director de la Nucleoeléctrica Argentina (NA-SA), fue denunciado por el contrato con China. Crédito: AgendAR.

Las ventajas y desventajas de Atucha Ill

Desde organismos oficiales anunciaron la construcción del cuarto reactor nuclear con una gran noticia con respecto al futuro de la producción energética. Tal como se manifiesta en el Acuerdo de París, firmado por una gran cantidad de las naciones partes de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), los gobiernos deben comprometerse a avanzar en la transición energética para crear energías limpias.

La inversión china de 8.300 millones de dólares para crear el reactor en Lima, partido de Zárate, provincia de Buenos Aires, se plantea como un cumplimiento del Acuerdo. Por otro lado, la Jefatura de Gabinete de Ministros argumentó que Atucha III conlleva la creación de 2000 puestos de trabajo directo e indirecto en la etapa de construcción.

No obstante, según señalan los denunciantes Montenegro, Smith y Maggi, el reactor nuclear es experimental, con poca experiencia sobre su funcionamiento y previamente sufrió un accidente en China. Además, la inversión nacional es de 13.000 millones de dólares para producir menos del 8% de la energía, en conjunto con Atucha I y Atucha II. A partir de la denuncia, instan a que se realice una evaluación concreta del impacto ambiental.

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Atucha III sería el 4to reactor nuclear de la Argentina. Crédito: DEF Online.

El abogado Fabián Maggi informó a Nota al Pie que “la probable comisión del delito de incumplimiento de los deberes de funcionario público  que denunciamos – arts 248 y 249 del Código Penal- surge del manifiesto incumplimiento de mandatos constitucionales – arts. 41 y 75 inc. 22 de la Constitución Nacional y 28 de la Constitución de la Provincia de Bs. As.”

A su vez, explicó que también incumple pactos internacionales, en particular los artículos 1 y 26 del Pacto de San José de Costa Rica; el artículo 7 del “Acuerdo de Escazú”; y “numerosas normas de orden público, nacionales, tales como las leyes 24.354, 25.675, 27.566 y la ley provincial 11.723, entre otras”.

En este sentido, explicó: “Los ejes fundamentales de los incumplimientos que denunciamos son las citadas leyes de orden público”; y detalló que estas “regulan las obligaciones estatales sobre evaluación de impacto ambiental, participación ciudadana e información pública ambiental”. Una vez enviada la denuncia, se formuló el correspondiente requerimiento de instrucción e impulso de la acción penal.

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