Este martes, el director del Banco Nación, Claudio Lozano presentó ante la justicia una cautelar con el fin de eludir el pago de U$S 1800 millones que nuestro país debía efectuar este miércoles 22 de diciembre al FMI. La medida, que fue acompañada por un diverso número de organizaciones políticas, sindicales e incluso de DDHH, fue rechazada por el Poder Judicial.
Beverly Keene, una de las firmantes e integrante de la “autoconvocatoria por la suspensión del pago e investigación de la deuda”, sostuvo en diálogo con Nota al Pie que “lo importante a señalar es que la medida cautelar tiene su fundamento en que la deuda es absolutamente fraudulenta”. En este sentido agregó que el préstamo “no respeta ni las normas argentinas ni las propias reglas del FMI”.
De esta manera, la economista explica que frente al segundo pago anual al Fondo Monetario Internacional, “la medida cautelar, que fue presentada tanto en la jurisdicción nacional como también en la Corte Interamericana de Derechos Humanos, son medidas importantes pero que, ante la evidente situación del Poder Judicial, no alcanzan.”
JUSTICIA E ILEGALIDAD
Keene sostiene que a pesar de que el acuerdo con el FMI fue ampliamente denunciado en diversas instancias “la demora del Poder Judicial es grande; la interpretación de las normas, en muchas ocasiones, estrecha; eso hace que muchas veces nos terminan dejando sin justicia”.
Según el comunicado publicado por todos los actores firmantes, el acuerdo del gobierno de Mauricio Macri con el Fondo Monetario Internacional rompe con distintas normas establecidas tanto nacional como internacionalmente. Por un lado, al no tener el Congreso ninguna intervención, en el pacto existe “una clara violacion de los artículos 4, 75 inc. 4 y 7, y 76 de la Constitución Nacional”.
En esa misma línea, en los fundamentos de la medida cautelar, se explica que existe una “ostensible violacion” del artículo 23 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que pone en riesgo el cumplimiento del artículo 26 de Desarrollo Progresivo de la misma y que atenta contra al artículo XX de la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre.
“Lo que necesitamos realmente es que el gobierno suspenda todos los pagos de la deuda y avance en una investigación integral, con participación y control ciudadano, pero no solamente con el FMI sino también con los acuerdos con otros fondos de inversión que también son ilegítimos”, explicó Keene.
CALLE, MOVILIZACIÓN Y CONCIENCIA POLÍTICA
“Existe una conciencia del pueblo argentino en relación a la deuda, de mínima, desde la dictadura que, a su vez, se ve representada en picos de movilización popular en las últimas décadas”, sostuvo Keene.
“Está claro que la deuda es un mecanismo de dominación, que no responde a las necesidades del pueblo sino a los intereses de los usureros”, agregó.
En relación a la diversidad de actores, desde oficialistas hasta algunos más críticos del gobierno, sostuvo que “la consciencia política en contra de la deuda ilegítima está expresada en gran parte de los sindicatos, movimientos sociales e incluso partidos políticos, incluidos sectores del partido de gobierno”. “Desde la autoconvocatoria por la suspensión de pagos e investigación de la deuda saludamos con entusiasmo la reactivación de la movilización popular en contra de la deuda, tenemos que seguirla profundizando porque el momento es ahora”, explicó la economista.
Para finalizar, Keene sostiene “estamos convencidos que es necesaria la movilización para que el FMI no marque el camino” al mismo tiempo que indica “que la rebelión popular de Chubut nos ha marcado un camino pero que este también debe nutrirse de respuestas o mecanismos institucionales para terminar con el flagelo de la deuda”.