El fin del mundo se volvió el centro de la atención del país en los últimos días. Una disposición del gobierno de Javier Milei vigorizó una discusión sobre soberanía, empleo, competitividad y precios alrededor de la producción industrial en Tierra del Fuego.
Es que la provincia, a pesar de su clima extremo y su lejanía de los centros urbanos del país, tiene una población creciente atraída sobre todo por el empleo en la industria de productos electrónicos de consumo interno.
Cuando el Gobierno decidió reducir (para próximamente, eliminar) los aranceles de importación de estos mismos productos, les fueguinos pararon la provincia en defensa de más de 6 mil puestos de trabajo que se verían amenazados.
Luego de diez días de conflicto, les trabajadores llegaron a un acuerdo con las empresas, que se comprometieron a mantener los puestos de trabajo de la industria electrónica y a crear una mesa de trabajo que incluya a los gobiernos provincial y nacional para mejorar la competitividad.
Pero lo cierto es que la problemática sigue latente, en especial por su implicancia geopolítica. Algunos señalan que no es casualidad que una medida del Gobierno tenga como efecto colateral la caída del empleo, y por lo tanto, el despoblamiento de un territorio estratégico por su cercanía a la Antártida.
El inicio del conflicto en Tierra del Fuego
El 20 de mayo el Gobierno oficializó mediante el Decreto 333/225 una medida que ya había adelantado el vocero nacional, Manuel Adorni. Se trataba de la reducción de aranceles de importación de 16% a 8% en teléfonos celulares, entre otros productos, hasta llegar a la eliminación del arancel para 2026.
La reacción principal fue un reclamo extendido en todo el territorio de Tierra del Fuego, donde se manifestaba que la medida amenazaba la continuidad de la actividad productiva del sector tecnológico, que es la base de la economía de la localidad de Río Grande.
Al respecto, la senadora nacional por Tierra del Fuego, Cristina López, sostuvo que las consecuencias “se van a sentir en cada fábrica cerrada, en cada familia sin ingresos, en cada joven que se va de la provincia porque ya no tiene futuro. Es un atentado contra el tejido social y económico de la provincia”.
La Unión Obrera Metalúrgica (UOM) de Río Grande dispuso un paro por tiempo indeterminado y una movilización para visibilizar la problemática. Posteriormente, trabajadores de la educación y el transporte se sumaron a la medida de fuerza.
A raíz del conflicto, también se puso sobre la mesa el problema de los precios: existen desequilibrios en la cadena comercial que provocan que los productos lleguen al resto del país con un precio que multiplica su valor salido de fábrica.
Por esto, la problemática no se basó solamente en el Decreto, sino en la amenaza del Gobierno al Régimen de Promoción Industrial. “Sergio Massa y Alberto Fernández extendieron el régimen de Tierra del Fuego hasta el año 2038, condenando a los argentinos a pagar la tecnología más cara por décadas”, denunció el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger.
El régimen industrial y la cuestión estratégica
El reclamo de les trabajadores fueguinos también apuntaba a defender el Régimen de Promoción Industrial de la provincia. La Ley 19.640 de 1972 consiste en ofrecer beneficios fiscales a las empresas que se radiquen en Tierra del Fuego.
Desde entonces, en el territorio más austral del mundo se logró multiplicar 12 veces la población. El poblamiento de la isla era clave durante la sanción de la ley, por los conflictos territoriales con Chile; y lo es hoy, por el interés de las potencias mundiales en la Antártida.
El continente antártico es un territorio con abundantes recursos minerales, hidrocarburíferos y pesqueros, además de que allí se encuentra el 90% del agua dulce del mundo. Su riqueza genera que países como China, Rusia, Estados Unidos y el Reino Unido aumenten su presencia y la inversión en bases científicas.
La industria en Tierra del Fuego es clave para mantener la presencia argentina en una provincia que es la vía de acceso al territorio antártico, para contrarrestar la presencia de actores externos que amenazan la soberanía de nuestro país y nuestros recursos.